Caracas, 06 Dic. AVN .-La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia de su presidenta, magistrada Luisa Estella Morales, declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por Gloria Rangel Cárdenas contra el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián.
Rangel Cárdenas esgrimió que se vulneraron sus derechos consagrados en los artículos 87 y 51 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, con el acto del 12 de marzo de 2001, dictado por el Contralor General, a través del cual autorizó al Instituto Nacional de Hipódromos (INH) para que procediera a su destitución del cargo de Contralora Interna de dicho ente.
Según alegó la accionante, Russián no hizo una revisión minuciosa del informe elaborado por el INH ni valoró los argumentos expuestos por ella, refirió el TSJ en su página electrónica.
Al respecto, indicó el TSJ, entre otros aspectos, que en el presente caso el hecho supuestamente lesivo no encuadra en una infracción que ostente el carácter de orden público indicado por la norma y el criterio jurisprudencial en la materia.
“Ni tampoco afecta las buenas costumbres, ya que las lesiones constitucionales denunciadas no exceden el ámbito intersubjetivo de las partes, ni la presunta infracción a los derechos constitucionales es de tal magnitud, que vulnere los principios que inspiran el ordenamiento jurídico", por lo que es inadmisible la acción de amparo constitucional, con base en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por haberse verificado la caducidad de la acción interpuesta.
Sobre el alegato de Rangel Cárdenas, según el cual se vulneró su derecho a obtener oportuna y adecuada respuesta por parte de la Contraloría General de la República (CGR), la Sala Constitucional indicó que “corren insertos a los autos sendos Oficios Nros. 01-01-699 y 02-01-394, de fechas 17 de mayo de 2010 y 29 de junio de 2010, respectivamente, a través de los cuales la CGR dio respuesta a las comunicaciones suscritas por la accionante con expresa referencia a sus requerimientos, por lo que, a consideración de esta Sala, no se encuentra vulnerado el derecho consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”
Rangel Cárdenas esgrimió que se vulneraron sus derechos consagrados en los artículos 87 y 51 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, con el acto del 12 de marzo de 2001, dictado por el Contralor General, a través del cual autorizó al Instituto Nacional de Hipódromos (INH) para que procediera a su destitución del cargo de Contralora Interna de dicho ente.
Según alegó la accionante, Russián no hizo una revisión minuciosa del informe elaborado por el INH ni valoró los argumentos expuestos por ella, refirió el TSJ en su página electrónica.
Al respecto, indicó el TSJ, entre otros aspectos, que en el presente caso el hecho supuestamente lesivo no encuadra en una infracción que ostente el carácter de orden público indicado por la norma y el criterio jurisprudencial en la materia.
“Ni tampoco afecta las buenas costumbres, ya que las lesiones constitucionales denunciadas no exceden el ámbito intersubjetivo de las partes, ni la presunta infracción a los derechos constitucionales es de tal magnitud, que vulnere los principios que inspiran el ordenamiento jurídico", por lo que es inadmisible la acción de amparo constitucional, con base en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por haberse verificado la caducidad de la acción interpuesta.
Sobre el alegato de Rangel Cárdenas, según el cual se vulneró su derecho a obtener oportuna y adecuada respuesta por parte de la Contraloría General de la República (CGR), la Sala Constitucional indicó que “corren insertos a los autos sendos Oficios Nros. 01-01-699 y 02-01-394, de fechas 17 de mayo de 2010 y 29 de junio de 2010, respectivamente, a través de los cuales la CGR dio respuesta a las comunicaciones suscritas por la accionante con expresa referencia a sus requerimientos, por lo que, a consideración de esta Sala, no se encuentra vulnerado el derecho consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”
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