Caracas, 27 Jul. AVN .- Los planteles privados de Educación Básica que infrinjan el tope de 22% para el aumento de matrículas y mensualidades serán sancionados con penalizaciones que podrán van desde multas en base al salario mínimo vigente hasta la inhabilitación del centro educativo, según el caso.
La información fue proporcionada por la ministra de Educación, Maryann Hanson, en el contexto del acto de grado de los nuevos bachilleres del Liceo Fermín Toro, efectuado este miércoles 27 de julio.
La resolución que fija en 22% el límite máximo para los incrementos en instituciones privadas de Educación Básica obedece a un acuerdo conjunto entre tres instancias: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio y el Banco Central de Venezuela.
La ministra explicó que la participación del Banco Central de Venezuela en la resolución obedece a que éste organismo establece, de acuerdo al índice de inflación anual y al índice de precios al consumidor, un ponderado para definir cuál es el porcentaje justo de aumento de la matrícula.
A pesar de que la resolución entró en vigencia a partir del lunes 25 de julio de 2011, Hanson recordó que previo a ello seguía vigente la norma del año pasado que admitía hasta un 20% en el incremento de la matrícula.
Agregó que el procedimiento que se va a seguir para la revisión de los incrementos de la matrícula en los planteles escolares será el mismo del año pasado, a saber, inspecciones de parte del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y la recepción de denuncias – hechas por los Comités de Padres y Representantes – en las Zonas Educativas y en las oficinas del Ministerio del Poder Popular para la Educación.
La ministra explicó que han recibido denuncias de un aumento del 67% en las matrículas de algunos planteles, lo que sobrepasa el límite establecido el año pasado del 20%, el cual estuvo vigente hasta el lunes 25 de julio.
La resolución publicada en Gaceta Oficial nº 39.719 establece que quienes infrinjan el decreto o realicen prácticas evasivas de cualquier naturaleza serán sancionados de conformidad a la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas al Acceso a los Bienes y Servicios.
“Estamos recibiendo las denuncias, las hemos procesado entre la dirección general de Comunidades Educativas, la dirección general de Supervisión Educativa y el Indepabis para actuar en consecuencia”, concluyó.
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