Caracas, 27 Jul. AVN .- La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) avanzó este miércoles en la discusión del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, con la aprobación de 57 artículos, incluyendo el que establece un plazo mínimo de tres años para los contratos de alquiler y la supresión del capítulo correspondiente a las garantías del arrendador, lo que supone que ya no se pagarán depósitos en los arrendamientos.
El artículo 46 es el que coloca el tiempo mínimo de firma de los contratos, y, además, le da la preferencia al inquilino para renovar el contrato. En caso de que éste así lo desee, también puede manifestar su voluntad de no continuar el contrato antes del lapso, sin perjuicio de tener que pagar indemnizaciones o cánones restantes.
“Entre los colectivos queríamos los cinco años para el primer contrato (...) Llegamos a un punto medio de tres años, para que los inquilinos no sean desalojados y estén rodando por toda Venezuela para conseguir una vivienda”, expresó María Elena Pérez, integrante de la Asociación Bolivariana de Inquilinos y residente del municipio El Hatillo, estado Miranda.
Recordó que la mayoría de los contratos que suscriben los arrendatarios actualmente dura un año y, cada que vez que firman uno nuevo, por lo general vienen con aumentos.
“Ahora se multará a los dueños con varias unidades tributarias, porque hoy en día no hay ninguna sanción. Ellos hacen con los inquilinos lo que les viene en gana. Les hacen contratos de seis meses, les aumentan de dos a cuatro millones de bolívares por la inflación (...). Además, los inquilinos se tenían que salir, desocupar cuando se acababa el contrato”, señaló Pérez, quien presenció, junto a varios integrantes de las redes de inquilinos, la discusión del proyecto legal en la Comisión este miércoles.
El presidente de la instancia parlamentaria, diputado Diosdado Cabello (Partido Socialista Unido de Venezuela), acotó que el objetivo de esta medida es ofrecer garantías y estabilidad a propietarios e inquilinos.
“Algunos piensan que el tiempo del contrato de alquiler debe ser un acuerdo entre las partes, pero eso nos ha llevado a que cada año se firma un contrato que tiene un aumento exponencial”, explicó.
Agregó que las legislaciones de otros países, entre ellos España, plantean incluso contratos mínimos de tres y cinco años.
No más depósitos
La Comisión de Administración y Servicios decidió, además, suprimir el capítulo referido a las garantías de los arrendadores, que se utilizaba para exigir depósitos por montos equivalentes hasta por un año del canon de alquiler.
“Eso no es justo. No es un contrato justo el que establezca eso sin plantear también garantías para los que viven en los apartamentos, de que no se suspenda el servicio de luz, los ascensores, etc. (...) Entonces aplicamos justicia. Si no hay garantía de un lado, tampoco debe existir para otro”, indicó Cabello.
“Si el inquilino dañó el inmueble, que esto sea decidido en tribunales, pero no puede estar en esta Ley el tema de las garantías. No lo creemos conveniente para ninguna de las partes”, agregó.
Sostuvo que la historia señala que la mayoría de estos depósitos no es devuelta a los arrendatarios.
Destacó que, en todo caso, la misma normativa contendrá reglas claras para ambas partes, en un instrumento legal que apoya al débil jurídico que “ha sido atropellado constantemente”.
Quien viole esta disposición, como todas las contenidas en la propuesta legislativa, se expone a sanciones que estarán definidas por unidades tributarias.
“Habrá una relación transparente entre ambas partes, pero lo que no va a existir y esta Ley no permitirá es que la necesidad de una persona de alquilar, porque no tiene vivienda propia, se use para especular o hacerla firmar contratos leoninos”, resaltó Cabello.
El diputado apuntó que la Comisión que dirige está en la “recta final” de la aprobación del proyecto, con miras a llevarlo a discusión en la plenaria de la AN para su visto bueno definitivo, lo que podría ocurrir la próxima semana. “Estamos avanzando según lo planificado”, dijo.
Reiteró que la Ley, que fue introducida por organizaciones populares en marzo, busca reivindicar los derechos de miles de venezolanos que por años han sido atropellados al firmar contratos de arrendamiento en minusvalía jurídica.
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