(Prensa Defensoría del Pueblo /(DGMAC) MinCI/ 17-2-11)
El tema de la vivienda se ha convertido en una problemática nacional que demanda medidas específicas. Es por ello que la Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez Pérez, anunció la creación de la Defensoría Especial en materia de Vivienda y Hábitat, la cual “se encargará de procesar denuncias por vulneración del derecho a la vivienda, a fin de acompañar, dentro de nuestras competencias, el plan de vivienda que recientemente ha anunciado el Presidente de la República”.
Durante la transmisión este jueves de su programa de radio La Voz de la Defensoría, la máxima representante de la Defensoría del Pueblo refirió que esta instancia se encargará de investigar, diagnosticar y proponer políticas públicas que tomen en cuenta los indicadores de seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios públicos, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural.
Asimismo, Ramírez señaló que ha decidido impulsar la creación de esta Defensoría Especial “para darle seguimiento y acompañamiento a todos los planes de viviendas anunciados por el Presidente de la República en el marco de esta emergencia nacional”.
La Defensora del Pueblo también afirmó que la Defensoría Especial en materia de Vivienda y Hábitat también tendrá la función de estudiar la procedencia de los permisos de habitabilidad, a fin de cubrir los estándares constitucionales vinculados con el derecho a una vivienda digna y “resguardar todas las condiciones para que las personas no vean sus expectativa frustrada de tener un hogar”.
Finalmente, la representante de la Institución Nacional de los Derechos Humanos informó que la semana próxima se instalaran mesas de diálogo con las familias que están siendo afectadas por este problema en los estados Monagas, Zulia y Bolívar, con el propósito de “sumar esfuerzos al llamado que ha hecho el Ejecutivo Nacional a colocar la mirada sobre el tema de la vivienda como una forma de contribuir a que nuestro pueblo esté protegido, seguro y tenga un techo, que es un anhelo fundamental para desarrollar otros aspectos de la vida”.
Diálogo con la Promotora Parque La Vega fue infructuoso
Por otra parte, la Defensora del Pueblo se refirió a la decisión adoptada por el Máximo Tribunal del país, el cual el día de ayer ordenó a la Promotora Parque La Vega reubicar a las 150 familias de ese complejo habitacional, por considerar que sus derechos a la vivienda digna, vida y salud están en riesgo.
Al respecto, Ramírez afirmó que “sólo acudimos a la interposición del amparo por derechos colectivos y difusos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuando se extingue la fase de diálogo. Se hicieron todos los intentos para generar un acuerdo en beneficio de las partes involucradas en este tema e, incluso, iniciamos una intervención defensorial a través de la magistratura de la persuasión, pero el diálogo fue infructuoso, simplemente porque esta empresa se negó a responder de manera seria y responsable”.
Señaló que la Promotora Parque La Vega ha paralizado algunas obras que debieron iniciarse el 6 de enero, atribuyendo la suspensión de las mismas a las medidas de protección que se han dictado sobre este conjunto residencial.
Al respecto, la Defensora del Pueblo alegó que la orden del TSJ fue dictada apenas el día de ayer y que esta empresa tiene cinco días para presentar su plan de reubicación de estas 150 familias, pero que estas obras se habían suspendido mucho antes y así fue expresado por los trabajadores en una mesa de trabajo que se realizó la semana pasada con el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).
“Se ha jugado a la manipulación de querer parecer que se está trabajando de manera seria, pero nosotros sabemos que hubo desde un principio una resistencia a asumir la responsabilidad sobre este tema”, dijo la Defensora del Pueblo.
Durante la transmisión este jueves de su programa de radio La Voz de la Defensoría, la máxima representante de la Defensoría del Pueblo refirió que esta instancia se encargará de investigar, diagnosticar y proponer políticas públicas que tomen en cuenta los indicadores de seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios públicos, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural.
Asimismo, Ramírez señaló que ha decidido impulsar la creación de esta Defensoría Especial “para darle seguimiento y acompañamiento a todos los planes de viviendas anunciados por el Presidente de la República en el marco de esta emergencia nacional”.
La Defensora del Pueblo también afirmó que la Defensoría Especial en materia de Vivienda y Hábitat también tendrá la función de estudiar la procedencia de los permisos de habitabilidad, a fin de cubrir los estándares constitucionales vinculados con el derecho a una vivienda digna y “resguardar todas las condiciones para que las personas no vean sus expectativa frustrada de tener un hogar”.
Finalmente, la representante de la Institución Nacional de los Derechos Humanos informó que la semana próxima se instalaran mesas de diálogo con las familias que están siendo afectadas por este problema en los estados Monagas, Zulia y Bolívar, con el propósito de “sumar esfuerzos al llamado que ha hecho el Ejecutivo Nacional a colocar la mirada sobre el tema de la vivienda como una forma de contribuir a que nuestro pueblo esté protegido, seguro y tenga un techo, que es un anhelo fundamental para desarrollar otros aspectos de la vida”.
Diálogo con la Promotora Parque La Vega fue infructuoso
Por otra parte, la Defensora del Pueblo se refirió a la decisión adoptada por el Máximo Tribunal del país, el cual el día de ayer ordenó a la Promotora Parque La Vega reubicar a las 150 familias de ese complejo habitacional, por considerar que sus derechos a la vivienda digna, vida y salud están en riesgo.
Al respecto, Ramírez afirmó que “sólo acudimos a la interposición del amparo por derechos colectivos y difusos ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia cuando se extingue la fase de diálogo. Se hicieron todos los intentos para generar un acuerdo en beneficio de las partes involucradas en este tema e, incluso, iniciamos una intervención defensorial a través de la magistratura de la persuasión, pero el diálogo fue infructuoso, simplemente porque esta empresa se negó a responder de manera seria y responsable”.
Señaló que la Promotora Parque La Vega ha paralizado algunas obras que debieron iniciarse el 6 de enero, atribuyendo la suspensión de las mismas a las medidas de protección que se han dictado sobre este conjunto residencial.
Al respecto, la Defensora del Pueblo alegó que la orden del TSJ fue dictada apenas el día de ayer y que esta empresa tiene cinco días para presentar su plan de reubicación de estas 150 familias, pero que estas obras se habían suspendido mucho antes y así fue expresado por los trabajadores en una mesa de trabajo que se realizó la semana pasada con el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).
“Se ha jugado a la manipulación de querer parecer que se está trabajando de manera seria, pero nosotros sabemos que hubo desde un principio una resistencia a asumir la responsabilidad sobre este tema”, dijo la Defensora del Pueblo.
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