Caracas, 16 Jul. La Voz De San Joaquin/ Fuente: AVN.-La Asociación de Rectoras y Rectores Bolivarianos (Arbol) respalda la solicitud de apertura de investigación a universidades autónomas, por el uso indebido de los fondos de jubilaciones y pensiones, que realizó recientemente el titular del ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Edgardo Ramírez, ante la Fiscalía General de la República.
El presidente de la Arbol, Luis Gallardo, indicó este viernes que esta asociación apoya la posición oficial, “ante el uso indebido que le dan a los fondos de jubilación y pensión, desde determinadas universidades como la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad de Carabobo (UC) y la Universidad Pedagógica de Venezuela (UPEL), cuyas autoridades, en clara contradicción de las normas patrimoniales de uso y salvaguarda del dinero público, lo han venido utilizando indebidamente con fundaciones y otras entidades privadas.
Señaló que el uso de los dineros destinados a jubilaciones y pensiones en fundaciones y entidades privadas, “constituye, no cabe duda, de un delito de desvió de fondos”.
Explicó que los fondos “constituyen un patrimonio público que han sido transferidos por el Estado venezolano, y tienen como destino cancelar las prestaciones sociales a quienes a lo largo de una trayectoria de 25 años o más, han brindado toda su experiencia profesional, laboral y trabajo manual e intelectual al proceso de formación de nuestros estudiantes, y con ello han contribuido al engrandecimiento de la patria con la formación del recurso humano”.
Asimismo, dijo que la solicitud de averiguación, realizada por el titular del ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, constituye un acto trascendente y un mandato del Consejo Nacional de Universidades (CNU), y anunció que la Arbol acompañará esta denuncia ante la Fiscalía y ante la Defensoría del Pueblo, “en el área legal, movilización y debate de ideas”.
Con relación a la respuestas emitidas por rectores de las referidas universidades autónomas, quienes defienden el uso que le han dado a los fondos de jubilaciones y pensiones, manifestó que las declaraciones de la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, constituyen un eufemismo para tratar de evadir la responsabilidad clara que tienen en materia de uso indebido de los fondos, transferidos única y exclusivamente para cancelar las prestaciones sociales a los trabajadores universitarios, es decir profesores, obreros y empleados”.
Luis Gallardo recordó que la ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, la ley de Administración Financiera y la ley de Ejecución Presupuestaria, “que establece que el fondo tiene una fuente de nacimiento y un beneficiario, es decir el Estado, como patrimonio público, y los trabajadores universitarios como beneficiario”.
“Es así que la Fiscalía General de la República como garante de la seguridad jurídica y el estado de derecho, debe investigar plenamente y esperamos que se establezcan las responsabilidades a las cuales haya lugar, porque estamos en presencia, inequívoca, de delitos de salvaguarda y patrimonio público, con tutela efectiva en materia penal”, enfatizó el presidente de la Arbol.
16:30 16/07/2010
El presidente de la Arbol, Luis Gallardo, indicó este viernes que esta asociación apoya la posición oficial, “ante el uso indebido que le dan a los fondos de jubilación y pensión, desde determinadas universidades como la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad de Carabobo (UC) y la Universidad Pedagógica de Venezuela (UPEL), cuyas autoridades, en clara contradicción de las normas patrimoniales de uso y salvaguarda del dinero público, lo han venido utilizando indebidamente con fundaciones y otras entidades privadas.
Señaló que el uso de los dineros destinados a jubilaciones y pensiones en fundaciones y entidades privadas, “constituye, no cabe duda, de un delito de desvió de fondos”.
Explicó que los fondos “constituyen un patrimonio público que han sido transferidos por el Estado venezolano, y tienen como destino cancelar las prestaciones sociales a quienes a lo largo de una trayectoria de 25 años o más, han brindado toda su experiencia profesional, laboral y trabajo manual e intelectual al proceso de formación de nuestros estudiantes, y con ello han contribuido al engrandecimiento de la patria con la formación del recurso humano”.
Asimismo, dijo que la solicitud de averiguación, realizada por el titular del ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, constituye un acto trascendente y un mandato del Consejo Nacional de Universidades (CNU), y anunció que la Arbol acompañará esta denuncia ante la Fiscalía y ante la Defensoría del Pueblo, “en el área legal, movilización y debate de ideas”.
Con relación a la respuestas emitidas por rectores de las referidas universidades autónomas, quienes defienden el uso que le han dado a los fondos de jubilaciones y pensiones, manifestó que las declaraciones de la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, constituyen un eufemismo para tratar de evadir la responsabilidad clara que tienen en materia de uso indebido de los fondos, transferidos única y exclusivamente para cancelar las prestaciones sociales a los trabajadores universitarios, es decir profesores, obreros y empleados”.
Luis Gallardo recordó que la ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, la ley de Administración Financiera y la ley de Ejecución Presupuestaria, “que establece que el fondo tiene una fuente de nacimiento y un beneficiario, es decir el Estado, como patrimonio público, y los trabajadores universitarios como beneficiario”.
“Es así que la Fiscalía General de la República como garante de la seguridad jurídica y el estado de derecho, debe investigar plenamente y esperamos que se establezcan las responsabilidades a las cuales haya lugar, porque estamos en presencia, inequívoca, de delitos de salvaguarda y patrimonio público, con tutela efectiva en materia penal”, enfatizó el presidente de la Arbol.
16:30 16/07/2010
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