En la propia Miami, la prensa local – caracterizada por su colaboración ciega con las llamadas fuerzas del orden – han desviado la atención del público con una controversia alrededor de un teléfono celular cuyo dueño filmó la salvaje intervención policíaca que llevó a la muerte el joven Raymond Herisse.
Sin embargo, el propio asesinato de este hijo de una humilde inmigrante haitiana, aparentemente no interesa a nadie entre los detentadores del poder en esta ciudad con rasgos persistentes de odio racial y de segregación.
Criticadas por haber confiscado y destruido cámaras y teléfonos móviles tras matar a Herisse durante el festival hip-hop Urban Beach Week, las autoridades municipales de Miami Beach cuestionaron el martes la versión de un testigo que dijo que un policía le apuntó a la cabeza con un arma, lo esposó y le destrozó a patadas su teléfono móvil.
El comunicado afirma que la policía detuvo al testigo – un afronorteamericano - no porque estaba filmando sino porque era “muy parecido” a la descripción de un sospechoso que fue supuestamente visto huyendo. Una versión cuyo tono racista no escapa a nadie.
Sin embargo, ningún reporte de los acontecimientos se refiere a la muerte del joven Herisse que la prensa local se ha encargado, con la ayuda de la propia policía, de describir como un delincuente, con una insistencia más que sospechosa. El expediente judicial de Herisse se parece al de miles de jóvenes afronorteamericanos, en esta ciudad cuyos barrios segregados están diariamente patrullados por equipos SWAT, con pésima fama.
La policía anunció varios días después de la muerte de Herisse que “encontró” una pistola “escondida” en su carro. Algo muy sospechoso en una ciudad donde los casos de “armas plantadas” han sido objeto de escándalos en el pasado.
Herisse ha sido acribillado después de haber chocado con su Hyundai contra una barricada de la policía para luego huir, en el medio de un evento popular que atrae anulamente a miles de aficionados del hip-hop en su gran mayoría afronorteamericanos.
Seis jóvenes de los barrios segregados de Miami han sido víctimas fatales de tiros policíacos en los últimos diez meses sin que un solo informe de investigación haya sido entregado ni un solo policía inculpado, ni siquiera por negligencia criminal.
Mientras tanto, las “grandes” agencias mantiene un preocupante silencio alrededor de este escandaloso acontecimiento que demuestra que en el país que acusa continuamente de violar a los derechos humanos a las naciones que agrede, el color de la piel justifica en sí una condena a muerte.
