“La Defensa Pública hizo este trabajo en todo el país, para engranar en un informe global la solicitud y entregársela al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este lunes (ayer) atendiendo además, el exhorto que el presidente Hugo Chávez realizara a los jueces, de evaluar la posibilidad de conceder medidas o beneficios a privados de libertad que presenten graves cuadros de salud”, explicó la defensora pública, Omaira Camacho Carrión.
Precisó que en la lista se incluye a los reclusos penados y a quienes se encuentran en fase intermedia y de juicio (procesados) que por su estado físico pudieran ser acreedores de una medida menos gravosa que la cárcel, refiere una nota publicada en el impreso Ciudad CCS.
“Este estudio ha sido depurado y precisa datos como en cuál sitio de reclusión, quién es y qué padece, así como también datos del expediente; todo lo más detallado posible que facilite la gestión de esta solicitud”, informó Camacho.
Aclaró que este informe se circunscribe a los privados de libertad de todo el país que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 502 del Código Orgánico Procesal Penal y que son asistidos gratuitamente por los abogados de la Defensa Pública, órgano del sistema de justicia que garantiza el derecho a la defensa a personas que carezcan de recursos económicos.
La titular de este despacho enfatizó que no hay lapso para tomar una decisión porque “la lista es larga debido a que la Defensa Pública atiende a 66% de los procesados y 96% de los penados.
Afirmó que de manera conjunta, el Ministerio Público, el Ministerio para Relaciones Interiores y Justicia, así como el TSJ revisarán con personal médico esta solicitud y decidirán a quiénes se les otorgará el beneficio.
El pasado jueves la Comisión Interinstitucional otorgó las primeras 54 medidas cautelares de libertad a internos, quienes presentan problemas graves de salud y requieren cuidado médico especial.
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