«Denunciamos ante el mundo que se trata de una operación de crimen organizado transnacional para robarse los recursos de Venezuela. Una gran estafa mundial», advirtió la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, tras la decisión de una corte de apelaciones estadounidense de entregarle a la minera canadiense Crystallex los activos de la empresa Citgo, propiedad de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, como cobro por 1.400 millones de dólares que supuestamente le adeudaría el país suramericano.
Durante una rueda de prensa el miércoles 31 de julio en el Palacio de Miraflores, Caracas, el Gobierno Nacional denunció el despojo a la nación por parte de miembros de Voluntad Popular con apoyo del gobierno de Estados Unidos.
Entre los implicados se encuentran Carlos Vecchio, José Ignacio Hernández y Ricardo Hausmann, quienes fueron nombrados por Juan Guaidó como sus representantes para planificar acciones contra los venezolanos.
Las afirmaciones de la Vicepresidenta de la República tienen como base varias capturas de conversaciones obtenidas del teléfono de un colaborador de Guaidó, Roberto Marrero, detenido y acusado por la justicia venezolana por legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración.
En una serie de tuits publicados en la cuenta de la red social Twitter @latabla_blog del Blog de la Tabla informan que el procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, también fue experto legal de Owen Illinois y cobró 163 mil dólares por informe que permite embargo de Citgo.
Procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, también fue experto legal de Owen Illinois en arbitraje contra Venezuela y cobró 163 mil dólares por informe que permitiría embargo de #Citgo
Abrimos hilo #LaTabla pic.twitter.com/rEPgk5Rif4
— La Tabla (@latablablog) August 2, 2019
La transnacional del vidrio demandó en FEB2019 a Pdvsa y Citgo ante un tribunal de Delaware con el fin de exigirle el pago de 500 millones de dólares acordados en 2015 como indemnización por la expropiación de 2 sus plantas en 2010 (tras lo cual se creó Venvidrio), destaca en otro tuit.
Procurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, también fue experto legal de Owen Illinois en arbitraje contra Venezuela y cobró 163 mil dólares por informe que permitiría embargo de #Citgo
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— La Tabla (@latablablog) August 2, 2019
Asimismo, en otro mensaje precisa que se trata de los mismos argumentos contenidos en un informe que como «experto legal» también presentó Hernández en el caso del arbitraje de la canadiense Crystallex por la supuesta expropiación de un proyecto aurífero en 2011.
Pese al evidente conflicto de intereses (que como «procurador» lo enfrentaba a sus «antiguos» clientes) Hernández siguió actuando como representante de Venezuela y así lo evidencia, por ejemplo, un tuit con detalles sobre las diligencias frente a OI en mayo 2019.
Por su actuación como experto legal y la elaboración del argumento del «alter ego», Hernández cobró 163 mil 720 dólares según la relación de costas presentada por Owen Illinois en el caso de arbitraje ARB/11/25 del CIADI.
Un dato que puede ser esclarecedor es el hecho de que Empresas Polar (principal cliente del bufete de Hernández) era el socio minoritario de Owen Illinois en Venezuela y el más importante comprador de sus envases, como botellas y frascos de vidrio.
La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, confirmó que Hernández fue el abogado de Crystallex, empresa canadiense que reside en Estados Unidos, y con la decisión del militante de Voluntad Popular (VP), Juan Guaidó y Carlos Vecchio, entre otros, ordenaron el robo de los activos de Citgo.
A continuación las claves de cómo se originó la apropiación indebida de los activos de la nación:
Asamblea Nacional en desacato nombra como procurador a José Ignacio Hernández y como supuesta nueva junta administradora de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a Carlos Vecchio y Ricardo Hausmann.
Autoridades venezolanas revelan una serie de capturas de conversaciones obtenidas del teléfono del colaborador, Roberto Marrero, detenido y acusado por la justicia venezolana por legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración.
Crystallex no poseía título legítimo ni derecho de propiedad sobre la mina de oro en Venezuela y solo tenía un contrato de operaciones de servicios que fue revocado por el Plan Ambiental entre 2007-2009.
En 2007, el supuesto abogado ante la corte de EE.UU. afirmó que Pdvsa y la República Bolivariana de Venezuela eran la misma entidad jurídica.
En agosto de 2018, el juez Leonard P. Stark, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Wilmington (Delaware), autorizó la incautación de Citgo por parte de Crystallex; activos en Venezuela nacionalizados en 2008.
El 29 de julio 2019, la Corte Federal de Apelaciones de EE.UU. rechazó una apelación de Pdvsa para anular una orden que permitiría a Crystallex tomar ciertos activos para cubrir una sentencia a su favor de 1.200 millones de dólares.
El 31 de julio de 2019, el Gobierno venezolano denunció la operación ilegal de la empresa Crystallex contra activos del país. La vicepresidenta Ejecutiva lo calificó como una violación completa del Derecho Internacional.
El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación penal en contra de Hernández, por su «participación fraudulenta» como representante del Estado venezolano ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EE.UU. en Filadelfia.
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