(Prensa-Defensoría/ 03 de marzo de 2011)(DGMAC) MinCI.-
La Defensoría del Pueblo presentó este jueves ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de protección de derechos e intereses colectivos y difusos a favor de todos los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, y en contra de las organizaciones que promueven competencias de vehículos rústicos en el país.
Larry Devoe, Director General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo, explicó que la demanda persigue la prohibición, de manera definitiva, de este tipo de actividades en todo el país, “ya que son múltiples los estudios que demuestran el impacto negativo que tienen estas prácticas sobre la naturaleza”.
En este sentido, Devoe agregó que la acción busca la protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para todos los habitantes de Venezuela. “Se trata de un derecho reconocido por la Carta Magna y los principales instrumentos jurídicos internacionales de Derechos Humanos”, agregó.
En su acción, la Defensoría del Pueblo solicitó al TSJ decretar medidas cautelares, entre las que figuran ordenar, de manera inmediata, la suspensión de cualquiera de estas prácticas en todo el país, incluidos Parques Nacionales y Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), y cualquier otra zona del territorio nacional que pueda ser objeto de afectación a la naturaleza por este tipo de actividades.
Adicionalmente, esta Institución Nacional de Derechos Humanos, actuando con plena competencia en materia ambiental otorgada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, solicitó a la Sala Constitucional del TSJ que ordene a las empresas u organizaciones encargadas de difundir y promover este tipo de eventos la realización de campañas de educación ciudadana sobre la conservación ambiental.
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