Maracay, 03 Nov. AVN .- El ministro del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, hizo un llamado a las constructoras e inmobiliarias que presentan algún retardo en la entrega de los urbanismos, y que no han caído en el tema especulativo o en la violación de las leyes, para que se pongan a derecho.
“Deben establecer cronogramas de trabajo conjuntamente con los copropietarios de los inmuebles, para agilizar los procesos de entrega de las viviendas, respetando los derechos de estas personas, trabajando profesionalmente”, solicitó.
Las declaraciones fueron ofrecidas en una visita realizada este miércoles al estado Aragua, donde inspeccionó varios urbanismos que construye el Gobierno Nacional en conjunto con empresas de Bielorrusia, en la entidad.
El titular de la Vivienda se refirió al modo de operar de las empresas de la construcción en Venezuela, “las cuales no cumplen con los tiempos de ejecución de la obra, ni se comprometen con la entrega de las viviendas a los compradores”.
“La mayoría de estas empresas incumplen con la fecha de culminación y asignación de los urbanismos y luego tratan de justificar los retardos, cobrando montos injustos a los futuros propietarios, que en un principio trataron de justificar con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)”, refirió.
Indicó que además el sector privado de la construcción comenzó a aplicar otros subterfugios para cubrir su ambición de dinero, en lugar de preocuparse por culminar los desarrollos urbanísticos y cumplir con el compromiso adquirido con los compradores.
El ministro Molina reiteró que el Instituto Nacional para las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) mantiene desplegado un operativo en todo el país para atender las denuncias de las personas afectadas por estafas inmobiliarias.
“Estamos conociendo y agrupando todos estos casos para trabajar con las demás instituciones del Estado para poder trabajar y defender sus derechos con el apoyo del Gobierno Bolivariano”, acotó.
Recientemente la Gobernación de Aragua instaló la sala situacional de la Comisión Estadal contra la Estafa y el Fraude Inmobiliario, en la que el Indepabis se encarga de recibir las denuncias relacionadas con este tema.
El domingo pasado, el jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, anunció la expropiación de seis conjuntos residenciales, información que dio a conocer durante el programa Aló, Presidente número 366, transmitido desde la planta chocolatera El Cimarrón, en Barlovento, estado Miranda.
Los seis desarrollos urbanísticos que pasaron a ser administrados por el Estado son el Conjunto Residencial San Antonio, en San Felipe, estado Yaracuy; El Encantado, Parque Residencial Mata Linda, Lomas de la Hacienda, El Fortín, El Encantado Humboldt, todos en el estado Miranda. Además, el Presidente ordenó el decreto de ocupación temporal de otros ocho desarrollos urbanísticos.
Esta medida tiene por finalidad garantizar a las familias afectadas por estafas inmobiliarias en estos conjuntos habitacionales la entrega de los apartamentos que ya fueron cancelados y cuya adjudicación han retardado las compañías constructoras, además se culminará la construcción de las obras atrasadas
“Deben establecer cronogramas de trabajo conjuntamente con los copropietarios de los inmuebles, para agilizar los procesos de entrega de las viviendas, respetando los derechos de estas personas, trabajando profesionalmente”, solicitó.
Las declaraciones fueron ofrecidas en una visita realizada este miércoles al estado Aragua, donde inspeccionó varios urbanismos que construye el Gobierno Nacional en conjunto con empresas de Bielorrusia, en la entidad.
El titular de la Vivienda se refirió al modo de operar de las empresas de la construcción en Venezuela, “las cuales no cumplen con los tiempos de ejecución de la obra, ni se comprometen con la entrega de las viviendas a los compradores”.
“La mayoría de estas empresas incumplen con la fecha de culminación y asignación de los urbanismos y luego tratan de justificar los retardos, cobrando montos injustos a los futuros propietarios, que en un principio trataron de justificar con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)”, refirió.
Indicó que además el sector privado de la construcción comenzó a aplicar otros subterfugios para cubrir su ambición de dinero, en lugar de preocuparse por culminar los desarrollos urbanísticos y cumplir con el compromiso adquirido con los compradores.
El ministro Molina reiteró que el Instituto Nacional para las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) mantiene desplegado un operativo en todo el país para atender las denuncias de las personas afectadas por estafas inmobiliarias.
“Estamos conociendo y agrupando todos estos casos para trabajar con las demás instituciones del Estado para poder trabajar y defender sus derechos con el apoyo del Gobierno Bolivariano”, acotó.
Recientemente la Gobernación de Aragua instaló la sala situacional de la Comisión Estadal contra la Estafa y el Fraude Inmobiliario, en la que el Indepabis se encarga de recibir las denuncias relacionadas con este tema.
El domingo pasado, el jefe de Estado, Hugo Chávez Frías, anunció la expropiación de seis conjuntos residenciales, información que dio a conocer durante el programa Aló, Presidente número 366, transmitido desde la planta chocolatera El Cimarrón, en Barlovento, estado Miranda.
Los seis desarrollos urbanísticos que pasaron a ser administrados por el Estado son el Conjunto Residencial San Antonio, en San Felipe, estado Yaracuy; El Encantado, Parque Residencial Mata Linda, Lomas de la Hacienda, El Fortín, El Encantado Humboldt, todos en el estado Miranda. Además, el Presidente ordenó el decreto de ocupación temporal de otros ocho desarrollos urbanísticos.
Esta medida tiene por finalidad garantizar a las familias afectadas por estafas inmobiliarias en estos conjuntos habitacionales la entrega de los apartamentos que ya fueron cancelados y cuya adjudicación han retardado las compañías constructoras, además se culminará la construcción de las obras atrasadas
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