Luis Britto García11 enero, 2025
Cruentas fueron las batallas de América Latina y el Caribe por su independencia y soberanía. Según estimación del Libertador Simón Bolívar, costaron arriba de la tercera parte de la población.
Durante el siglo XIX, el injusto orden oligárquico heredado de la Colonia propició numerosas guerras civiles. Pero fuera de las gestas independentistas, en nuestra región han sido escasos los conflictos internacionales, en su mayoría incoados por intereses financieros extraños a Nuestra América.
Para manifestar su vocación pacífica, los gobiernos de América Latina y el Caribe suscribieron en México el 14 de febrero de 1967 el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe el desarrollo, almacenamiento o empleo de armas nucleares en la región y restringe la energía atómica para usos pacíficos. De hecho, el acuerdo reserva el uso de tales artefactos a la única potencia del hemisferio que los posee en el hemisferio, Estados Unidos.
En el mismo sentido, el 29 de enero de 2014 los mandatarios de los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) suscribieron en la Habana la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en la cual afirman “nuestro compromiso de que en América Latina y el Caribe se consolide una zona de paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en plena consonancia con el derecho internacional”. Lo ratificaron Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
En contraste con esta firme y explícita vocación por la paz de los pueblos latinoamericanos y caribeños, a partir de 1817 Estados Unidos perpetra más de medio centenar de intervenciones armadas en Nuestra América, algunas seguidas de vastos despojos, como la que en 1848 arrebató a México más de la mitad de su territorio, la que en 1899 interfirió en la Independencia de Cuba y anexó a Puerto Rico y la que en 1904 apropió la zona del Canal de Panamá.
En virtud de ello, dos siglos después de la batalla de Ayacucho encontramos buena parte de Nuestra América militarmente ocupada de nuevo por tropas extrañas a la región. Sólo que estas milicias no han libraron batallas para instalar sus enclaves en los que fueron territorios independientes: en la mayoría de los casos las ocuparon con el consentimiento de gobiernos apátridas.
Estados Unidos, que dispone de unas 6.000 bases militares en su territorio y unas 800 en el resto del mundo, cuenta actualmente con unas 76 bases militares en territorio de Nuestra América: casi el doble del número de países de la región.
Demasiado extenso sería mencionar todos estos enclaves. En Argentina hay un territorio ocupado por Estados Unidos en Tolhuin, Tierra del Fuego, una base en Resistencia, provincia del Chaco: avanza la instalación de otra en Neuquén, y otra en Vaca Muerta, cerca de importantes yacimientos petrolíferos. El nuevo gobierno neoliberal seguramente autorizará de manera expedita otros enclaves. Chile soporta uno cerca de Valparaíso. En Colombia nueve bases militares estadounidenses interfieren gravemente en los asuntos internos: de hecho, cada aeropuerto colombiano es un bastión que aloja, abastece y repara aeronaves bélicas norteñas. En Cuba permanece el enclave de Guantánamo, a pesar de la acérrima oposición de pueblo y autoridades. El gobierno de Rafael Correa libró a Ecuador de la base de Manta: el neoliberal Noboa cedió para el mismo uso las islas Galápagos, con mortal daño para la ecología del archipiélago, y admitió una invasión de tropas estadounidenses con el pretexto del combate al hampa. Haití ha sido repetida y prolongadamente ocupada por soldados norteños, con resultados desastrosos. En Honduras, tres bases militares participaron en el golpe contra Manuel Zelaya. En Panamá 12 bases prolongan la ocupación militar, a pesar de los acuerdos Torrijos-Carter que reconocen la soberanía panameña sobre el canal. Paraguay soporta dos, que amenazan el acuífero guaraní y el triángulo del litio. En Perú 8 enclaves apoyan la represión de la dictadora Dina Boluarte. En Puerto Rico 12 bases mantienen por la fuerza la condición humillante de país libre asociado. A las mencionadas se suman bases estadounidenses en Aruba, Curazao, Costa Rica y El Salvador. A las cuales se añaden un número secreto e indefinido de “cuasi-bases” que cooperan en tareas de espionaje, comunicación, intendencia y en general injerencia en los asuntos locales.
También siembra sus enclaves en la región la Organización del Tratado del Atlántico Norte, brazo armado europeo de Estados Unidos. Dicha alianza militar mantiene bases en las Malvinas, Belice, Guadalupe y Martinica. Argentina es “aliado principal extra-Otan” desde 1997, Brasil desde 2019, Colombia es “socio global de la Otan” desde 2022. Tropas europeas custodian el Departamento Ultramarino de Guyana.
Por la fuerza bruta o el consentimiento de gobiernos apátridas, América Latina y el Caribe ha devenido en la práctica una región militarmente ocupada.
Cuando hay dos gallos en un corral, uno está haciendo el papel de gallina. La simultánea presencia de fuerzas armadas extranjeras y nacionales en el mismo territorio implica un conflicto, una capitulación, o que las últimas servirán de carne de cañón para los intereses de las primeras.
