El vicecanciller Rander Peña ratificó que el país está listo para recibir a cada venezolano que se vio obligado a migrar
El viceministro para América Latina, Rander Peña, en nombre del Gobierno y pueblo venezolano exigió el cese de la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, petición que fue recogida en la Declaración de Reunión sobre Movilidad Humana en la Ruta Norte del continente, celebrada en México durante los días 16 y 17 de enero.
En su canal de Telegram, Peña resaltó el apoyo de las y los ministros, viceministros y/o jefes de delegación de Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y México, en este tema, además de abordar los desafíos en materia migratoria.
“Condenamos las medidas coercitivas unilaterales como causa estructural de la migración venezolana, y los países instaron al levantamiento definitivo y sin condiciones de estas sanciones criminales contra nuestro pueblo. Asimismo, condenamos toda forma de criminalización hacia las personas migrantes y todo tipo de negocios inescrupulosos que se pretendan lucrar con la migración”, enfatizó Peña.
Igualmente, manifestó el compromiso del presidente de la República, Nicolás Maduro, en avanzar en la implementación de los acuerdos de Palenque, a la vez que afirmó que Venezuela está lista para recibir a cada venezolano y venezolana que se vieron obligados a migrar, producto de las sanciones económicas impuestas ilegalmente por Estados Unidos y sus países satélites.
Asimismo, el viceministro para América Latina publicó la declaración de la reunión sobre movilidad humana en la ruta norte del continente.
A continuación, el texto íntegro:
DECLARACIÓN REUNIÓN SOBRE MOVILIDAD HUMANA EN LA RUTA NORTE DEL CONTINENTE
Las y los ministros, viceministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación de Belice, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela:
Reconocemos la importancia del diálogo constructivo y respetuoso entre países para una mejor gestión de los flujos migratorios y sus desafíos.
Hacemos un llamado a todos los países del hemisferio a conducirse con apego al derecho internacional, a los derechos humanos y a las propias legislaciones internas en la gestión de la movilidad humana con un enfoque humanista, particularmente ante la amenaza de deportaciones masivas.
Nos solidarizamos con las personas que se ven obligadas a abandonar sus comunidades de origen, con la convicción de que la migración debe ser una opción y no una necesidad.
Reafirmamos que todas las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos fundamentales e inalienables, y que todos los Estados están obligados a respetarlos, protegerlos y a procurar adoptar medidas para su plena realización.
Nos comprometemos a defender los derechos humanos de todas las personas migrantes, a rechazar su criminalización en todas las etapas del ciclo migratorio, y a protegerlas prioritariamente de la delincuencia transnacional organizada que se lucra de la migración, así como de medidas que las coloquen en situación de vulnerabilidad y de otros factores de riesgo. Intensificaremos la cooperación intergubernamental y el intercambio de información y buenas prácticas en materia consular, y lucha contra la trata y el tráfico ilícito de personas migrantes.
Reafirmamos nuestro interés en sugerir la reactivación de las reuniones sobre migración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), con miras a tener un espacio amplio de discusión de propuestas de los diferentes organismos y mecanismos internacionales que atienden el tema de la migración. Ello facilitará la identificación de sinergias y complementariedades entre las diferentes iniciativas, con el fin de promover una mayor coherencia y articulación entre ellas, y apoyar el fortalecimiento de sus respectivas agendas.
Guiados por el principio de responsabilidad compartida, redoblaremos esfuerzos nacionales y la cooperación entre gobiernos, sociedad civil, sector privado, países de destino, organismos internacionales, banca internacional de desarrollo y otros socios, para atender las causas estructurales del fenómeno migratorio en América Latina y el Caribe. Comprendemos que los esfuerzos comunes hacia el desarrollo sostenible, así como el combate a la pobreza y el hambre, y la reducción de las brechas de desigualdad social, promueven el bienestar social.
Refrendamos nuestro compromiso de promover vías para una migración segura, ordenada y regula r entre nuestros países y otros países del continente.
Destacamos que los factores externos, como las medidas coercitivas unilaterales, afectan negativamente a poblaciones enteras y, en mayor medida, a las personas y comunidades más vulnerables. Instamos a su levantamiento, en tanto son contrarias al derecho internacional y tienen graves repercusiones sociales más allá de los países a los que se imponen.
Son motivo de grave preocupación los anuncios de deportación masiva, sobre todo por su incompatibilidad con los principios fundamentales de los derechos humanos y por no abordar de modo eficaz las causas estructurales de la migración.
Reiteramos nuestra intención de ampliar las vías regulares de movilidad laboral, y hacemos un llamado a otros países a hacerlo. Estamos convencidos de que ello contribuye a la prosperidad compartida de nuestros pueblos y de la región en su conjunto, y por eso trabajamos hacia la integración socioeconómica sostenible de las personas migrantes, a la luz de sus importantes aportaciones a los países y comunidades de destino.
Reconocemos la necesidad de lograr una gestión humana y responsable de los flujos migratorios irregulares. Esta gestión debe comprender políticas y medidas para fortalecer progresivamente los sistemas migratorios y de protección internacional, en los casos que proceda; brindar asistencia y servicios básicos para personas en movilidad; intercambiar información sobre las características y rutas de tales flujos; as! como recurrir a mecanismos de retomo voluntario y asistido de manera digna, ordenada, respetuosa de los derechos humanos y con atención a la reinserción que permita a las personas contar con oportunidades de bienestar en sus comunidades de origen.
Refrendamos nuestro firme apoyo a la estabilidad de la República de Haití y a contribuir decididamente, conforme a las capacidades de cada país, a apoyarla en sus esfuerzos, junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas en particular, para restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica y social, con un enfoque de desarrollo sostenible.
Mantendremos estrecha comunicación para evaluar los avances hacia estos objetivos y atender con prioridad las situaciones que ameriten nuestra mayor atención.
