“Cocoon” o Polar: la conspiración tiene marca corporativa

Nuevos datos confirman que tras la “operación Guaidó” se encuentran intereses de la burguesía comercial-importadora bajo la tutela de sus asesores y operadores financieros

Víctor Hugo Majano

Las revelaciones sobre la existencia de un grupo de "consultoría" que bajo el nombre código "Cocoon 2.0" y conformado por empresarios y asesores privados, discutía acciones de ofensiva financiera y política contra Venezuela, junto a Juan Guaidó y Leopoldo López, confirma que tras la conspiración se encuentran sectores muy definidos de la burguesía comercial e importadora.



Los datos ofrecidos el jueves por el ministro de Comunicación, Jorge Rodriguez, se suman a toda una serie de informaciones que permiten entender que la autoproclamación es un proyecto corporativo donde destaca como conductor el académico de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann.



En el caso concreto expuesto con los datos del teléfono y la confesión de Roberto Marrero (asistente de Juan Guaidó) un total de 24 hombres y una sola mujer (siempre en los “colectivos” opositores las mujeres son muy pocas o no están) analizaban la posibilidad de bloquear los pagos con tarjetas de crédito y débito, la confiscación de Citgo y cambios en la fuerza armada.



En el grupo interactuaban 15 asesores privados o empresarios y solo 10 políticos “profesionales”, incluidos Leopoldo López (administrador del grupo), Juan Guaidó y el dueño del teléfono y delator, Roberto Marrero.



Por la parte empresarial (además de Hausmann) figuran muy activos el joven economista Douglas Barrios (egresado de la corporativa Universidad Metropolitana), y el abogado José Ignacio Hernández, el designado “procurador especial”, quienes forman parte del equipo de Hausmann en el centro para el desarrollo internacional en la escuela de gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard.



Asimismo en el debate intervienen el abogado del prestigioso bufete corporativo D´Empaire, Victorino Márquez, quien es uno de los siete jóvenes de la burguesía caraqueña que fundaron el núcleo originario del partido Primero Justicia en 1998. Mientras que también lo hace el empresario Octavio Lara Fernández, allegado a banqueros involucrados en la crisis de 2009 como Guillermo Zuloaga (Banco Federal) y Arturo Siso Sosa (Banco Real).



Sin embargo, el elemento que permite establecer con mayor nitidez la vinculación de un sector empresarial con la conspiración a lo largo de una década (al menos) es el llamado Plan País, adoptado oficialmente por Juan Guaidó como programa de gobierno a finales de enero.



En realidad el Plan País no es nuevo pues su creación formal se remonta a marzo-abril de 2011 durante una conferencia en la Universidad de Yale en el estado de Connecticut adonde acudieron estudiantes venezolanos de casas de estudio como la Universidad de Georgetown, de Boston, Nueva York, Tufts, Internacional de Miami, Northwestern, entre otras.



Todas son universidades auspiciadas por corporaciones privadas, con matrículas que promedian los 50 mil dólares al año, por lo que se comprenderán que sus alumnos son parte de una verdadera élite que ni remotamente se podrían comparar con quienes estudian en las más costosas universidades venezolanas.



Entre los estudiantes organizadores de las primeras conferencias estaban Agustín Paniagua, Ilan Szekely Levy, Nelson Ortiz y Joanna Hausmann Jatar, ésta última hija de Ricardo Hausmann, y que desde 2009 venía planteando la formación de una organización que agrupara a esa élite gerencial, descendiente directa de grupos familiares empresariales. Mientras que participaron como conferencistas Ricardo Hausmann, Nelson Ortiz, Ana Julia Jatar, Ramón Espinasa y Luis Pedro España, entre otros.



Plan País es una especie de “think tank” (centro de producción de conocimiento) y de laboratorio de propaganda que fue registrado como una corporación sin fines de lucro en el estado de Connecticut en noviembre de 2011 y cuyos directivos fundadores son Juan Pío Hernández, Agustín Paniagua, Ilan Szekely, Nelson Ortiz y Carlos Ruiz. Siguen siendo sus actuales gerentes.



