Este jueves
12 Agosto 2010
12 Agosto 2010
La Voz De San Joaquin
Fuente: VTV-AVN
“Sin lugar a dudas” tiene un matiz político, acotó Clodosbaldo Russián. Afirmó que el despacho que dirige continúa el trabajo de auditoría en torno a las importaciones y preservación de alimentos por parte del Estado. Precisó que la responsabilidad es individual y la CGR impondrá las sanciones correspondientes
El contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, afirmó este jueves que los medios de comunicación privados, con el manejo del caso de los alimentos vencidos, intentan crear escándalos para influir electoralmente en la opinión pública, de cara a los comicios parlamentarios del 26 de septiembre.
Dijo que “sin lugar a dudas” tiene un matiz político el tratamiento informativo que medios privados dan al tema de los alimentos, tras el hallazgo, en mayo pasado, de unos contenedores con productos vencidos pertenecientes a la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) en Puerto Cabello, Estado Carabobo.
A partir de este suceso, investigado por las autoridades, las empresas de comunicación comenzaron a difundir supuestos nuevos casos, que han sido desmentidos reiteradamente.
“Le he recordado a los medios que la agenda de trabajo de la Contraloría la decidimos en la Contraloría. No la deciden los señores de los medios“, puntualizó este jueves Russián durante el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión.
Afirmó que el despacho que dirige continúa el trabajo de auditoría en torno a las importaciones y preservación de alimentos por parte del Estado, y garantizó a la opinión pública que cuando haya actos conclusivos, los discutirán con las instancias correspondientes para que presenten los recaudos a la Contraloría, en estricto apego al derecho a la defensa y al debido proceso.
Apuntó que la responsabilidad es individual y la CGR impondrá las sanciones correspondientes, como lo ha hecho habitualmente.
Añadió que si hay presunción de delitos penales o civiles, este organismo está en la obligación de remitir el caso al Ministerio Público, que tiene el monopolio de la acción penal. La competencia de la Contraloría abarca sólo sanciones administrativas.
Ratificó que hace dos años, producto de un trabajo desarrollado en los años 2006 y 2007 en la red Mercado de Alimentos (Mercal), “previmos y alertamos tempranamente lo que podía ocurrir dentro del proceso de planificación, adquisición, importación, transporte y almacenamiento, es decir, en todos los pasos para la conservación, distribución y venta de alimentos, lo que nos llevaba a exigir un máximo de eficiencia y superar las fallas que se habían presentado. Es nuestra obligación y nuestro deber”.
NO HAY CONFRONTACIÓN
Descartó cualquier confrontación entre la CGR y los diferentes órganos del Estado, a raíz de esta u otras investigaciones, y recordó que por mandato constitucional y legal, esta institución debe revisar, verificar, auditar y presentar resultados sobre todas las actuaciones de la Administración Pública. “En el caso de los alimentos, sin denuncia alguna, lo hicimos”, acotó.
“Por un lado (los medios), señalan que la CGR no es independiente, no investiga, no sanciona, pero por otra parte dicen que sí denunciamos el burocratismo, la indolencia, la irresponsabilidad de los funcionarios, que sancionamos a mucha gente, incluso a algunos que deberíamos colocarles un altar.
Todo forma parte del interés por demostrar que vivimos en un Estado débil y que la revolución no es tal”, apuntó.
INHABILITACIONES
Sobre las inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos que impone la CGR, Russián dijo que son un proceso rutinario, por lo que dio por hecho que hay candidatos a las elecciones del 26 de septiembre que pueden quedar inhabilitados.
Aclaró que estas personas tienen una protección dada por el hecho de que ya entregaron el listado definitivo de inhabilitados al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Explicó que, debido a una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 2004, para quienes desempeñan cargos públicos por elección popular y resultan inhabilitados, la sanción sólo tiene efecto una vez concluya el período para el cual fueron seleccionados.
De tal manera que si en los comicios de septiembre es electo un candidato sobre el cual pesa una inhabilitación, ésta comienza a regir una vez culmine su ejercicio como diputado.
