Caracas, 29 Jul. La Voz De San Joaquin/ Fuente: AVN .-
“La ruptura de relaciones con Venezuela le permite al presidente Álvaro Uribe tapar el escándalo por una fosa común encontrada en la Macarena (Meta)”, así lo manifestó el secretario general del Partido Comunista de Colombia, Jaime Caicedo.
Considerada la más grande en Latinoamérica, esa fosa común de La Macarena, situada muy cerca del cuartel militar, con restos de al menos dos mil personas, fue denunciada en diferentes oportunidades por los habitantes de la comunidad sureña de Macarena quienes se aprestaron a vigilarla para evitar su desaparición.
Caicedo calificó de insidioso y provocador el estilo con el cual el embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso Hoyos, se expresó contra Venezuela.
Hoyos presentó al organismo una serie de supuestas pruebas, todas infundadas e increíbles legalmente, sobre la presunta existencia de guerrilleros colombianos en Venezuela, en respaldo a las acusaciones que al respecto realizara el gobierno de Uribe la semana pasada contra Caracas.
Entre ellas, fotos del 2006 en una de las cuales aparece un ciudadano extranjero que al enterarse por la prensa criticó fuertemente la manipulación de Hoyos.
Jaime Caicedo agregó que: “Los colombianos residentes en la frontera se encuentran angustiados por la situación actual, dada la condición de desempleados de muchos de ellos, y los fuertes vínculos que los unen a la vecina nación”
Pero según manifestó el dirigente estas acusaciones contra Venezuela, no son más que una pantalla impuesta por el gobierno de Álvaro Uribe, para esconder el polémico caso del hallazgo de la fosa común más grande de América Latina.
Para certificarla internacionalmente, se organizó una Audiencia pública que versó sobre “la crisis humanitaria en los llanos orientales” colombianos y fue convocada por el Senado de la República a instancias de la Comisión Accidental de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado, cuya coordinación está a cargo de la Senadora del Polo Democrático Alternativo (PDA) Gloria Inés Ramírez Ríos.
En razón de ello, una comisión de eurodiputados se trasladó hasta la zona de La Macarena en el municipio del Meta (suroeste) donde se encuentra la mayor fosa común del mundo, para constatar el patético escenario de masacres sistemáticas.
Por su parte Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa las desapariciones forzadas o “falsos positivos” dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.
En esta audiencia también se conoció la grave crisis humanitaria en los llanos orientales de Colombia, como consecuencia del Plan Colombia, promovido por Estados Unidos para “luchar” contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos, Ana Gómez, manifestó “que el Ejército asesine a su pueblo es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo”.
“No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos, en falsos guerrilleros”, enfatizó.
Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien estuvo presente en la inspección para corroborar las denuncias, condenó el hallazgo de la fosa común.
“Aquí fue donde comenzó de verdad la política que se conoce como falsos positivos, los asesinatos a sangre fría para reclamar recompensas, para tener ascensos, para pedir vacaciones, es algo tan vergonzoso, que no se explica uno como es que el país vuelve y elige en cuerpo ajeno una política tan horrorosa de violación de los derechos humanos”, manifestó la senadora.
La senadora indicó además que: “Cuando nosotros nos oponemos a la aprobación del tratados de libre comercio untados de sangre, la sangre de un pueblo colombiano decimos con dignidad que Europa no puede hacer prolongar en América y en Colombia lo que ellos hace muchos años trataron de erradicar: la guerra, la guerra es un negocio, su patente de corso es la política de seguridad democrática”.
Los campesinos de la zona exigieron que “respeten nuevas vidas (…) estamos llenos de necesidades, pero lo único que queremos es seguir siendo campesinos, esta es nuestra tierra”.
Los campesinos de Macarena han padecido el estigma de vivir en una zona marcada por la guerra, agudizada desde 2003 con la llegada del Plan Colombia promovido por Estados Unidos, supuestamente para "luchar” contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó un informe que denunciaba varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro-colombianos, entre otros.
Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas “chuzadas” o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.
Entre los “chuzados” destacan sedes de las embajadas de Venezuela y Ecuador en Bogotá.
Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de “falsos positivos” como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.
En Colombia, se denomina “falsos positivos” a los asesinatos de campesinos o estudiantes reportados como “muertes de insurgentes en combate”, por las fuerzas armadas colombianas como resultados de la acción armada contra grupos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN) .
Para julio de 2009, sólo en la Procuraduría colombiana, donde llegan muy pocas denuncias por temor a posteriores represalias de los paramilitares, quienes hacen la labor sucia del ejército, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de “falsos positivos” sumaban 686.
La senadora Córdova, en su último recorrido por Europa denunciando los desmanes del gobierno de Uribe, declaró que los "falsos positivos" estaban por el orden de los 5.000 casos.
Luego del hallazgo de la Macarena, Piedad Córdova calificó al gobierno de Uribe como "el más sanguinario de la historia".
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