Caracas, 12 Ago. AVN .- Las autoridades venezolanas y dirigentes del transporte alcanzaron acuerdos con el objetivo de optimizar el servicio en pro de los ciudadanos, en una reunión sostenida este viernes, y que permitió dejar de lado a pequeños grupos que pretendieron crear caos en el país aprovechándose de las demandas de los conductores.
Este viernes, tras una jornada que incluyó una fallida convocatoria a paro y cierres de vías por grupos ligados a la derecha, dirigentes de 17 federaciones del transporte se reunieron con los ministros de Transporte, Francisco Garcés; y Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami; representantes de los despachos de Comunas, Comercio, y Trabajo y Seguridad Social, así como integrantes de comités de usuarios.
En la cita se acordó el reimpulso de cinco mesas de trabajo para abordar las demandas de transportistas y usuarios, la constitución de una instancia de seguimiento de los convenios y el estudio de acciones en materia de seguridad a aplicar en terminales y autobuses.
“El Gobierno jamás se ha negado a atender y resolver los problemas del sector”, dijo ante los periodistas el presidente de la Federación Unitaria de Transporte de Venezuela, José Luis Betancourt.
Además, pidió disculpas a los ciudadanos por la paralización y cierre de vías del jueves. “Ayer eso se escapó de las manos. En ningún momento se llamó a trancar las calles. Sabemos que ese no es el deber ser. El deber ser es lo que ocurrió hoy”, expresó.
Las decisiones
Las mesas de trabajo empezarán a funcionar el 26 de agosto, y se reunirán cada 15 días.
Abordan las diferentes demandas del sector, incluyendo los temas de seguridad ciudadana y deuda por el subsidio al pasaje preferencial estudiantil, que fueron los argumentos para convocar la paralización de este jueves. De acuerdo con el presidente de la Federación Nacional del Transporte, Erick Zuleta, unos 500 choferes han sido asesinados a manos del hampa este año, y hay deudas por el subsidio desde 2010.
En este punto se plantearon propuestas como que el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), que desarrolla la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), tome los terminales públicos y privados, y que se prohíba usar armamento en sistemas de transporte masivo, incluyendo Metro y ferrocarril.
Se trata de ideas adelantadas por Betancourt a los periodistas, debatidas en la reunión, pero que, según explicó El Aissami, estarán contenidas en una resolución que evalúa la Comisión Presidencial de Control de Armas y Municiones, y que formará parte de un plan de acción general para el control de armas.
Zuleta explicó que la deuda del subsidio correspondiente a julio y agosto de 2010 comenzó a pagarse este viernes en los siete estados donde se aplica la tarjeta inteligente. Se aspira que entre septiembre y octubre esté al día el pago de este beneficio.
Una de las mesas de trabajo es la de repuestos y autopartes, que busca atender la demanda y mejorar los precios.
Otra mesa abordará la propuesta de impulsar la escuela del conductor, con miras a fortalecer la formación del chofer, y la renovación de la flota.
Sobre la flota, Betancourt indicó que en el país hay más de 100.000 unidades de transporte público, y gran parte requiere ser sustituida para optimizar el servicio. Para ello, pidió el concurso de la banca pública y privada.
La mesa es de seguridad social estará a cargo del presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Rotondaro, y persigue evaluar la inclusión de los choferes en el sistema.
El seguimiento de todos estos acuerdos estará a cargo de Garcés y El Aissami, en una mesa que se instalará el 12 de septiembre.
Agenda paralela
Estos acuerdos entre autoridades y transportistas derrotan la agenda paralela, como denominó Garcés, que impulsaron grupos vinculados con la derecha este jueves, ante el fracaso del paro.
“El miércoles habíamos llegado a acuerdos fructíferos y a la agenda para el reimpulso a estas mesas de trabajo. Vimos que no había razones para el paro, porque el entendimiento y compromiso se habían consolidado”, recordó este viernes el ministro.
El Gobierno Nacional impulsa sistemas de transporte masivos y eficientes, “que nos dan luces para la resolución de los problemas estructurales del sector, que deben ser estudiados de manera científica para optimizar un servicio que fue entregado a la improvisación”.
Las rutas comunales son parte de esa política, que también ha sido rechazada por algunos transportistas que esgrimen que están invadiendo sus territorios. De hecho, ese fue el motivo de una protesta en la mañana de este viernes en Palo Verde, en el este del Área Metropolitana de Caracas.
“Las rutas comunales son parte de la participación que tiene el poder popular en el servicio de transporte público. El servicio de transporte público no está monopolizado en ningún sector, no puede estar monopolizado por el sector privado. Los consejos comunales y el poder popular tienen el derecho legítimo de prestar un servicio público”, esgrimió Garcés.
Indicó que se reunirán con los integrantes de las rutas comunales para que “cubran sectores donde no hay servicio de transporte público y podamos trabajar en sana paz”.