Son egresados de Georgetown o Yale con trabajos en compañías de banca privada o asesoría económica en las áreas de Washington, Nueva York o Boston, y sus clientes son inversores especulativos, fondos buitres y grupos de negocios orientados a Latinoamérica.



En las siguientes conferencias (que se realizan anualmente en el primer trimestre) se fue definiendo el perfil neoliberal del proyecto con una presencia más abierta del equipo de Hausmann como Miguel Angel Santos, José Manuel Puente o Rodrigo Diamanti (detenido en las “guarimbas” de 2014).



Así como continuó la participación en el tema petrolero de Ramón Espinasa (execonomista jefe de PDVSA fallecido recientemente), Francisco Monaldi (IESA-Kennedy School-Baker Institute) y de Luisa Palacios, “designada” por Guaidó como especie de CEO de CITGO



También a partir de 2015 la conferencia fortaleció su aspecto propagandístico con la incorporación de “voceros” y “predicadores” como Laureano Márquez, César Miguel Rondón, Valentina Quintero y Asdrubal Aguiar de IDEA, el organismo que reúne a expresidentes neoliberales de América Latina y España como Aznar, Oscar Arias, Laura Chinchilla, Pastrana o Tuto Quiroga.



A través dela conferencia del Plan País en 2014 comenzaron a proyectar internacionalmente a Juan Requesens, Rodrigo Diamanti y a Roberto Patiño Guinand (atentos a ese nombre en las próximas líneas.)



Pero volvamos a 2015 cuando se reveló una conversación entre Ricardo Hausmann y el presidente de Polar, Lorenzo Mendoza. “Yo estoy en guerra” le precisó el empresario al economista, quien a su vez comentaba que el monto de financiamiento proveniente del FMI, requerido por Venezuela, se calculaba en 60 mil millones de dólares.



El plan de Hausmann , expuesto grosso modo desde 2014, prevé una moratoria o suspensión de pagos de la deuda externa y destinar esos recursos y los provenientes de los multilaterales a recuperar y mantener un ritmo de importaciones similar a los de años de Cadivi y que llegaron en 2012 a superar los 50 mil millones de dólares.



Ese programa se mantiene y así lo ha confirmado un encuentro que sostuvo Miguel Angel Santos (segundo a bordo de Hausmann) con tenedores de bonos venezolanos en un escritorio legal de Nueva York la primera semana de abril. Allí expuso la decisión de un hipotético nuevo gobierno de Guaidó de decretar una restructuración de más de 150 mil millones de dólares. La medida implica claramente una postura que favorece a los sectores comerciales e importadores y que “afecta” a la burguesía financiera y sus aliados globales, que hasta ahora habían venido recibiendo sus pagos al vencimiento durante los últimos 4 o 5 años.



Obviamente, con nombre y apellido, uno de los grupos más favorecidos serían las Empresas Polar.



Sobre la presencia de Polar en la orientación de la conspiración hay que mencionar al joven Roberto Patiño Guinand, quien es el coordinador del voluntariado para la ayuda humanitaria.



Su madre es Marisa Guinand, quien es la segunda o tercera ejecutiva del grupo empacador de alimentos (incluso antes de que el control lo tuviera Mendoza), es egresado de la escuela Kennedy de Harvard y dirige un programa de comedores para niños en zonas populares de Caracas. Tiene una poderosa proyección internacional, con visitas de los embajadores europeos a las zonas donde opera y acompañó a Borges en gira europea de 2017 durante la cual tuvo una cuidadosa cobertura por agencias de prensa.



Uno dato medular para confirmar que la “operación Guaidó” es corporativa es justamente la ausencia de una alianza de partidos. Sólo aparecen algunos dirigentes de Voluntad Popular pero ni siquiera se puede asegurar que están todos. Pero los que no faltan son los asesores empresariales de Polar, quienes como el “procurador especial”, José Ignacio Hernández, han asumido posiciones de poder.



