Ministro Molina: Estado venezolano pondrá coto a la especulación en el mercado inmobiliario

Caracas, 12 Jul. AVN .- A fin de democratizar el acceso a los créditos para la adquisición de viviendas, el Estado venezolano pondrá coto a la especulación en el mercado inmobiliario.

“Estamos empeñados en regular el mercado especulativo inmobiliario. Una familia con cuatro o cinco salarios mínimos de ingreso mensual hoy en día no tendría acceso (a créditos) si permitimos que sigan los costos especulativos inmobiliarios”, dijo este lunes el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, quien añadió que un control sobre este aspecto debe nacer producto del consenso o de un acuerdo nacional.

“Todos tenemos que estar conscientes de que una vivienda de 70 metros cuadrados, cuyo costo de producción está en el orden de los 230.000 bolívares, no puede seguir siendo vendida en un millón de bolívares”, añadió.

“En la medida en que nosotros sinceremos el costo de construcción y la relación costo-precio, vamos a garantizar accesibilidad a todas las familias venezolanas. Mientras sigamos permitiendo la incidencia de los especuladores en el mercado inmobiliario, eso no se va a poder normalizar nunca”, dijo el ministro, quien integra también el Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat.

Y agregó: “Estamos diciendo que es necesario poner un tope, como lo estamos poniendo en la Gran Misión Vivienda Venezuela, al costo de construcción y al precio de venta, para garantizar la accesibilidad al crédito”.

Dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela, un programa diseñado por el Gobierno del presidente Hugo Chávez para combatir el déficit habitacional, el costo de los apartamentos está situado en 270.000 bolívares.

Los venezolanos cuentan ahora con condiciones preferenciales, aprobadas por el Jefe de Estado en el marco de la Gran Misión, para obtener créditos hipotecarios, por ejemplo, y tasas de interés según el ingreso familiar: 4,66% para quienes devenguen menos de cuatro salarios mínimos; 8,55% entre cuatro y seis salarios mínimos; 10,55% entre seis y ocho salarios, y 14,39% para quienes ganen más de ocho salarios mínimos.

La cuota inicial está exonerada para quienes ganen menos de dos salarios mínimos; y puede ser de 2% (para quienes obtengan ingresos de entre dos y tres salarios mínimos), 5% (entre tres y cuatro salarios), 10% (entre cuatro y cinco salarios) y 20% (más de seis salarios).

Adicionalmente, quienes ganen menos de un salario mínimo tienen un subsidio por el costo total de la vivienda, el subsidio es de 80% del costo total para las familias que ganen hasta un salario mínimo, si perciben dos salarios mínimos es de 54%, si perciben tres salarios mínimos el subsidio es de 28% y para cuatro salarios mínimos es de 2,58%.

Bs. 12.000 millones para nuevas viviendas

El ministro reiteró en la rueda de prensa de este lunes que más de 12.000 millones de bolívares por concepto de 12% de la cartera hipotecaria se destinarán a construcción de viviendas.

El aumento de 2% en esta gaveta, aprobado en mayo pasado, busca privilegiar justamente el levantamiento de unidades nuevas, ya que la mitad de la cartera está dirigida a construcción.

Una mesa de trabajo integrada por la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) evalúa y afina el esquema de financiamiento.

La resolución del Minvih publicada en la Gaceta Oficial del 2 de mayo pasado establece que 80% de los recursos que se dirigen a préstamos para que las personas adquieran vivienda principal tiene que cubrir a familias con ingresos mensuales de hasta tres salarios mínimos, y el 20% restante para familias con entre tres y cinco salarios mínimos al mes.

Consultado sobre qué pasará con aquellos grupos que devenguen más de cinco salarios mínimos, Molina señaló que esto lo analiza también la mesa de trabajo constituida con la banca. “No se ha limitado el acceso al crédito. Es un tema de indisposición de los bancos por una interpretación que hicieron ellos”, expresó.

Dijo que la decisión al respecto no se establecerá en una norma sino desde la mesa de trabajo donde confluyen la ABV, la banca pública y privada y el sector gubernamental. “Es una definición consensuada, no normativa”, puntualizó.

Faov para los trabajadores

El ministro también destacó que al igual que con la cartera hipotecaria, la redistribución de los recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio para Vivienda (Faov), destinados a créditos hipotecarios para la construcción y adquisición de vivienda principal, busca privilegiar la construcción de viviendas para los mismos trabajadores, cuyos aportes alimentan el Fondo.

El punto de cuenta aprobado por el presidente Hugo Chávez, el 26 de abril pasado, establece que 70% del Faov estimado para este año se destinará a construcción de viviendas. Esto indica que 2.980 millones de bolívares de este fondo, cuyo monto total se proyecta en 4.258 millones de bolívares, estarán dedicados a la construcción.

De ese monto, 70%, 2.086,42 millones de bolívares, estará destinado a familias con ingresos mensuales menores a tres salarios mínimos, mientras que los 894 millones de bolívares restantes serán para familias con ingresos mayores a esos tres salarios.

15% del Faov (estimado en 638,70 millones de bolívares) será para préstamos para la adquisición de vivienda principal: 80% de esa cifra (510,96 millones de bolívares) para familias con ingresos menores a tres salarios mínimos con énfasis en la compra de casas del mercado primario (nuevas) y 20% (127,74 millones de bolívares) para familias con ingresos mensuales mayores a tres salarios mínimos.

Además, se prevé 7,5% del Fondo (219,35 millones de bolívares) para mejoras, reparación y ampliación de vivienda principal, para grupos con ingresos menores a cinco salarios.

El otro 7,5% está destinado a préstamos para autoconstrucción de vivienda principal, para familias con ingresos mensuales menores a cinco salarios mínimos.

Esta medida del Ejecutivo Nacional fija como monto máximo a financiar con recursos del Faov 270.000 bolívares por beneficiario, y le asigna al Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat la selección de los proyectos habitacionales a financiar con este dinero y de las familias a ser atendidas.