LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, LUISA ORTEGA DÍAZ
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15 Ago. 2014.- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, publicó este viernes un listado de 20 personas, accionistas o representantes vinculados con 13 empresas, acusados por el Ministerio Público (MP) por el uso irregular de divisas.
La información dada a conocer por la representante del Poder Ciudadano vía Twitter menciona a la compañía Inversiones Trébol Rojo, cuyos integrantes Rubén Arráiz, Grusbel David Hernández, Nasser Yamil Trabien, Lilimar Barroso García, Víctor Lozada Ceballos, José Miguel Molina y Darwin José Padilla fueron acusados por obtención fraudulenta de divisas a través de medios electrónicos y contrabando agravado.
De la Comercializadora González CG04 están acusados Javier Orlando González y Luis Gabriel González por obtención ilícita de divisas.
Del mismo modo, de la Importadora Hadi el MP acusó de nuevo a Lilimar Barroso García y a Addul Manzur Morad por obtención fraudulenta de divisas y alteración de documento privado.
Aparece en la lista la Comercializadora Internacional Willhfrankg, de la que fueron acusados Williams Alberto Herrera, Franklin Alexis Gómez y Filia Sandoval Quintero, por obtención fraudulenta de divisas. Sobre los dos primeros recae también el delito de facilitador en legitimación de capitales.
Asimismo, de la empresa Distribución y Producción Agropecuaria está acusado Francisco Fernández González, por uso de certificaciones falsas; mientras que Leopoldo David Díaz y Erling David Urdaneta, de la compañía Medisyst, recibieron la acusación del MP por obtención fraudulenta de divisas en grado de frustración.
Francisco Navas Lugo y José Daniel Stekman están vinculados, a su vez, con seis empresas: Importadora Tumici, Mundo Blanco, CyC Agroinsumo, Distribuidora y Ensamblaje de Venezuela, Inversiones 23019 y Servialimento Import Lara.
Navas Lugo fue gerente de Operaciones de la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y está acusado por legitimación de capitales, asociación para delinquir y cómplice necesario en la obtención fraudulenta de divisas.
Su primo, Stekman Lugo, está también acusado por legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Por último, Carlos Gustavo Hernández y Carlos Iván Hernández Bohórquez, de la empresa Detectalarm, están acusados por obtención de divisas en grado de tentativa.
La semana pasada, la Fiscal publicó dos listados que suman 116 empresas señaladas en investigaciones penales que desarrolla el MP por el uso irregular de recursos en moneda extranjera otorgados por la desaparecida Cadivi, hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).
El lunes, Cencoex anunció una serie de medidas sancionatorias sobre 33 empresas que no acudieron a la convocatoria realizada por el organismo para verificar el correcto uso de divisas autorizadas por el Estado para importaciones.
A tales compañías se les revocó el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad), de manera que no podrán hacer nuevas solicitudes de moneda extranjera, y tampoco podrán participar en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (Sicad 2), un mecanismo que permite acceder a divisas a través de los bancos y casas de bolsa.
Las empresas también se exponen a sanciones penales, pues sus expedientes serán remitidos al Ministerio Público (MP) "ante la presunción de un ilícito cambiario". También pueden ser sometidas a sanciones pecuniarias.
La Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos establece penas de tres a siete años de prisión por delitos como adquisición de divisas mediante engaño o violando normas y su utilización en fines diferentes a los que motivaron su solicitud. Además, se plantean multas del doble de la operación, equivalente en bolívares.
El 20 de julio, el Cencoex informó la activación de un dispositivo especial para verificar el uso correcto de divisas autorizadas a 1.059 empresas. Durante las dos primeras semanas de la ejecución de este plan, que se extenderá hasta el 30 de octubre, fueron convocadas 150 personas jurídicas.
La investigación sobre irregularidades en el uso de divisas otorgadas por el Estado a empresas que importan bienes fue ordenada por el presidente de la República, Nicolas Maduro, quien nombró el año pasado una comisión especial para precisar la utilización de divisas otorgadas por Cadivi en 2011, 2012 y 2013.
En Venezuela rige el control cambiario desde 2003 para la protección de las Reservas Internacionales y garantizar el uso de las divisas del país, provenientes casi totalmente de la exportación petrolera, para los sectores prioritarios, como salud, alimentos y producción.
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