La versión original de esta nota se publicó en el periódico Cuatro F

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Aram Aharonian / Rebelion

Los comicios presidenciales fijados inicialmente para el 22 de abril, se efectuarán junto con las elecciones para los consejos legislativos y concejos municipales el domingo 20 de mayo, luego  del acuerdo de garantías electorales suscrito entre las fuerzas políticas que respaldan la reelección de Nicolás Maduro y Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS) y Copei, que apoyan la postulación del opositor Henri Falcón.

En realidad, el acuerdo significa el fin de la coalición opositora llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el inicio del eventual surgimiento de nuevos liderazgos en la oposición, y también en un anquilosado oficialismo. El acuerdo fue producto de conversaciones secretas, en las que el gobierno accedió a cambiar la fecha electoral, respetar el periodo de la Asamblea Nacional (con mayoría opositora), alargar el plazo de inscripción, entre otras concesiones, persuadido de que la otra oposición inscribiría un candidato.

Pero todo fue un engaño… como en Santo Domingo. Pero lo que parece más interesante, es que en esos tres días, a pesar de esas deserciones, se dieron pasos significativos para consolidar la paz y tranquilidad que estamos viviendo desde hace meses, y que nos hacen suponer que tendremos un proceso electoral en paz, señala Eleazar Díaz Rangel, director de Últimas Noticias.

De todas formas, las partes también acordaron proponer al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, "se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral amplia y calificada para todas las fases del proceso electoral, así como de otras instancias y organizaciones internacionales mutuamente acordadas", refiere el texto firmado el 1de marzo en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Igualmente establece que se favorecerá la equidad en el acceso a los medios públicos y privados y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral y se prevé efectuar una nueva jornada para el registro electoral tanto en Venezuela como en el extranjero, así como la reinstalación de los centros de votación que fueron movidos por las acciones de violencia y terrorismo político vividos en 2017.

Luego de muchos conciliábulos, marchas y contramarchas, los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) habían decidido abstenerse de concurrir a los comicios presidenciales del 22 de abril, ante la imposibilidad de lograr una candidatura única, e inducidos por las presiones de Estados Unidos y la llamada comunidad internacional.

Pero la presentación de cinco candidaturas –más allá de la de Maduro- dejó en claro la falta de consenso en la decisión. La inscripción oficial de Henri Falcón, respaldado por Avanzada Progresista (AP), el Movimiento al Socialismo (MAS) y la democristiana Copei, solo evidencia las divisiones dentro de la MUD. La del pastor Javier Bertucci, en representación del grupo Esperanza por el Cambio, marca la participación evangélica en busca del poder terrenal (puede dar la sorpresa en elecciones distritales).

Hasta la semana pasada, la estrategia opositora estaba dirigida a la acumulación de fuerzas dentro del sistema y de sus instituciones; ahora, lejos de dar la pelea lectoral, esperan que las decisiones se tomen fuera del país con la ingenua presunción que ellos ser´n quienes dirijan los destinos un vez que caiga el gobierno bolivariano.

Estos sectores oposicionistas, con mayor repercusión en el exterior que en el país, siguen afirmando que no existen condiciones para participar en una “farsa”, “simulacro electoral” en la procura del reconocimiento del “fraude”, legitimidad y reconocimiento internacional. A 80 días de los comicios, otros previenen contra los peligros de la abstención, llaman a participar y no perder la oportunidad de construir con el esfuerzo de todos los opositores “un nuevo país con un nuevo gobierno”.

Mandan los factores externos

La reciente resolución de la OEA que pretende descalificar las próximas elecciones venezolanas es otro paso en los reiterados intentos de crear un clima favorable a una intervención armada en Venezuela con el pretexto de brindar ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Es esa larga guerra económica y financiera que incluye el bloqueo de fondos, reforzada con las sanciones contra Venezuela, la que han provocado el desabastecimiento en el país (a lo que hay que sumar la ineficiencia e ineficacia oficial).

