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jueves, junio 30, 2011

CGR propone tipificar delitos de soborno transnacional y lavado de dinero en Ley Anticorrupción


Caracas, 30 Jun. AVN.- La Contraloría General de la República (CGR) propuso tipificar (fijar) y sancionar en la Ley Anticorrupción los delitos de soborno transnacional y lavado de dinero, a fin de nivelar la legislación nacional con los tratados internacionales relativos al tema de la corrupción.

La contralora general (encargada), Adelina González, destacó este planteamiento entre los aportes más importantes de la CGR en el proceso de consulta pública que efectúa la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), destinado a reformar la Ley Anticorrupción.

“En Venezuela contamos con un moderno sistema de leyes sobre este tema, tenemos incluso el 271 de la Constitución, que establece que los delitos de corrupción no prescriben (se pueden juzgar aún después de pasar mucho tiempo), pero si nos nivelamos a la legislación internacional actual, estaríamos colocándonos entre los países más avanzados del mundo en materia de leyes contra la corrupción”, explicó González.

El lavado de dinero (procesamiento de dinero ilícito para convertirlo en dinero legal) se tipifica como delito en la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas pero, en este caso, se plantea condenar esa práctica en las instancias gubernamentales y privadas como un delito de corrupción.

En cuanto al soborno transnacional, la legislación internacional define que este delito “consiste en el ofrecimiento o entrega de dinero, bienes de valor u otros beneficios, como favores, promesas o ventajas, a un funcionario público de un Estado extranjero, a fin de conseguir que ese funcionario realice u omita cualquier acto destinado a influir sobre una transacción de naturaleza económica o comercial vinculada con el ejercicio de su cargo”.

El delito de soborno transnacional se tipifica como tal en la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y en la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1997), ambas suscritas por Venezuela.

Otras propuestas

La CGR también propuso algunos elementos relativos a la Declaración Jurada de Intereses, la rendición de cuentas por parte de las organizaciones populares (consejos comunales, comunas y otras) y el manejo de la rendición de viáticos por parte de funcionarios públicos.

“Es preciso que en la Ley se dejen bien claros los conceptos sobre Declaración Jurada de Intereses y Declaración Jurada de Patrimonio”, sugirió la Contralora.

Entre los elementos más novedosos del proyecto de reforma a la Ley Anticorrupción (2003) se incluye la exigencia de Declaración Jurada de Intereses (ingresos adicionales al salario, si existen) para los funcionarios públicos, así como de la Declaración de Impuestos sobre la Renta (ISR), a fin de cotejar la información con la Declaración Jurada de Patrimonio. Esta última ya se exige al inicio y cese del servicio.

El próximo paso de la consulta

El proceso de consulta pública en torno a la reforma de la Ley Anticorrupción comenzó el pasado martes, 28 de junio, cuando fueron citados los ministerios y organismos del gobierno nacional; este jueves participaron los poderes Electoral, Judicial y Ciudadano (CGR, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo).

A partir del 15 de julio la consulta se extenderá al interior del país para pulsar la opinión de alcaldías, gobernaciones y organizaciones del poder popular.

El presidente de la comisión de Contraloría, diputado Héctor Navarro, destacó que la consulta con las organizaciones populares será muy importante, en virtud de que éstas se incorporan como objeto de la ley, dado que reciben y administran dinero público.

“Las organizaciones populares estarán obligadas a rendir cuentas y pueden ser sancionadas en caso de incurrir en actos de corrupción. Por otra parte, la contraloría social, un mecanismo que ya se pone en práctica en los consejos comunales, pasa a formar parte del sistema de control fiscal nacional, y estos elementos hay que informarlos y discutirlos con el poder popular”, concluyó Navarro.

El proceso de consulta pública de este proyecto culminará a finales de julio y se espera que el texto sea sometido a segunda discusión (artículo por artículo), en plenaria parlamentaria, para agosto.

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