EL MINISTERIO PÚBLICO
Credito: Archivo
4 de Noviembre.- El Ministerio Público imputó al General de División en situación de retiro del Ejercito Nacional (EN), Simón Luis Virgilio Tagliaferro De Lima (76), por su presunta vinculación con la desaparición forzada del líder social Víctor Soto Rojas, quien fue detenido entre el 29 de julio y los primeros días de agosto de 1964 en una alcabala de ese componente militar, en la entrada de Altagracia de Orituco, estado Guárico.
Los fiscales 8° nacional y 125º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Mery Gómez y Armando Saavedra, respectivamente, imputaron este lunes 04 de noviembre al militar, por la presunta comisión de los delitos de desaparición forzada y quebrantamiento de principios y pactos internacionales suscritos por el Estado venezolano.
Tras ser imputado, Tagliaferro De Lima adquiere los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Orgánico Procesal Penal, que le permiten solicitar y evacuar pruebas y diligencias.
Para el momento del hecho, Tagliaferro se desempeñaba como teniente del mencionado componente militar.
Soto Rojas fue miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y luchó contra la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, incorporándose en 1964 a un frente guerrillero.
Ese mismo año fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Policía (Digepol), quienes lo trasladaron al campamento antiguerrillero de Cúpira, ubicado en el estado Miranda; y posteriormente fue declarado desaparecido.
Rescate de la memoria histórica
El 22 de septiembre de 2011, el Ministerio Público interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), varios recursos de revisión de las decisiones tomadas respecto a la muerte del periodista Fabricio Ojeda y las desapariciones forzadas de Víctor Soto Rojas, Noel Rodríguez, Nicolás Montes, Felipe Malaver y Alejandro Tejera.
Esta acción se debió a que el 30 de noviembre de 1998, el suprimido Tribunal 40° de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público del AMC, declaró terminada la averiguación sumaria bajo el alegato de que tales casos estaban prescritos conforme con el último hecho denunciado que fue en 1980.
Posteriormente, el 28 de diciembre de 1998, el Juzgado Superior 22º del AMC confirmó la decisión de declarar terminada la averiguación sumaria, prevista en el extinto Código de Enjuiciamiento Criminal.
A juicio del Ministerio Público, tales decisiones representaron errores grotescos, pues la desaparición forzada ejecutada por funcionarios del Estado es un delito permanente de lesa humanidad, tal cual lo determinó la sentencia del 25 de abril de 2000 en el caso de Marcos Antonio Monasterios Pérez.
El 09 de noviembre de 2011, la Sala Constitucional del TSJ declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público, anuló las actuaciones procesales subsiguientes y ordenó la remisión de los expedientes.
Es importante destacar que este caso ha sido impulsado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a través de la creación de la comisión especial de fiscales que investiga los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el período 1958-1998.
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