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martes, agosto 16, 2011

Estudiantes y profesores chilenos se preparan para protestas mientras policía sigue reprimiendo



Caracas, 16 Ago. AVN .- Mientras los estudiantes y profesores chilenos se encuentran a la espera de la autorización del gobierno del presidente Sebastián Piñera para realizar el próximo jueves una nueva movilización en la capital del país, el cuerpo de Carabineros sigue reprimiendo a los alumnos que protestan en el interior del país.
La nueva manifestación es para reiterar el reclamo de la necesidad de un cambio estructural en el sistema educativo, que en la actualidad se basa en el lucro y la mercantilización de la enseñanza.
El titular del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, emplazó al ministro del Interior y Seguridad, Rodrigo Hinzpeter, a mantener la seguridad el día de la movilización, teniendo en cuenta los antecedentes de la acción policial en otras protestas, donde los estudiantes fueron reprimidos y encarcelados, incluidos menores de edad.
Mientras tanto, los Carabineros desalojaron esta madrugada a los estudiantes que mantenían tomado el campus San Francisco de la Universidad Católica, en la región de Temuco, reseñó el diario El Mercurio.
La acción represiva, solicitada por la rectoría de la casa de estudios, terminó con seis estudiantes detenidos, que fueron liberados horas después.
Aunque la policía logró el desalojo, los universitarios volvieron a tomar el campus.
Por su parte, los estudiantes de la Universidad de Chile ingresaron a la sede del Servicio Electoral, en Santiago, para exigir un plebiscito a fin de solucionar el conflicto en el área.
Los alumnos pidieron a esa entidad que tome “las riendas” y organice la consulta popular como una iniciativa de la ciudadana y no desde la clase política.
Frente a la negativa del Ejecutivo chileno de cumplir de forma plena las demandas estudiantiles, desde la federaciones y centros de estudiantes defienden la realización de un plebiscito para que la población decida sobre qué educación desea.
A las medidas de presión de los estudiantes, se sumó la solidaridad un grupo de 70 artistas que ingresaron las oficinas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en la capital del país, para exigir una rápida solución al caso de los estudiantes secundarios que completaron en esta jornada un mes en huelga de hambre.
El vocalista Roberto Márquez, líder de la agrupación Illapu, expresó que los ayunantes “están pidiendo que se escuchen sus demandas por cambios profundos en nuestra sociedad, para que el Estado garantice a todos los chilenos un sistema de educación justo, que no discrimine a niños y jóvenes de nuestro país por su condición económica”.
Derecha chilena rechaza participación popular
Los partidos políticos Renovación Nacional (RN) y la Unión Democrática Independiente (UDI), de tendencia derechista y aliados al gobierno, descartaron que se efectúe un plebiscito para decidir una reforma educativa.
Ambas agrupaciones, aunque consideraron “válido” el reclamo estudiantil, señalaron que la prioridad es la financiación de la enseñanza.
El titular de RN, Carlos Larraín, argumentó que existe “un problema coyuntural y es que muchas personas, no todos, están utilizando la educación como espolón político y están queriendo subvertir el orden constitucional y legal, como por ejemplo invocando la necesidad de un sistema plebiscitario, que tiene resonancias venezolanas”, en referencia a los procesos de participación popular que se efectúan en Venezuela para tomar decisiones.
“El lucro no es el tema de fondo, lo es el de la calidad”, agregó Larraín sobre una de las principales reivindicaciones de los estudiantes.
El dirigente reiteró que su partido no tiene inconvenientes con que se “gane dinero” con la educación, siempre que ésta sea “de buena calidad y que ayude a sacar a los alumnos hacia arriba”.
Desde hace tres meses, masivas movilizaciones de estudiantes y profesores, a las que adhieren centrales sindicales y diversos sectores de la sociedad, reclaman una enseñanza pública gratuita y de calidad, la prohibición del lucro en las universidades privadas y la devolución al gobierno, desde los municipios, de la administración del sistema educativo primario y secundario.

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