Caracas, 12 Ene. AVN .-El diputado del Parlatino por el partido de tendencia política de derecha Un Nuevo Tiempo (UNT), Timoteo Zambrano, reconoció que el objetivo de los legisladores opositores que se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, es emprender una campaña internacional sobre supuestas carencias democráticas en Venezuela.
En una rueda de prensa Zambrano confirmó este miércoles que el objetivo “es hacer la alerta necesaria, nosotros no estamos buscando la anulación de la Ley Habilitante, la cual se creó para enfrentar el problema de las lluvias. Sino buscar restablecer el orden infringido”.
El poder especial que la Asamblea Nacional le otorgó al presidente de la República, Hugo Chávez, está enmarcada en la atención de las condiciones sociales de pobreza, de las lluvias, derrumbe, así como en el ámbito de infraestructura, vivienda y hábitat, ordenación territorial , financiero y tributario, de cooperación y sistema económico para responder ante la emergencia que se presentó en los meses de noviembre y diciembre del año pasado.
En Venezuela no es la primera vez que el Poder Legislativo aprueba una Ley Habilitante. Carlos Andrés Pérez (CAP), en su primera presidencia (1974-1979), con el fin de canalizar los ingresos adicionales y tomar medidas de urgencia, pidió al extinto Congreso Nacional le otorgaran poderes extraordinarios en materia económica, sin tener ningún tipo de elemento que conllevara a la resolución de problemas de pobreza crítica. Bajo este poder creo el Fondo de Inversiones de Venezuela.
Para el período presidencial 1983-1988, Jaime Lusinchi también solicitó poderes extraordinarios al Congreso a través de la Ley Habilitante, la cual tampoco fue para resolver los problemas sociales de los más pobres del país.
Este instrumento tuvo como colofón el aumento el precio de la gasolina, vencimiento masivo, concentrado y aparente de la deuda externa venezolana, compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional, lo que en el segundo gobierno de CAP desencadenó el paquete económico que originó El Caracazo o Sacudón del 27 de febrero de 1989.
Primero Justicia pide la nulidad
El diputado conservador Richard Mardo, por Primero Justicia, acudió este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitarle a la Sala Constitucional que deje sin efecto la Ley Habilitante.
Además solicitaron al máximo juzgado que mientras determina si los poderes especiales dados al Jefe del Estado se ajustan al texto fundamental los deje sin efecto, de manera cautelar.
Como es tradicional, Primero Justicia nuevamente solicitó la nulidad de una ley al TSJ, con el objetivo de darle continuidad a la campaña de la falta de independencia de los Poder Públicos, pues la habilitante cuenta con asidero legal en los artículos 236 y 204 de la Constitución nacional, a la cual el partido conservador llamó a votar en contra en 1999 y la cual derogó en abril de 2002 durante el golpe de Estado de Pedro Carmona Estanga.
En una rueda de prensa Zambrano confirmó este miércoles que el objetivo “es hacer la alerta necesaria, nosotros no estamos buscando la anulación de la Ley Habilitante, la cual se creó para enfrentar el problema de las lluvias. Sino buscar restablecer el orden infringido”.
El poder especial que la Asamblea Nacional le otorgó al presidente de la República, Hugo Chávez, está enmarcada en la atención de las condiciones sociales de pobreza, de las lluvias, derrumbe, así como en el ámbito de infraestructura, vivienda y hábitat, ordenación territorial , financiero y tributario, de cooperación y sistema económico para responder ante la emergencia que se presentó en los meses de noviembre y diciembre del año pasado.
En Venezuela no es la primera vez que el Poder Legislativo aprueba una Ley Habilitante. Carlos Andrés Pérez (CAP), en su primera presidencia (1974-1979), con el fin de canalizar los ingresos adicionales y tomar medidas de urgencia, pidió al extinto Congreso Nacional le otorgaran poderes extraordinarios en materia económica, sin tener ningún tipo de elemento que conllevara a la resolución de problemas de pobreza crítica. Bajo este poder creo el Fondo de Inversiones de Venezuela.
Para el período presidencial 1983-1988, Jaime Lusinchi también solicitó poderes extraordinarios al Congreso a través de la Ley Habilitante, la cual tampoco fue para resolver los problemas sociales de los más pobres del país.
Este instrumento tuvo como colofón el aumento el precio de la gasolina, vencimiento masivo, concentrado y aparente de la deuda externa venezolana, compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional, lo que en el segundo gobierno de CAP desencadenó el paquete económico que originó El Caracazo o Sacudón del 27 de febrero de 1989.
Primero Justicia pide la nulidad
El diputado conservador Richard Mardo, por Primero Justicia, acudió este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitarle a la Sala Constitucional que deje sin efecto la Ley Habilitante.
Además solicitaron al máximo juzgado que mientras determina si los poderes especiales dados al Jefe del Estado se ajustan al texto fundamental los deje sin efecto, de manera cautelar.
Como es tradicional, Primero Justicia nuevamente solicitó la nulidad de una ley al TSJ, con el objetivo de darle continuidad a la campaña de la falta de independencia de los Poder Públicos, pues la habilitante cuenta con asidero legal en los artículos 236 y 204 de la Constitución nacional, a la cual el partido conservador llamó a votar en contra en 1999 y la cual derogó en abril de 2002 durante el golpe de Estado de Pedro Carmona Estanga.
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