LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, LUISA ORTEGA DÍAZ.
Credito: Aporrea.org
26 abril 2015 - Un total de 856 personas han sido imputadas por el Ministerio Público (MP) por defraudar a la nación con el uso de las autorizaciones de divisas del país para consumos con tarjetas de crédito durante viajes al exterior, precisó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Estos ciudadanos, conocidos como "raspacupos", representan un fraude al país que suma ocho millones de dólares, indicó la fiscal en entrevista en el programa Diálogo Con, transmitido este domingo por la televisora privada Televén.
Señaló que 656 individuos han sido acusados formalmente, 291 están condenados por admitir los hechos y 11 de ellos han recibido la condena en juicio oral y público.
A mediados de abril, el Gobierno trasladó solo a la banca pública la autorización de divisas para viajes al exterior y ajustó los montos por destino, con la visión de garantizar el uso óptimo de estos recursos, que en Venezuela provienen mayoritariamente de la exportación petrolera.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Con respecto a la lucha contra la corrupción, Ortega Díaz hizo énfasis en que el equipo del cuerpo de policía contra este flagelo, designado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha fortalecido el trabajo del MP en este sentido.
"Hemos venido articulando con ellos porque también emplazan al os organismos a corregir el hecho, se piden las sanciones y se logra hacer un seguimiento para que haya la corrección de ese delito", resaltó.
Subrayó que esta labor ha facilitado la solución de los casos satisfactoriamente y se han podido solicitar diversas privativas de libertad.
La fiscal recalcó que dentro del Ministerio Público se mantiene una lucha permanente porque todos sus funcionarios tengan honorabilidad, honestidad, probidad y vocación de servicio, "para que haya confianza en el sistema de justicia penal", insistió.
"Si nosotros tenemos conocimiento de que cualquier fiscal está incurso en una irregularidad, inmediatamente iniciamos el proceso penal, porque nuestro compromiso es con el país de prestar un servicio en el cual no haya duda de que nuestros funcionarios sean unos servidores públicos con principios, valores, ética y con deseo de resolver el problema que se les planea", subrayó.
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