Para dejarlo en claro, esta posición adoptada por la oposición deja en manos de los factores externos la conducción de lo que pueda acontecer: ya no sería fácil retornar al rumbo anterior y las consecuencias se van a expresar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, los espacios electorales de oposición serían ocupados por organizaciones de menor peso (inclusive evangélicas), y un cerco financiero y comercial, y un embargo petrolero, traerán mayor padecimiento para la gente y afectará completamente el aparato productivo venezolano.

Y Washington sigue su juego, y extendió por un año más del decreto ejecutivo que declara a Venezuela como una “amenaza extraordinaria e inusual” a la seguridad de Estados Unidos. Para la cancillería venezolana, la decisión tiene el único objeto de promover y justificar el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucionalmente electo del presidente Maduro.

La megaelección convocada para el 20 de mayo puede conducir a un panorama de depuración de los liderazgos políticos dentro de la oposición, pero también a lo interno del chavismo. La reprogramación sugiere que el oficialismo entiende la necesidad de otorgar concesiones para poder garantizar la gobernabilidad.

Este final debe entenderse como un complicado proceso de negociación política, que le sirve a Maduro para unir la votación presidencial a la escogencia de 2.436 concejales y 233 legisladores regionales, lo que le permitirá forzar a las bases del chavismo (incluso a las descontentan con sus gestión) a participar activamente en la campaña electoral.

Maduro parece prisionero de la legitimidad que le puede otorgar la llamada comunidad internacional, sobre todo frente a una situación económica, financiera y petrolera dramática y necesita disminuir sus críticas ante una eventual victoria oficialista, especialmente si los observadores de la ONU avalan el proceso comicial, que fragmentará aún más a la oposición a y posicionará nuevos liderazgos y partidos como referentes de un nuevo proceso de negociación política.

Depuración de liderazgos

Todo hace pensar que habrá una depuración de los liderazgos dentro de la oposición, pero también a lo interno del bolivarianismo. El CNE puede facilitar que el voto se emita “entubado” (a través del botón ”seleccionar todo”) para evitar que las bases del chavismo pueden tener la tentación de no respaldar a Maduro y favorecer al círculo de poder del mandatario y no de quienes se lo disputan dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) .

Por su parte, Henri Falcón puede convertirse paulatinamente en un actor con peso específico dentro de la oposición, la misma que decidió mantenerlo al margen del proceso de negociación en República Dominicana. No tiene el respaldo de la estructura técnica y logística de la oposición y no parece probable que la dirigencia de los principales partidos de la exMUD lo apoye abiertamente. .

El politólogo Leopoldo Puchi señala que en un plano más amplio, los partidos que apuestan a las sanciones tendrán que redefinir la naturaleza de sus actividades, ahora al margen del sistema, porque para una organización política no es suficiente la espera o la hibernación. Para el país, las consecuencias pueden ser demoledoras, independientemente de los resultados de la nueva estrategia. La estrategia del oficialismo parece ser la de derrotar con más democracia la grave amenaza de intervención militar de Estados Unidos.

Hasta ahora, la democracia, tanto representativa como participativa, junto a la sólida unión cívico-militar, ha sido el arma más efectiva contra el permanente estado de guerra económica y golpismo fomentado por Washington y el llamado Grupo de Lima (GL), señala Angel Guerra.

El presidente de la consultora Datanálisis, Luis Vicente León –habitual guionista de la oposición- criticó la postura de la MUD y aseguró que la decisión solo “genera dudas en la población” al no saber qué pasará en el país luego de los resultados de las presidenciales. Aseguró que es fundamental que se presente una ruta de acción, de no participar en las elecciones.

En estos escasos tres meses hasta las megaelecciones, la ciudadanía necesita conocer las propuestas de los candidatos para afrontar la devastadora crisis multidimensional que destruye el país. La socióloga Maryclén Stelling asegura que la gente demanda cifras, planes, medidas, compromisos, plazos y resultados esperados; pero sobre todo insta al dialogo, a la negociación y acuerdos trascendentes que den paso al reconocimiento del otro, la paz y la convivencia en democracia. Pero, ¿la crisis esperará hasta las elecciones para que le encuentren soluciones?