Roberto Follari / El Telégrafo
En Venezuela ya se está en un estado superior del ‘golpe blando’. Allí la ofensiva mediática ha dado sus resultados: ahora se procede a la realización de un acto electoral opositor irregular, carente de todo control externo, y a pretender instaurar una suerte de ‘estado paralelo’.
Si bien es cierto que los mejores momentos del gobierno popular chavista ya no están, y que algunos errores de Maduro más la férrea acción de oposición han minado en mucho la situación, lo cierto es que las guarimbas son modos violentos y antidemocráticos de resistencia civil, y que el golpismo de los opositores venezolanos es indisputable, a partir del ataque de 2002 instaurando un gobierno alterno por la fuerza, que se cayó en una noche, pero pretendía sostenerse a largo plazo. Hoy esos golpistas hablan de sí mismos como portadores de ‘democracia’ y de ‘unidad nacional’, lo cual -visto su partidismo extremo- suena entre risible y grotesco.
En Brasil, el ataque mediático se une al judicial, como en tantas otras latitudes. La condena a Lula suena como pretensión de proscripción al candidato con mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales. Mientras, un presidente deslegitimado y acusado de corrupción lanza sin consenso alguno una brutal reforma laboral, que incluye, por ej., que las embarazadas puedan realizar trabajo insalubre, o que las vacaciones de los trabajadores puedan ser segmentadas unilateralmente según decisión empresarial.
En Argentina, el inaudito juez Bonadío -personaje que llegó a su cargo en tiempos de la corrupción menemista- la emprende contra la expresidenta Cristina F. de Kirchner, y declara que lo suyo no es una persecución. Si no lo fuera, él no necesitaría aclararlo; pero es obvio que se trata de persecución. Es que el neoliberalismo teme electoralmente a la expresidenta, la cual, en su momento, no quiso ampararse en fueros legislativos. Ahora sufre el acoso judicial, acompañado del fuego mediático que pretende mostrar como corrupto a su gobierno, según la vieja consigna golpista de desprestigiar lo popular para atacarlo.
En Ecuador, el establishment enfrenta al vicepresidente, que ocupó el mismo cargo en el gobierno anterior, también de Alianza PAIS. La acusación parece no alcanzar rango judicial suficiente, de modo que se ha trasladado a la Asamblea. Se pretende allí juzgarlo, aparentemente por responsabilidades, no suyas, sino de algunos subordinados.
Los medios hegemónicos, por supuesto, acompañan y promueven. El nuevo presidente ha sido claro en que no amparará corrupción, pero también en que busca criterios de equidad y justicia, por lo que su personal posición en este caso ha de tener singular importancia.
Ante estos diversos avatares nos encontramos en la actual situación sudamericana. Ojalá que la colusión mediática con la de procesos judiciales (o cuasijudiciales) no se siga perpetrando, pues afecta desde su base la condición democrática en la región, y llama a ir buscando nuevas herramientas institucionales de control social para esos espacios.
En Venezuela ya se está en un estado superior del ‘golpe blando’. Allí la ofensiva mediática ha dado sus resultados: ahora se procede a la realización de un acto electoral opositor irregular, carente de todo control externo, y a pretender instaurar una suerte de ‘estado paralelo’.
Si bien es cierto que los mejores momentos del gobierno popular chavista ya no están, y que algunos errores de Maduro más la férrea acción de oposición han minado en mucho la situación, lo cierto es que las guarimbas son modos violentos y antidemocráticos de resistencia civil, y que el golpismo de los opositores venezolanos es indisputable, a partir del ataque de 2002 instaurando un gobierno alterno por la fuerza, que se cayó en una noche, pero pretendía sostenerse a largo plazo. Hoy esos golpistas hablan de sí mismos como portadores de ‘democracia’ y de ‘unidad nacional’, lo cual -visto su partidismo extremo- suena entre risible y grotesco.
En Brasil, el ataque mediático se une al judicial, como en tantas otras latitudes. La condena a Lula suena como pretensión de proscripción al candidato con mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales. Mientras, un presidente deslegitimado y acusado de corrupción lanza sin consenso alguno una brutal reforma laboral, que incluye, por ej., que las embarazadas puedan realizar trabajo insalubre, o que las vacaciones de los trabajadores puedan ser segmentadas unilateralmente según decisión empresarial.
En Argentina, el inaudito juez Bonadío -personaje que llegó a su cargo en tiempos de la corrupción menemista- la emprende contra la expresidenta Cristina F. de Kirchner, y declara que lo suyo no es una persecución. Si no lo fuera, él no necesitaría aclararlo; pero es obvio que se trata de persecución. Es que el neoliberalismo teme electoralmente a la expresidenta, la cual, en su momento, no quiso ampararse en fueros legislativos. Ahora sufre el acoso judicial, acompañado del fuego mediático que pretende mostrar como corrupto a su gobierno, según la vieja consigna golpista de desprestigiar lo popular para atacarlo.
En Ecuador, el establishment enfrenta al vicepresidente, que ocupó el mismo cargo en el gobierno anterior, también de Alianza PAIS. La acusación parece no alcanzar rango judicial suficiente, de modo que se ha trasladado a la Asamblea. Se pretende allí juzgarlo, aparentemente por responsabilidades, no suyas, sino de algunos subordinados.
Los medios hegemónicos, por supuesto, acompañan y promueven. El nuevo presidente ha sido claro en que no amparará corrupción, pero también en que busca criterios de equidad y justicia, por lo que su personal posición en este caso ha de tener singular importancia.
Ante estos diversos avatares nos encontramos en la actual situación sudamericana. Ojalá que la colusión mediática con la de procesos judiciales (o cuasijudiciales) no se siga perpetrando, pues afecta desde su base la condición democrática en la región, y llama a ir buscando nuevas herramientas institucionales de control social para esos espacios.
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