(Caracas, 3 de abril – AVN).- El Gobierno nacional y 17 empresas privadas que se encargan de la importación, distribución y comercialización de ropa y artículos para el hogar firmaron este jueves, en el Palacio de Miraflores, en Caracas, un convenio que permitirá el establecimiento de precios justos.
Video: VTV/ 3 de abril de 2014
“Quiero que valoremos en su justo lugar este paso que estamos dando con la Ley Orgánica de Precios Justos. Esta no es una ley para temer, no, es para vencer, para trabajar y forma parte del cuerpo de leyes normativas para construir un nuevo orden económico interno productivo, diversificado, integrador. Los pasos que estamos dando van a buen nivel, van demostrando que es correcto la aplicación de nuevas normas, para que todos salgamos ganando”, sostuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, en transmisión conjunta de radio y televisión.
Explicó que en ese marco se han realizado un conjunto de reuniones para la firma de convenios de trabajo, producción y de cooperación entre el Estado y empresas nacionales e internacionales, al tiempo que reiteró el compromiso del Ejecutivo de resolver los inconvenientes que se presenten en el campo financiero, tanto en bolívares como en divisas, para el correcto funcionamiento del sector empresarial.
Maduro recalcó que estas acciones son necesarias para continuar regularizando la economía y en la búsqueda de lograr el equilibrio productivo, en aras de que este sector se fortalezca y se traduzca en igualdad social y prosperidad para el país.
En la reunión participaron los representantes de las empresas Graffiti, El Tijerazo, Traki, Tiendas Macuto, Centro Beco, EPK, Zara, Pull and Bear, Acadia, Abismo, Tennis Shop, Planeta Sport, Aldo, Timberland, entre otros.
La Ley Orgánica de Precios Justos, que entró en vigencia el 23 de enero de este año, fue diseñada por un equipo de abogados dirigidos por el presidente Maduro, quien la aprobó vía habilitante, como una herramienta más para hacer frente a la guerra económica que provocó una ola especulativa el año pasado e hizo que empresarios y comerciantes del país vendieran productos esenciales con precios hasta 2.000 % por encima de su valor real.
La mencionada norma establece ganancias máximas de 30 % para garantizar precios justos, de acuerdo con la estructura de costos de producción y no de la especulación.
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