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viernes, marzo 30, 2012

Chile: Cómo la Ley Antiterrorista permite perseguir y enjuiciar a menores y adultos mapuche con nulas pruebas

Hasta el próximo lunes 2 de abril se postergó la preparación de juicio oral contra 10 comuneros de Ercilla, acusados de incendio y asalto en la ruta 5 Sur. 2 de los acusados son jóvenes que eran menores de edad al momento de ocurrir los hechos que la Fiscalía les imputa, bajo Ley Antiterrorista.
Por: Comunicaciones Temucuicui y País Mapuche
La defensa realizada por los abogados Pablo Ortega y Lorenzo Morales ha solicitado desde el primer momento de la audiencia que no se impute a los menores de edad acusados por el Ministerio Público, obteniendo cómo respuesta la separación de causas, una para procesar a los menores de edad y otra para los adultos.
Los hechos de los que se les acusa, se habrían desarrollado el 9 de octubre de 2009, cuando los adolescentes ahora juzgados, eran menores de edad. Los abogados han tomado en consideración los derechos contemplados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Ley de Responsabilidad Adolescente del Estado chileno, por lo que no se debería aplicar la Ley Antiterrorista contra ellos.
Para ambos menores, la imputación del Ministerio Público ha significado casi tres años de vivir la persecución política en todo ámbito, teniendo incluso que asumir por algunas temporadas la clandestinidad, ya que de lo contrario, significaba estar tras las rejas pese a su corta edad y sin pruebas que los culpen. Todo por ser mapuche y familiares de dirigentes y comuneros detenidos.
Sumado a ello, se cooptó el derecho de libre tránsito, el derecho a estudiar, teniendo que abandonar la escuela por temor a ser encerrados y asumiendo la pesada decisión de ser prófugos de la justicia chilena, durmiendo a la intemperie, sin alimento y expuestos a una serie de factores que perjudican su crecimiento físico y psicológico, pero no así su dignidad.
Por otro lado, se vieron obligados a vivir la represión en todo su contexto, ya que durante allanamientos y controles policiales en nuestro militarizado territorio, debieron hacer frente a las balas impunes de las policías, quedando al descubierto el abuso y las pocas garantías de tener un trato justo si se presentaban ante los tribunales, sabiendo además que el asedio policial afectaba directamente a sus hogares y familiares, lo que provocó una fuerte sobrecarga afectiva de impotencia y dolor.
Uno de ellos ha vivido desde muy pequeño la represión. Ha sido detenido y baleado a los 10 años, ha sido interrogado y torturado arriba de un vehículo policial a los 11 y a los 12, fue secuestrado y abandonado a su suerte a varios kilómetros de su casa, sin que las jefaturas policiales se hicieran cargo de estos ilícitos, quedando estas agresiones en absoluta impunidad.
Su tío es constantemente citado a tribunales y su padre a estado además en la prisión política, por lo que desde el seno familiar, la represión ha causado desde su infancia una enorme presión sobre él.
Hasta el momento, el tribunal está considerando no aplicar la Ley Antiterrorista en este caso a los menores. Pero el temor está en que se les someta a doble procesamiento, y se intente realizar un nuevo juicio, articulando las mismas pruebas presentadas en este caso a ambos en un nuevo proceso judicial.
Hay que indicar que de utilizar las mismas pruebas, se estaría engañando a la justicia y a la opinión pública, puesto que dichas supuestas pruebas fueron maliciosamente obtenidas utilizando las abusivas facultades que otorga la Ley Antiterrorista a los fiscales y policías. Es decir, de igual forma estarían utilizando esta ley para condenar a los menores, una herramienta legal heredada de la dictadura de Pinochet y que está al servicio de los intereses del empresariado y latifundistas, que lo único que pretende es criminalizar y detener la protesta social en Chile y el territorio mapuche.
Hay que precisar además, que la única prueba que sostiene este montaje, es la declaración de un testigo protegido, quien se dice que habría participado de los hechos y habría delatado a los demás participantes, acogiéndose a la delación compensada, artimaña que permite la Ley Antiterrorista.
Osea, una persona ya condenada por “confesar” participación en los mismos hechos, que está en libertad, recibe un sueldo por su “colaboración” y que nadie conoce nada sobre sus antecedentes y los de su condena, está siendo usada para enjuiciar a 10 comuneros, sólo por la validez que da la ley Antiterrorista para este tipo de sucias maniobras.
La Comunidad Autónoma Temucuicui señala que seguirá informando su pensamiento ante los hechos en los próximos días y en la medida de los acontecimientos de este importante juicio que marcará precedentes para el Pueblo Mapuche, sus comunidades y organizaciones.

