La campanada que sonó en Bauxilum y luego en Venalum no fue escuchada por las autoridades cuya omisión siembra la impunidad y fortalece la resolución de los conflictos por la vía de la fuerza.
Un empleado de la industria cayó abatido en medio de un forcejeo que fue causado por el ingreso irregular de un grupo de desocupados. El tiroteo acabó con la asamblea, y en esta oportunidad, también terminó con la vida de un trabajador.
Correo del Caroní, único medio presente en el lugar de los hechos violentos ocurridos ayer, relata las incidencias de este trágico desenlace y ofrece diversas reacciones tanto oficiales como sindicales.
El gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quien guardó silencio frente a los últimos eventos violentos en las empresas básicas, aseguró que este hecho forma parte de “un plan desestabilizador”, que pudiera estar concebido para “desestabilizar el país a partir de Guayana”.
El presidente de FMO, Radwan Sabbagh, anunció: “yo voy a suspender cualquier actividad sindical” mientras se realizan las pesquisas para determinar las responsabilidades en este crimen.
Evitan comentar sobre las medidas restrictivas y prometen mano fuerza contra los armados en los portones.
La tensión en Ferrominera Orinoco (FMO) se agudizó hace una semana. La elección de la comisión electoral para los comicios del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera) mantenía en vilo a dos grupos: el de Rubén González, secretario general y candidato a la reelección por la plancha 79, y el de Alfredo Spooner, secretario de organización, candidato por la plancha 7 y miembro de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), ambos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Tanto así que, González, denunció que miembros del PSUV estaban presionando a los trabajadores obligándolos a colocarse gorras y calcomanías alusivas a Spooner. El pasado miércoles, durante la rueda de prensa, el dirigente invitó a los ferromineros a vencer el miedo.
Y el temor se venció, coaccionados o no, la asistencia a la asamblea general fue masiva. En el estacionamiento interno, decenas de ferromineros esperaban que se hicieran las 8:00 de la mañana para elegir a tres de los miembros de la comisión.
En la espera todo parecía confuso. En la avenida había sujetos con gorras rojas de la plancha 7 y también trabajadores de Ciudad Piar respaldando al secretario general.
Al personal de Ciudad Piar se le prohibió el acceso porque las fichas de las minas no se activan en Puerto Ordaz, con lo cual, quienes tenían derecho a participar eran sólo los ferromineros de procesamiento y suministro de mineral.
En los torniquetes, seguridad patrimonial revisaba minuciosamente el ingreso de los trabajadores. De hecho, el equipo reporteril de Correo del Caroní no pudo entrar a planta, pues -argumentaron- que estaba restringido el paso a personas foráneas a la fábrica.
Se amenizaba la espera al ritmo de un calipso, pero nadie bailaba. “Estamos aquí para echarnos chistes, para bailar”, decía un dirigente del Movimiento 21 desde la tarima. A pesar de la música, cada grupo estaba vigilante. Todos querían pasar para participar en la elección.
Empujones y forcejeos
Antes de los disparos, hubo varios conatos de violencia. Por una de las puertas, pasaban -de vez en vez- personas con gorras rojas sin presentar ficha. Los que respaldaban a González les gritaban y pedían seriedad en el proceso.
Al menos unas tres veces se generó un forcejeo. En una de ellas, trabajadores de Ciudad Piar y afectos al secretario general, interceptaron a una camioneta de la empresa que intentaba ingresar a dos sujetos que portaban una bolsa con gorras rojas de la plancha 7.
Mientras sacaban de la camioneta a los hombres, por el canal de los vehículos, un grupo de sujetos con gorras rojas aprovechó para entrar a planta. Los otros, al darse cuenta, fueron contra ellos con gritos y empujones.
Los caídos
Al reventar la trifulca se oyeron más de seis detonaciones. Los que estaban adentro se asomaron al portón, entre ellos Rubén González. Y luego los trabajadores comenzaron a gritar alertando sobre los heridos.
Renny Rojas, de 29 años de edad, quedó tendido en el suelo. Al instante no se dio cuenta que estaba herido. Lo constató cuando se tocó el cuello y vio la sangre.
Luis Manuel Quilarque, dirigente sindical de ferrocarril, recibió un tiro en el muslo. Caminó unos pasos y un trabajador le amarró una correa en la pierna para evitar un derrame. Mientras pedía ayuda, la ambulancia de FMO montaba en la unidad a Rojas, que estaba más grave.
Ambos fueron trasladados al Hospital Américo Babó. Rojas, trabajador con tres años en la empresa, mecánico de mantenimiento industrial de PMH, no sobrevivió. Murió a los pocos minutos. Trascendió que era militante de la Juventud de Trabajadores del PSUV, miembro activo en FMO.
Luego corrió el rumor de que había un tercer herido. Se trató de Agustín Lezama, un desempleado, que resultó lesionado con un impacto de bala. Ambos heridos se recuperan satisfactoriamente en el hospital de la misma empresa.
¿Culpables?
