Caracas, 18 Jul. AVN .- La Ley Habilitante de Administración de Costos y Precios Justos tiene como objetivo central la regulación, administración y control para mantener la estabilidad de precios y defender el acceso a los bienes de servicios, en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegia los intereses de la población y no del capital.
El vicepresidente Ejecutivo de la República, Elías Jaua, en reunión con parte del gabinete ministerial, explicó este lunes que esta nueva ley entrará en vigencia este martes y cuenta con 90 días hábiles para su aplicación.
"El nuevo Sistema Nacional de Precios garantizará el funcionamiento de la actividad económica productiva y, fundamentalmente, protegerá a los ciudadanos de los sectores especulativos que se han dedicado a espolear a los venezolanos".
Señaló que el objetivo de crear una estructura formal, para que en 90 días hábiles comience a funcionar la Superintendencia de Costos, “será un sistema acorde a la estructura de costos que nos permitan fijar precios asequibles de los productos”.
Jaua indicó que la Superintendencia tiene la posibilidad de dirigir, coordinar y administrar el funcionamiento de todo el sistema integrado de supervisión de la estructura de costos.
Asimismo, dictar las políticas de regulación y control de precios, requerir a las entidades sometidas a la regulación y control de los datos, informes y documentos sobre sus actividades.
"Es una ley inspirada en los más altos principios de justicia. La ley no busca negar posibilidad de utilidad y de ganancias, sino garantizar transición al socialismo", agregó Jaua.
Instalarán mesas de diálogo
La próxima semana prevé convocar las mesas de trabajo con los sectores productivos privados del país para conocer los alcances de la ley y establecer los equipos de trabajo para determinar los costos de producción.
"Verificaremos la estructura de costos, por eso pedimos transparencia, porque es penado por la ley mentir sobre eso. Queremos que sea un trabajo conjunto entre sector privado y Gobierno, para que se establezca una estructura de costo real", agregó Jaua.
La ley pretende fijar precios que permitan la viabilidad de las empresas, pero también los derechos de los ciudadanos.
Registro Nacional de Costos
Para integrar a todos los sectores productivos del país, el Gobierno iniciará un Registro Nacional de Costos.
En ese sentido, Jaua explicó que habrá un registro nacional en el que se certifica la estructura de costos para cada empresa y para cada sector, donde las personas jurídicas tendrán el acta constitutiva y la última modificación de las empresas.
Los requisitos para la inscripción será la copia de la cédula del representante legal y la planilla electrónica que próximamente será presentada.
Regularán sectores de interés
Sectores como medicamentos, alimentos, materiales de construcción y útiles escolares son los de mayor interés para el proceso de regulación, informó Jaua, quien aclaró que no se regularán los cigarrillos ni las bebidas alcohólicas.
“La nueva ley regulará bienes básicos. El Gobierno no va a delegar en los sectores privados el ajuste de los precios. No vamos a delegar en sectores corporativos la defensa de los intereses del colectivo", expresó.
Sancionarán empresas por incumplimiento
Las empresas que incurran en las normas de la Ley de Costos y Precios Justos podrán ser intervenidas y sujetas a mecanismos que establezca la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
El vicepresidente Jaua dijo que esta nueva instancia estará facultada además para establecer multas, que van hasta 15 salarios mínimos y amonestaciones, inhabilitación y ocupación temporal para mantener la operatividad.
"La Fuerza Armada y la Policía Nacional Bolivariana serán instrumentos auxiliares en esta Ley de Costos. No sólo es una ley destinada a penalizar, también tiene estímulos para favorecer márgenes de ganancias de pequeños productores”, agregó Jaua.
Ley no atacará a sector privado
La Ley de Costos y Precios Justos no pretende atacar al sector privado, tal y como lo ha señalado la cúpula de Fedecámaras recientemente, sino que pretende confrontar a las prácticas especulativas.
Jaua señaló que los empresarios no tienen que sentir temor con esta nueva herramienta legal. Por el contrario, sólo deberán tener temor aquellos que han hecho de la especulación una práctica económica.
Hizo un llamado a los sectores conscientes de la economía privada venezolana a establecer una economía sana en el país.
“Esta ley no está destinada a quebrarlos, ni expropiarlos, ni hacerlos producir sin tener ganancias, o por debajo de la estructura de costos, sino precisamente a garantizar una transparencia. Que el pueblo venezolano sepa cuánto les cuesta producir y cuánto importar”.
