“La promulgación de esta ley es necesaria, porque los grandes yacimientos de Venezuela están ubicados en el estado Bolívar, que es uno de los de mayor extensión, pero de menor densidad poblacional, y que es una zona fronteriza donde, por lo general, ocurren traspasos ilegales de propiedad, de personas que invaden el país para llevarse nuestros recursos y ocasionan daños al medio ambiente”, dijo.
Matos explicó que con esta medida el Gobierno busca nacionalizar la industria aurífera y no el oro, ya que este mineral forma parte del subsuelo del territorio nacional, y por ende es parte de las riquezas del país.
“Esto es parte de lo que planteaba en 1829 el Libertador Simón Bolívar, con el decreto de minas, esa necesidad que tenía la nación de asegurar la propiedad de las minas contra cualquier ataque internacional y el deber de promover esta actividad para la prosperidad del Estado”, comentó.
El economista destacó que el Ejecutivo debe administrar racionalmente todos los recursos mineros para garantizar el desarrollo de las futuras generaciones, impulsando el crecimiento de las industrias y la disminución de las importaciones.
Nueva ley pondrá orden en el sector aurífero
Luis Matos indicó los aspectos que, a su juicio, deben ser incorporados a la legislación del sector aurífero nacional.
“Ante todo, debe incorporarse en la ley una mayor vigilancia por parte de la Fuerza Armada Nacional para controlar la zona y evitar que las compañías transnacionales sigan extrayendo ilegalmente nuestro oro sin pagar impuestos. Esos recursos deben alimentar y fortalecer las reservas del Banco Central y ser aprovechados para el desarrollo de la nación”, expresó.
Resaltó que el instrumento legal debe establecer que cualquier persona que quiera dedicarse a la industria de exploración y explotación del oro deba someterse a un examen para determinar su capacitación, del cual dependerá que obtenga la autorización.
Asimismo, el economista planteó que el proceso de explotación del metal debe realizarse de una manera racional, sin poner en riesgo el ecosistema de la región del arco minero de Guayana.
Para Matos, es preciso garantizar condiciones justas a los trabajadores. “Se debe evitar a toda costa que se siga explotando al personal que extrae el oro para las transnacionales, se debe resguardar su salud y procurarles una mejor calidad de vida”, subrayó.
Agregó que el nuevo instrumento legal debe contemplar un estricto control y seguimiento al traslado del oro recabado, “el Ejecutivo debe velar porque el transporte sea el adecuado y evitar que se produzcan desastres ambientales, en especial en los sistemas fluviales”.
En relación con el funcionamiento de las empresas mixtas, indicó que se requiere implementar una regulación muy específica, que permita que el Estado tenga un papel hegemónico en las operaciones.
“La participación de Venezuela debe ser mayor, tanto en número de acciones como en el manejo de las operaciones”, acotó.
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