Después que retiraron los heridos, el ambiente era aún más confuso. Los efectivos de la Guardia Nacional acordonaban, sin mucho esfuerzo, al grupo de trabajadores que gritaban “asesino”.
Casi en coro acusaban a Héctor Maicán, secretario de finanzas de Sintraferrominera, quien fue resguardado en las instalaciones por el personal de la estatal.
Para calmar a los protestantes, un funcionario de FMO les aseguró que Maicán estaba detenido y que esperaban al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para que hiciera el interrogatorio de rigor.
En efecto, una comisión del Cicpc llegó al lugar y recogió los casquillos que tenían bajo sus botas los efectivos de la Guardia Nacional. No hubo ningún arresto, más allá de las acusaciones al secretario de finanzas.
Los trabajadores estaban custodiando en el sitio para que ninguna de las evidencias fueran cambiadas, incluyendo los casquillos y el video de las cámaras de seguridad del portón.
Luego, cada quien comenzó a contar su versión y a opinar sobre lo ocurrido.
Primera vez
“Estoy arrecho, mija. Yo trabajé aquí 42 años en esta empresa. Eso es malo que el gobierno les tire a los trabajadores. ¡Eso es malo! ¡Ni cuando Pérez Jiménez pasó esto aquí, chico! ¿Acaso esto es una dictadura socialista? Nunca se había visto esto aquí, primera vez en la vida. Están maltratando a los trabajadores, a los jubilados”, relató Américo González.
Así como el ex ferrominero, otros trabajadores ofrecieron sus impresiones como lo hizo Eduardo Naranjo, trabajador con 23 años de experiencia. “Al movimiento al que pertenezcan los trabajadores no es importante. Lo importante es que son compañeros de trabajo, que hacen vida laboral con nosotros y no nos debe importar a qué tolda política pertenezcan, sino que son compañeros de trabajo y nos debe doler a todos”.
El técnico exigió al Cicpc que no deje pasar la situación como ha ocurrido en otros casos. “A los culpables los ponen en cautiverio y no duran dos días presos, bien sea porque tienen algún tipo de poder político o un tipo de poder económico. Que se cumpla la ley, vamos a obviar el poder político”.
“Aquí se infringió la ley dos veces. Primero se pasó un arma al área industrial, donde se prohíbe -terminantemente- ingresar armas de fuego. De hecho, a los trabajadores, les revisan hasta las viandas de comida. Entonces la pregunta es ¿Cómo estas personas pudieron ingresar a la empresa un arma de fuego?”.
Aseguró que los trabajadores están siendo amedrentados dentro de la compañía para que voten por la tendencia política ligada a la fábrica.
Un simpatizante de la plancha 7 y fundador del Movimiento 21, manifestó su desconcierto. “¿Cómo es posible que por problemas políticos nos dejemos llevar a esta situación con un compañero muerto?”. Acusó a la oposición de crear desorden en las empresas y desestabilizar la normalidad de las operaciones.
Sin comisión
La elección de la comisión electoral se suspendió hasta nuevo aviso. Hasta el cierre de esta edición no había trabajadores detenidos por la muerte de Rojas ni por los heridos.
El Cicpc pidió a este medio de comunicación algunas fotografías que servirán como elementos probatorios en las investigaciones.
Ola de violencia
Hace menos de un mes, el 18 de mayo de 2011, el secretario general de Sutralúmina (Bauxilum), José Luis Morocoima, resultó herido con un impacto de bala y severamente golpeado en la cabeza. Quedó prácticamente sordo. A los presuntos responsables se les dio una cautelar con régimen de presentación cada 15 días.
Tres días después, a escasos metros del portón de CVG Bauxilum, ocho trabajadores fueron golpeados por personas ajenas a la planta presuntamente ligadas al sector construcción. A uno de los bauxiteros, le quebraron la mandíbula.
Luego, el 24 de mayo, sujetos armados ingresaron junto al presidente de CVG Venalum, Radwan Sabbagh. Fueron fotografiados y tampoco, hasta la fecha, hay detenidos.
Situación similar se quiso reeditar en CVG Carbonorca sin éxito, hasta que días después -miembros de los consejos comunales- acompañaron al presidente de CVG Alcasa, Elio Sayago, hasta el portón. Se presentó una trifulca y resultó lesionado el presidente de la estatal.
MP designa a dos fiscales para investigación del caso
El Ministerio Público (MP) comisionó a los fiscales 9° nacional y 4° del segundo circuito del estado Bolívar, Deisy Bolívar y Wander Blanco, respectivamente, a fin de dirigir la investigación por la muerte del trabajador de la Ferrominera Orinoco, Renny Rojas, de 29 años, ocurrida este jueves, en Ciudad Guayana.
Funcionarios del MP coordina la averiguación que realizan funcionarios del Cuerpo Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Entre las experticias se encuentra la inspección ocular del sitio del suceso, entrevistas a testigos, fijación fotográfica del sitio del hecho, levantamiento planimétrico y de trayectoria balística, entre otras pruebas técnicas