MENORES MAPUCHE SERÁN JUZGADOS POR SEPARADO EN PROCESO CONTRA 10 COMUNEROS DE ERCILLA

Mar 27, 2012
Como estaba previsto en el Tribunal de Garantía de la Ciudad de Victoria, se dio inicio a la preparación de juicio oral por Ley AntiTerrorista en contra de 10 personas mapuche, 7 de ellas miembros de la Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui y 3 de la Comunidad Cacique José Guñón.
Los acusados llegaron al Tribunal acompañados de autoridades tradicionales, como Lonko, Machi y miembros de sus comunidades. Al llegar al Tribunal fueron retenidos por Fuerzas Especiales de Carabinero quienes controlaban los ingresos al Tribunal.
La magistrada dio inicio a la apertura de la preparación de juicio oral, dando la palabra a la defensa para realizar peticiones. Los abogados de los niños Juan Patricio Queipul Millanao y Luis Marileo Saravia, argumentaron al Tribunal que de acuerdo a la modificación que se le realizó a la Ley Antiterrorista, donde se señala que en Chile no se puede aplicar esta ley a menores de edad, solicitaron al tribunal acogerse a esta modificación y recalificar la acusación a los dos menores, resolviendo el Tribunal que el Ministerio Público realice la recalificación y se ordena realizar de manera separada la preparación del juicio, los niños aparte de los adultos.
Por otra parte, la defensa también solicitó al Tribunal que el Ministerio Público retire de la acusación relatos de hechos que nada tienen que ver con el supuesto hecho que es investigado y abocarse exclusivamente a los hechos que dieron lugar a la acusación, por cuanto el Tribunal acoge la petición y Ordena a la Fiscalía a modificar la acusación y retirar pruebas que nada tienen que ver con el hecho investigado. Dando un plazo máximo de 5 días al Ministerio Público para realizar la modificación, suspendiéndose hasta el lunes 02 de abril a las 14 horas el reinicio de las audiencias.
Con evidentes molestias de parte los fiscales del Ministerio Publico y querellantes se dio por finalizada la audiencia.
A las afueras del tribunal, el Lonko Víctor Queipul, señaló que comienza a desmoronarse el show del Ministerio Público y seguiremos luchando hasta demostrar la verdadera inocencia de nuestros hermanos.
Equipo de Comunicación Mapuche

COMIENZA PREPARACIÓN DE JUICIO CONTRA 10 MAPUCHE DE MALLECO ACUSADOS DE “TERRORISTAS”

Mar 24, 2012
La Comunidad Mapuche Autónoma Temucuicui, ante el inicio de la preparación de juicio oral por Ley Antiterrorista en contra de nuestros hermanos, señalamos ante el mundo mapuche, la opinión pública local, e internacional lo siguiente:
1.- Para el día lunes 26 de marzo de 2012, a las 10 de la mañana, en el Tribunal de Garantía de la Ciudad de Victoria, está fijado el inicio de la preparación de juicio oral, en contra de 7 de nuestros integrantes, quienes se encuentran imputados por los delitos de robo con intimidación de carácter terrorista, incendio terrorista, daños y asociación ilícita terrorista, entre otros. Hechos supuestamente ocurridos el 10 de octubre de 2009 en el sector de Quino, comuna de Victoria.
Los peñi involucrados (todos de comunidades de Malleco) son:
José Queipul Huaiquil,

