Se registran 36.100 organizaciones sociales constituidas en todo el país
El Ministerio del Poder Popular para las Comunas prorrogó hasta el 16 de septiembre del año en curso el período de adaptación a la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales
En cada una de las entidades del país están dispuestas taquillas únicas para procesar la constitución legal de estas instancias
La adecuación a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales se extenderá hasta el próximo mes de septiembre, con lo que se pretende flexibilizar los procesos de inclusión de los actores sociales y fortalecer el Poder Popular.
Así lo expresó el miembro de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional (AN), diputado Ulises Daal, al referirse a la prórroga dispuesta por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, en relación con el proceso de adecuación de los consejos comunales.
“En una de las disposiciones transitorias de la nueva ley se fija que el proceso de adecuación de los consejos comunales existentes en el país debe realizarse en un plazo de 180 días que concluyeron el 28 de junio del mes en curso, pero se extendió el período de tiempo para darle paso a una mayor inclusión”, dijo.
Destacó que estas acciones, además, impulsarán la nueva etapa de lo que será el Poder Comunal, a través de la conformación de las comunas.
Ley Orgánica de los Consejos Comunales fue aprobada el mes de noviembre del año 2009 y derogó la normativa sancionada en abril del 2006.
La nueva norma establece en la disposición transitoria segunda que los consejos comunales constituidos bajo el régimen legal anterior serán objetos de un proceso de adecuación de sus estatutos.
También fija que los consejos comunales deberán convocar una asamblea de ciudadanos y ciudadanas para informar sobre la adecuación de su ordenanza, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley, así como para determinar la continuidad de la gestión de los voceros comunales y la liquidación de la asociación cooperativa Banco Comunal.
ESTRUCTURAS COMUNITARIAS
El diputado Daal precisó que a la fecha se reporta cerca de 70% de los consejos comunales que están en fase de adecuación. Detalló que en todo el territorio nacional están desplegados 36.100 organizaciones populares.
Explicó que la nueva legislación tiene por objeto regular la constitución, conformación, organización y funcionamiento de los consejos comunales como una instancia de participación para el ejercicio directo de la soberanía popular.
En la norma se expone que la estructura de las organizaciones comunitarias estará definida por la asambleas de ciudadanos y ciudadanas, el colectivo de coordinación comunitaria, la unidad ejecutiva, administrativa y financiera comunitaria, así como la unidad de contraloría social.
“La realización de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas se efectuarán para informar al colectivo los alcances de la nueva norma legal, así como sus aspectos más novedosos. Luego prosigue la adecuación de lo que anteriormente se denominaba Banca Cooperativa Comunal que ahora se llama Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria”, expresó.
La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria es la instancia que funciona como el ente de ejecución, inversión, crédito, ahorro e intercambio financiero de los recursos y fondos de los consejos comunales, de acuerdo a las decisiones que surjan de las asambleas de ciudadanos y ciudadanas.
El instrumento legal considera la figura de la Comisión Electoral para organizar y conducir de forma permanente los procesos de selección o revocatoria de los voceras y las voceras comunales. Estará integrada por cinco habitantes de la comunidad, quienes durarán dos años en sus cargos.
MANEJO DE RECURSOS
El parlamentario Ulises Daal también subrayó que la Ley Orgánica de los Consejos Comunales dictamina que las comunidades organizadas recibirán recursos de maneras directa del Ejecutivo Nacional, las gobernaciones y alcaldías, según las exigencias locales.
El dinero aprobado y transferido a los consejos comunales será destinado a la ejecución de políticas, programas y proyectos comunitarios que promuevan la transformación integral de la comunidad.
“Hay que reconocer que el pueblo venezolano tiene responsabilidad y conciencia en el manejo de los recursos que se le asignan. Se dará prioridad a los proyectos según las propias demandas de las comunidades”, recalcó.
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