Este jueves se inició, en la Plaza Altamira, al este del Área Metropolitana de Caracas, el proceso de debate popular de la propuesta legislativa, llevada en marzo por el movimiento de inquilinos a la Asamblea Nacional (AN). Se trata de la primera ley presentada ante el Poder Legislativo por iniciativa popular.
La discusión se extenderá por un mes en todo el territorio nacional, para elaborar luego el informe que irá a segunda discusión en el Parlamento, artículo por artículo.
Se prevé que la normativa definitiva esté aprobada antes del 15 de agosto, indicó el Presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la AN, diputado Diosdado Cabello (Partido Socialista Unido de Venezuela), quien instaló la actividad que reunió a diferentes colectivos organizados alrededor del tema del arrendamiento.
Cabello considera que el instrumento legal es revolucionario porque reconoce y reivindica al débil jurídico, el arrendatario, y busca eliminar cualquier forma de explotación.
Afirmó que la propuesta no está a favor ni en contra de ningún grupo político en particular sino que busca justicia, y que no atenta contra la propiedad privada. "Pondrá reglas claras para el arrendamiento", aseguró.
Resaltó que en la relación arrendaticia el elemento humano se ha perdido porque se consideró la vivienda "como algo material, para el comercio, para el usufructo, para obtener una ganancia capitalista. Con la ley reivindicamos el derecho sagrado a la vivienda que tiene la familia venezolana".
Señaló Cabello que la norma establecerá diferencias entre pequeños y grandes propietarios, de manera de no afectar, en particular, a los primeros. "No estamos aquí para quitarle el apartamento a ninguna persona", enfatizó.
"No puede compararse un pequeño propietario con edificios con 40 apartamentos administrados por una empresa que no responde ante eventualidades o reclamos", añadió.
"Si alguien convierte un edificio en una industria, en un comercio, hay que ver si paga impuestos", alertó.
Acotó, además, que estas estructuras tienen una depreciación anual que debe ser tomada en cuenta.
"Esta ley reconocerá al que ha sido explotado, atropellado, desalojado o vulnerado en cualquier derecho", expresó el parlamentario, y puso como ejemplo los casos de pensiones cuyos dueños están fuera del país y los arrendatarios viven en condiciones infrahumanas, mientras pagan el canon de arrendamiento a una administradora.
Invitó a los propietarios y a todos los que se oponen al instrumento legal a participar en el debate, tal como lo hacen los inquilinos.
"No estamos cerrados a la discusión de nada, no se quiere atropellar a nadie, pero en este tema de arrendamientos se ha atropellado a una gran cantidad de personas, sin color político", recordó.
Destacó la necesidad del decreto Ley contra Desalojos Arbitarios, dictado por el presidente Hugo Chávez en mayo pasado, para ponerle coto a estas arbitrariedades, mientras se aprueba la Ley de Arrendamientos.
Los asistentes a la jornada de debate se organizaron en mesas de trabajo, coordinadas por facilitadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
Estuvieron presentes, además de inquilinos y demás miembros del movimiento de pobladores, representantes de la Cámara Inmobiliaria y de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).
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