“Sin lugar a dudas” tiene un matiz político, acotó Clodosbaldo Russián. Afirmó que el despacho que dirige continúa el trabajo de auditoría en torno a las importaciones y preservación de alimentos por parte del Estado. Precisó que la responsabilidad es individual y la CGR impondrá las sanciones correspondientes
El contralor General de la República, Clodosbaldo Russián, afirmó este jueves que los medios de comunicación privados, con el manejo del caso de los alimentos vencidos, intentan crear escándalos para influir electoralmente en la opinión pública, de cara a los comicios parlamentarios del 26 de septiembre.
Dijo que “sin lugar a dudas” tiene un matiz político el tratamiento informativo que medios privados dan al tema de los alimentos, tras el hallazgo, en mayo pasado, de unos contenedores con productos vencidos pertenecientes a la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) en Puerto Cabello, Estado Carabobo.
A partir de este suceso, investigado por las autoridades, las empresas de comunicación comenzaron a difundir supuestos nuevos casos, que han sido desmentidos reiteradamente.
“Le he recordado a los medios que la agenda de trabajo de la Contraloría la decidimos en la Contraloría. No la deciden los señores de los medios“, puntualizó este jueves Russián durante el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión.
Afirmó que el despacho que dirige continúa el trabajo de auditoría en torno a las importaciones y preservación de alimentos por parte del Estado, y garantizó a la opinión pública que cuando haya actos conclusivos, los discutirán con las instancias correspondientes para que presenten los recaudos a la Contraloría, en estricto apego al derecho a la defensa y al debido proceso.
Apuntó que la responsabilidad es individual y la CGR impondrá las sanciones correspondientes, como lo ha hecho habitualmente.
Añadió que si hay presunción de delitos penales o civiles, este organismo está en la obligación de remitir el caso al Ministerio Público, que tiene el monopolio de la acción penal. La competencia de la Contraloría abarca sólo sanciones administrativas.
Ratificó que hace dos años, producto de un trabajo desarrollado en los años 2006 y 2007 en la red Mercado de Alimentos (Mercal), “previmos y alertamos tempranamente lo que podía ocurrir dentro del proceso de planificación, adquisición, importación, transporte y almacenamiento, es decir, en todos los pasos para la conservación, distribución y venta de alimentos, lo que nos llevaba a exigir un máximo de eficiencia y superar las fallas que se habían presentado. Es nuestra obligación y nuestro deber”.
NO HAY CONFRONTACIÓN
Descartó cualquier confrontación entre la CGR y los diferentes órganos del Estado, a raíz de esta u otras investigaciones, y recordó que por mandato constitucional y legal, esta institución debe revisar, verificar, auditar y presentar resultados sobre todas las actuaciones de la Administración Pública. “En el caso de los alimentos, sin denuncia alguna, lo hicimos”, acotó.
“Por un lado (los medios), señalan que la CGR no es independiente, no investiga, no sanciona, pero por otra parte dicen que sí denunciamos el burocratismo, la indolencia, la irresponsabilidad de los funcionarios, que sancionamos a mucha gente, incluso a algunos que deberíamos colocarles un altar.
Todo forma parte del interés por demostrar que vivimos en un Estado débil y que la revolución no es tal”, apuntó.
INHABILITACIONES
Sobre las inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos que impone la CGR, Russián dijo que son un proceso rutinario, por lo que dio por hecho que hay candidatos a las elecciones del 26 de septiembre que pueden quedar inhabilitados.
Aclaró que estas personas tienen una protección dada por el hecho de que ya entregaron el listado definitivo de inhabilitados al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Explicó que, debido a una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 2004, para quienes desempeñan cargos públicos por elección popular y resultan inhabilitados, la sanción sólo tiene efecto una vez concluya el período para el cual fueron seleccionados.
De tal manera que si en los comicios de septiembre es electo un candidato sobre el cual pesa una inhabilitación, ésta comienza a regir una vez culmine su ejercicio como diputado.
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