Caracas, 09 May. AVN .- Los decretos leyes contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, para la Dignificación de Trabajadores y Trabajadoras Residenciales y para la Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos, publicados en la Gaceta Oficial 39.668 que circuló este lunes, benefician a quienes han sido históricamente excluidos.
“Son medidas para fortalecer la democracia, el protagonismo popular, el derecho del pueblo a tener viviendas seguras (...) No son medidas contra nadie. Son a favor de quienes fueron históricamente excluidos, para privilegiar los derechos humanos por encima de todo”, sostuvo este lunes el vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua.
Jaua ofreció una rueda de prensa este lunes para destacar los alcances de los instrumentos jurídicos y de otras resoluciones recientes del presidente Chávez. Le acompañaron integrantes del movimiento de pobladores, una red de diferentes organizaciones que luchan por el derecho a un techo y que incluyen Comités de Tierra Urbana (CTU), inquilinos, ocupantes de edificios, conserjes y campamentos de pioneros.
Estas normativas fueron propuestas al primer mandatario por este movimiento, en enero, tras lo cual impulsaron mesas de trabajo con la Vicepresidencia.
Contra desalojos arbitrarios
La Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas protege a los arrendatarios, acomodatarios, ocupantes, adquirientes de casas y trabajadores residenciales contra la desocupación arbitraria, judicial o administrativa.
La normativa restringe la ejecución de desalojos forzosos y los supedita a un procedimiento administrativo previo, que autorizaría su materialización. Si el desalojo se debe ejecutar, se garantiza el respeto de los derechos humanos.
“No prohíbe el desalojo, sólo regula y prohíbe el desalojo arbitrario y semifeudal”, puntualizó Jaua, quien añadió que el instrumento legal asegura también los derechos de los propietarios.
Añadió: “La Ley no busca amparar delitos ni apropiación indebida de vivienda, sino proteger el derecho de la gente, pero también de los pequeños propietarios a disponer de su bien al término del contrato o si no quieren seguir arrendándolo, en el marco de la ley y del respeto a la dignidad humana”.
Ante controversias entre las dos partes, se plantea la posibilidad de una audiencia conciliatoria, que permita resolver el conflicto pacíficamente antes de llegar a instancias administrativas o judiciales. “No puede acudirse a la vía judicial para el desalojo sin agotar la vía conciliatoria”, acotó.
La ley también prohíbe, a los efectos de evitar los impactos emocionales en la familia, y en los niños en particular, que se produzcan desalojos de noche o los fines de semana. Tampoco estarán permitidas las medidas de secuestro cautelares. Una situación en la que sí procede el desalojo es si se declara inhabitable el inmueble.
“Esta ley no significa vulneración a los derechos de propiedad sino que es una protección a la dignidad humana, de las familias”, subrayó el vicepresidente, quien la denominó como una normativa de responsabilidad social para propietarios e inquilinos.
Igualdad para más de 100.000 conserjes
La Ley para la Dignificación de Trabajadores y Trabajadoras Residenciales constituye, en opinión de Jaua, un gran avance en la constitución de una sociedad de iguales.
Beneficia a los conserjes de los más de 100.000 edificios con condominios desplegados en el país, y sólo busca la igualdad de condiciones y derechos laborales para estos trabajadores.
Una sana convivencia entre los trabajadores residenciales y los copropietarios y trato digno para los primeros, quienes son declarados como sujetos de atención especial, son parte de los objetivos de la norma.
El instrumento legal define que las labores de estas personas se reducen a la limpieza y mantenimiento de las áreas comunes, lo que evita que se les exijan tareas que no son de su competencia.
También se les define la jornada de trabajo de ocho horas, tal como el resto de los trabajadores, así como los derechos a la lactancia, maternidad, al estudio y a la recreación. “No son esclavos ni prisioneros de los condominios”, puntualizó Jaua.
“Se trata de normar una situación que el neoliberalismo configuró como un régimen discriminatorio de estos trabajadores. Es simplemente la garantía de sus derechos laborales, establecidos en la Constitución”, agregó.
Estimó que es una normativa que hace justicia y que permite un avance en el rescate de los valores humanos en la sociedad venezolana.
Con esta ley se deroga el régimen especial para estas personas, contenido en la Ley Orgánica del Trabajo vigente.
Jaua catalogó estos regímenes especiales establecidos en la LOT como imposiciones del modelo neoliberal para ensayar la flexibilización de derechos laborales fundamentales. “Es tarea de la revolución ir desmontando esta ley”, ratificó.
Reivindicación de los barrios
La Ley para la Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos es, destacó el vicepresidente, una reivindicación histórica de los ocupantes de los barrios urbanos, que tomaron hace décadas terrenos para construir sus viviendas pero nunca tuvieron la garantía de la propiedad de ese territorio.
Este instrumento legal da a las comunidades urbanas la propiedad comunal del espacio que habitan, así como la propiedad familiar de la parcela que ocupa cada vivienda.
Incorpora la figura del catastro popular por medio del cual la gente levanta la información del barrio y diseña acciones para transformarlo.
Estos tres instrumentos legales fueron dictados por el jefe de Estado en ejercicio de la habilitación para legislar que le confirió la Asamblea Nacional (AN) en diciembre, para enfrentar la contingencia generada por las intensas lluvias de 2010.
