América Latina tiene que seguir promoviendo la participación plena y efectiva de los pueblos originarios en su derecho a seguir siendo autónomos. (Foto: EFE)
Fecha de publicación 10 octubre 2014
América Latina vive un proceso de cambio con gran parte de los gobiernos de la región, donde las políticas sociales impulsadas por gestiones de integración han permitido un avance en la reivindicación de las desigualdades. A pesar de esto, los pueblos indígenas, que han sido históricamente excluidos y discriminados, siguen representando un gran desafío.
El fomento de la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas se encuentra entre las prioridades de las políticas de muchos gobiernos de América Latina, representando uno de los mayores retos que enfrentan en cuanto a la superación de la desigualdad.
Aunque se han logrado importantes avances en diferentes países de la región, los desafíos siguen siendo grandes si se considera que en América Latina, según datos de un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) existen más de 800 pueblos indígenas, con una población cercana a los 45 millones, que se caracterizan por su amplia diversidad demográfica, social, territorial y política, desde pueblos en aislamiento voluntario hasta su presencia en grandes asentamientos urbanos.
Reivindicación histórica
La situación actual de los pueblos indígenas en América Latina solo puede ser comprendida como el resultado histórico del proceso que comenzó con la llegada de los europeos hace más de cinco siglos, mediante el cual se los despojó de los territorios que habitaban, perpetrándose en sus espacios de reproducción social y cultural.
Desde el año 2002, en Venezuela el 12 de octubre fue declarado Día de la Resistencia Indígena por el entonces presidente de Venezuela y líder de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez, en honor y reivindicación de las luchas de los pueblos originarios frente a la violación de la soberanía de sus territorios.
El comandante Chávez, como parte de su proceso de reconocimiento en el continente, llevó a cabo el cambio de nombre de esta festividad, que anteriormente era conocida como “el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón”, decretada durante el gobierno de Juan Vicente Gómez como festividad nacional del Día de la Raza, ocultando así el más grande genocidio en la historia de la humanidad.
Nuevo paradigma del desarrollo
La Cepal señala que “los conocimientos ancestrales, las innovaciones y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, así como el desarrollo de las diferentes modalidades colectivas, ofrecen una oportunidad valiosa para la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo, basado en un cambio estructural hacia la igualdad y sostenibilidad”.
Las economías indígenas en varios países del continente constituyen el buen vivir
Es por ello que la experiencia de las economías indígenas en varios países del continente constituyen una de las expresiones del buen vivir y una aproximación al tema del desarrollo desde la práctica, tratándose entonces de iniciativas impulsadas desde las propias comunidades.
La acción indígena en áreas como por ejemplo el turismo o la producción de café, mediante las cuales se busca visibilizar las actividades cotidianas de estos colectivos, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de sus familias, genera empleo, reduce el impacto migratorio y se integra a la articulación de la economía local.
Desde esta perspectiva, si el concepto de buen vivir ha de servir para una acción social defensora, debería vincularse entonces al enfoque de derechos y de forma prioritaria a los dos instrumentos internacionales de derechos colectivos básicos: el Convenio Nº 169 de Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
La relación de estos grupos étnicos con sus tierras, territorios y recursos naturales constituye un elemento esencial del derecho a la libre determinación.
Reconocimiento de derechos
Las reformas constitucionales emprendidas en el continente por algunos gobiernos representan el marco idóneo para reconocer y profundizar los procesos de autonomía indígena.
Esto se traduce en la elección directa de autoridades, la administración de recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas, por los órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción.
Un ejemplo de esto lo representa Bolivia, país en el cual a través de la plurinacionalidad se reconoce a los pueblos indígenas como entidades históricas y políticas diferenciadas (autoridad, territorio, instituciones y aspectos cognitivos y espirituales), constituyentes del Estado y de la sociedad intercultural.
La Cepal señala en este sentido que “se observa en la última década una tendencia creciente a la negociación sobre la administración de recursos naturales, territorios, aplicación de acuerdos y reformas para la transformación estructural de los Estados, que permita alcanzar la igualdad de los pueblos indígenas y el resto de la sociedad”.
Desafíos pendientes
Según estimaciones de la Cepal, el mayor reto que presenta América Latina en cuanto a los pueblos indígenas es el fortalecimiento de las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales y espirituales, para promover las capacidades organizativas y técnicas de los gobiernos con los pueblos originarios.
Promover intercambios de las experiencias indígenas en la ampliación de poderes
Un informe de este organismo señala que es preciso documentar, sistematizar y promover intercambios de las experiencias de procesos de autonomía indígena en América Latina en asuntos vinculados a la ampliación de poderes, transferencia de competencias, fortalecimiento institucional y políticas públicas interculturales.
Si bien en el continente existen legislaciones y reconocimiento de derechos a través de las constituciones, también es fundamental poder avanzar en la adecuación y armonización de las legislaciones nacionales con las políticas públicas, garantizando su cumplimiento.
En este sentido, la reciente firma de un decreto en Colombia por el presidente Juan Manuel Santos donde se establece que las comunidades indígenas podrán autogobernarse a nivel local para administrar sus recursos, es un claro ejemplo de la falta de cumplimiento de las legislaciones, puesto que la entrada en vigor de esta norma se produce 23 años después, ya que estaba recogida en la Constitución desde 1991, pero su tramitación se retrasó.
La armonización de los marcos legales sobre la tenencia de la tierra, la minería y la extracción de recursos renovables y no renovables, así como de las actividad forestal y ambiental, representa otro desafío importante a cumplir.
Esta correcta aplicación evitará que se repitan situaciones conflictivas como las que vivieron en julio de 2014 las comunidades indígenas en la zona de Salitre, al sur de Costa Rica, luego que un grupo de terratenientes emprendiera actos delictivos contra los pobladores nativos de la zona, quienes bajo el amparo de la ley de 1977 buscaban retomar el control de los terrenos dentro del territorio indígena.
Otro ejemplo es de los mapuches, la mayor etnia de Chile, quienes en el tiempohan estado reclamando tierras que son suyas por derechos ancestrales, arrebatadas primero por la ocupación española y más adelante por el Estado chileno, que las traspasó a privados y empresas forestales, una de las mayores industrias del país.
Dentro del interés industrial, un caso lamentable es el asesinato de once indígenas en el municipio San Juan Sacatepéquez, al oeste de Honduras, en septiembre de 2014 debido a enfrentamientos con una empresa de cemento, que desde 2013 busca construir, sin la respectiva consulta, una planta y una carretera en territorios de los nativos.
Así como estos, muchos son los casos que se presentan en el continente, por ello es que resulta primordial el fortalecimiento de los sistemas judiciales de cada país para erradicar cualquier tipo de concepción y práctica racista en la aplicación de justicia.
Garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas es elemental para dar cumplimiento a la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, eliminar la discriminación y promover la participación plena y efectiva de los pueblos originarios en su derecho a seguir siendo autónomos y a perseguir su propia idea de desarrollo económico y social.
