Caracas, 30 Mar. AVN.- La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys María Gutiérrez, reafirmó este domingo que la justicia que se aplica en Venezuela está estrictamente enmarcada en un Estado democrático y social, de derecho y de justicia, tal y como establece la Constitución Nacional.
"La justicia es cada vez más cercana a los ciudadanos, luchando contra la impunidad, con el fin de evitar conductas y la repetición de conductas constitutivas de delito. Avanzamos hacia una justicia para las mayorías", sentenció Gutiérrez, entrevistada en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.
"Nuestra misión, por mandato constitucional y legal, es tomar decisiones conforme a las necesidades del pueblo venezolano", agregó.
Recordó que en el pasado, la administración de justicia se vinculaba con indicaciones que recibían de otros poderes. "Hoy en Venezuela contamos con un Poder Judicial autónomo y hacemos llegar al colectivo la seguridad de contar con un sistema de justicia que depende solamente del bien común".
Gutiérrez reconoció en el Poder Judicial venezolano un enclave jurídico y social, de acompañamiento al resto de los poderes públicos, que avanza en concordancia con las transformaciones y los cambios sociales que vive el país.
Al respecto, señaló: "Hemos avanzado en la justicia desde lo social, cuando se atiende la educación, la alimentación, la seguridad, la salud. Desde el Poder Judicial además acompañamos el esfuerzo del Estado en todos sus poderes, firmes cada uno en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, trabajando siempre por el colectivo y cumpliendo los mandatos que el pueblo les asigna".
Madurez política del pueblo y cercanía con las comunidades
"Hay un reconocimiento desde el Poder Judicial al pueblo venezolano de todos los sectores, de todos los signos ideológicos, como han demostrado una gran madurez política y ciudadana, que no han atendido esos llamados a la violencia", destacó Gutiérrez.
Agregó que desde el Poder Judicial se celebra que el país siga "su curso democrático a pesar de las dificultades que sectores minoritarios en los últimos días han promovido actos de violencia".
La titular del TSJ resaltó que las políticas del Gobierno Nacional para hacer más expedita la justicia y la seguridad ciudadana, han logrado que el Poder Judicial tenga un acercamiento con las comunidades del país, lo que permite que la sociedad venezolana confíe en las instituciones y en la justicia.
"Hemos avanzado en hacerla llegar en la forma más igualitaria posible a todos los sectores venezolanos", expresó la titular del TSJ sobre el acercamiento de la justicia con las comunidades.
Casos: Ceballos- Scarano- Machado
La Magistrada reiteró que la sentencia dictada contra los alcaldes de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos, y de San Diego (Carabobo), Enzo Scarano, son consecuencia del incumplimiento notorio y público de los amparos cautelares que les exigían garantizar en sus municipios la preservación de los derechos ciudadanos.
Explicó que el Tribunal dictó amparos cautelares a ambos alcaldes luego de recibir demandas de protección a los intereses colectivos y de constatar posible incumplimiento a algunas de sus funciones, establecidas en el artículo 178 de la Constitución, y mediante pruebas físicas, notorias y públicas (videos, audios, testimonios) se determinó desacato y se sancionó.
Al respecto, aseguró que la medida está ajustada a derecho y cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre derecho y garantías constitucionales.
Al hacer referencia sobre el caso de María Corina Machado, la Magistrada Gutiérrez informó que el TSJ realiza un estudio exhaustivo para dar una conclusión.
"Hemos tenido noticia por la prensa en el sentido de que ella en la condición de diputada habría aceptado un destino diplomático en un país extranjero. Obviamente tiene consecuencias jurídicas pero preferimos hacer el estudio, y de manera formal pronunciarnos en el Tribunal Supremo, esto no es una conclusión, es necesario esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia", explicó la titular del Máximo Tribunal del país.
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