Caracas, 20 Jul. La Voz De San Joaquin / Fuente: AVN .-
De acuerdo con la ministra del Poder Popular para la Educación, Jennifer Gil Laya, el proceso de inspección a las instituciones privadas será permanente y se mantendrá incluso cuando comience el período escolar 2010-2011, con el objetivo de garantizar y preservar durante todo el año el derecho que tienen los venezolanos a la educación.
“Estamos trabajando y procediendo, preservando lo que es el derecho a la educación. Este proceso es abierto porque hay que hacer un seguimiento permanente, debemos ser vigilantes en todo momento”, enfatizó la ministra durante la inauguración de la Unidad Educativa Francisco Javier Yánez, ubicada en la Parroquia la Vega de Caracas, por parte de las autoridades del Gobierno del Distrito Capital.
En este sentido, la titular del despacho educativo exhortó a los directivos y dueños de los planteles privados a acatar las disposiciones y lineamientos que el ministerio, como ente rector de la educación en el país, establece a fin de proteger el derecho a la educación y el ingreso de las familias venezolanas.
De igual manera alertó a los padres, representantes y responsables para que acudan a las instancias correspondientes (Indepabis y zonas educativas) en cualquier momento del año a denunciar las irregularidades que en torno a este tema cometan los dueños de las instituciones educativas.
Recordó que tal y como lo establece la Ley Orgánica de Educación (LOE) en su artículo 6, está prohibida
la creación de fundaciones u otro tipo de artificios que implique una cohersión a los padres y representantes para que paguen algún tipo de donación o más del monto que se establezca como matrícula y mensualidad en las asambleas de padres y representantes de cada unidad educativa.
La ministra también reiteró la información suministrada días antes por la jefa de la zona educativa del estado Miranda, Azucena Jaspe, en torno a la sanción aplicada a ocho planteles de esa localidad por violentar la resolución que fija el tope para el aumento de la matrícula escolar.
Gil preció que de los ocho planteles, a cuatro se les abrieron los procedimientos administrativos correspondientes y los cuatro restantes han sido objetos de sanciones por parte del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis)
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