Así lo expresó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en el programa José Vicente Hoy, conducido por el Periodista José Vicente Rangel y transmitido por Televen, donde explicó que en la sede del MP, existe una oficina con fiscales asignados para atender todos los casos de desapariciones y personas torturadas.
“Esta nueva normativa contribuirá con el trabajo que han realizado un grupo de fiscales y la directora de derechos fundamentales del Ministerio Público”, explicó Ortega Díaz.
Puntualizó que países como Argentina y Chile, han hecho un gran campaña para no olvidar a las personas que fueron torturadas y desaparecidas en esas naciones. En ese sentido, destacó que la Ley contra el Silencio y el Olvido, será un impulso y permitirá recordar el legado de las personas desaparecidas.
Anunció que está previsto, con previa autorización de los familiares, exhumar el cuerpo de Fabricio Ojeda, para determinar los detalles de su fallecimiento.
Comentó que para atender la demanda de los familiares, investigar la causa de la muerte de los torturados y la ubicación de los desaparecidos, es necesario incrementar la cantidad de fiscales del MP.
La Ley contra el Silencio y el Olvido, había sido presentada a la AN en 2009, pero se pospuso su discusión y ahora se le incorporaron nuevos elementos como la desclasificación de documentos archivados en los cuerpos policiales y militares, con lo cual se espera conocer abundantes detalles sobre las circunstancias en la que murieron al menos unas 4.000 personas en fusilamientos y masacres e incluso el posible paradero de más de 1.000 desaparecidos.
Para la aprobación definitiva del proyecto este deberá ir a una segunda discusión en el Parlamento, en la que se discutirá cada uno de los artículos.
El texto prevé la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia, un organismo de investigación que estará integrado por ocho personas en representación de varias instituciones del Estado con competencia en el tema, y nueve del Frente de Familiares y Amigos de las víctimas de los crímenes de Estado en el período 1958-1998.
También reserva un capítulo a la memoria histórica en la que se prevé promover la divulgación de estos hechos, a través de centros e instituciones públicas y académicas.
Además de las torturas y ejecuciones sumarias, estos crímenes de Estado incluyen la desaparición forzada de personas, lo que se practicó en Venezuela durante el gobierno de Raúl Leoni (Acción Democrática 1964-1969), antes de extenderse por Latinoamérica como parte de la cacería de “comunistas”, emprendida por Estados Unidos en su carrera por la supremacía frente a la Unión Soviética.
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