Víctor Queipul Millanao,
Camilo Tori Quiñinao,
Felipe Huenchullán Cayul,
Juan Huenchullán Cayul,
José Millanao Millape,
Juan Patricio Queipul Millanao.
Jorge Marimán Loncomilla,
Ernesto Cayupán Meliñán y
Luis Marileo Cariqueo
2.- La principal prueba que el Ministerio Público tiene en contra de nuestros hermanos es la declaración de un testigo protegido (Raúl Arturo Castro Antipán) quien supuestamente habría participado junto a todos los acusados en los hechos ocurridos el 10 de octubre de 2009.
Cabe señalar que Castro Antipán es testigo protegido también en otras causas, en donde están imputadas personas mapuche y miembros de otras organizaciones mapuche. Este testigo recibe un sueldo mensual de $300.000 aproximadamente (argumento que no ha sido desmentido por la Fiscalía), que a la fecha suma una veintena de causas por diferentes delitos, algunos incluso de este año y que en la mayoría de los casos, Castro Antipán ha sido absuelto, se le ha otorgado suspensión condicional o el fiscal ha aplicado el principio de oportunidad para no condenarlo.
Además, este sujeto ya se encuentra condenado por los delitos que se imputan a nuestros hermanos, pero se le aplicaron las normas de la Ley Antiterrorista referentes a la Delación Compensada, lo que le permite cumplir su condena en libertad.
A nuestro juicio, esta condena sólo responde a una “estrategia” del Ministerio Público para dar mayor credibilidad a su testigo y que era necesaria para mantener la acusación en contra de nuestros hermanos, ya que constituye su testimonio como la principal prueba.
3.- Durante todo el tiempo que ha durado la investigación se han producido una serie de situaciones que han afectado a la comunidad, como por ejemplo, interrogatorios de niños en la escuelas de Temucuicui y en el camino a sus casas, detenciones de estudiantes de enseñanza media que son familiares de dirigentes de la comunidad y su posterior procesamiento por delitos en los que finalmente han sido absueltos. También han existido torturas en contra de algunos de los imputados, en donde ha estado presente un fiscal del Ministerio Público – Miguel Ángel Velásquez Droguett –, así como allanamientos y hostigamiento a familiares de los acusados y dirigentes.
4.- Para el Pueblo Nación Mapuche y especialmente para nuestra comunidad, se constituye como una extensión de la discriminación y racismo del estado chileno, el que a través de su aparataje jurídico-represivo encabezado por la fiscalía antimapuche, procese y lleve a juicio por Ley Antiterrorista a dos menores de edad, puesto que es claramente un abuso y vulneración de múltiples derechos, entre ellos los del niño, y es un intento de frenar abruptamente por medio del miedo que los niños tengan conciencia de esta lucha que heredarán hasta que recuperemos nuestros derechos políticos y territoriales.
Además, marca de por vida con su imputación a los dos menores quienes arriesgan muchos años de prisión política.
5.- Por otra parte, el que se siga utilizando esta ley heredada de la dictadura de Pinochet, no hace nada más que reafirmar una vez más cómo la paranoia del gobierno de derecha y sus intentos de criminalizar la protesta social caen en la más absoluta inoperancia, ya que sólo utiliza la represión en toda su expresión (jurídica, comunicacional y policial) para mantener la política del oído sordo y sus monólogos.
Hoy podemos ver a través de la prensa cómo actúa el estado chileno reprimiendo en Aysén y en los distintos lugares donde se levantan las demandas sociales. La misma policía que mantiene militarizado nuestro territorio, es la que aplica su experiencia en reprimirnos para agredir a los distintos luchadores sociales del territorio de Chile. No es por nada que los que dirigen las policías en la novena región siempre asumen el liderazgo de sus ramas y sus armas a nivel nacional.
Extendemos el llamado a las redes de solidaridad con la causa Mapuche, a estar atentos ante el inicio de este emblemático caso judicial, en el que demostraremos nuestra inocencia y trataremos de revestir las maniobras y estrategias del estado de querer decir que esta lucha es ilegítima y terrorista.
Wallmapuche Temucuicui
Fonos de contacto con la comunidad:
Werken Jorge Huenchullan 8 310 12 23
Lonko Víctor Queipul 8 348 5664

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