‘Derecha venezolana aplica violencia y golpe de Estado en el país’

Dossier con Walter Martínez 021116

Delcy Rguez.: Venezuela dio un salto cualitativo en materia de DDHH

Pueblo venezolano rechaza intento golpista del Parlamento

Resumen Latinoamericano/ TeleSur/ 23 de Octubre 2016.-

El pueblo se movilizó a las afueras de la AN luego de la sesión extraordinaria convocada para este domingo por la directiva de la AN, que pretende dar un golpe parlamentario .

Jóvenes, mujeres, hombres e incluso adultos mayores y representantes de distintos sectores, como la sexo diversidad, se movilizaron a la sede de la Asamblea Nacional para rechazar el documento que promueve el desconocimiento de la institucionalidad del país, aprobado por la derecha, hoy mayoría en el Parlamento.

“Aquí estamos patria o muerte en defensa de la Revolución, y estaremos movilizado por el legado del comandante Hugo Chávez”, manifestó la señora Norma Suárez, quien en declaraciones para ANTV señaló que la oposición lo que busca en sí es dar al traste con las conquistas sociales obtenidas en estos últimos 17 años.


La oposición venezolana, que tiene mayoría parlamentaria, declaró este domingo una “ruptura del orden constitucional”, luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolviera suspender temporalmente la recolección del 1 por ciento de las firmas para activar el referendo revocatorio, por las irregularidades que detectaron varios tribunales penales.

También discutieron un acuerdo para la destitución del presidente constitucional, bajo el argumento de abandono del cargo por su gira de trabajo a países Opep y no Opep, sin permiso de dicho parlamento.

El presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, que se encuentra en desacato al TSJ por incumplir decisiones del Poder Judicial, aseguró que emprenderá un “juicio político” al presidente Nicolás Maduro y emitió una resolución para la sustitución irregular de las autoridades de los poderes electoral y judicial.

Los diputados socialistas convocaron a una concentración el próximo martes en la avenida Libertador para marchar hasta el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno) para recibir al presidente Maduro de su regreso de la gira por medio oriente que tiene por objetivo el incremento de los precios del petróleo.

“Lo que hizo hoy la Mud (denominada Mesa de la Unidad Democrática) fue una payasada muy grave tratan de dar un golpe parlamentario, pero no lo lograrán. La historia parece cíclica, el pueblo sabe defender la Revolución Bolivariana (…) Pueblo en la calle movilizado, a defender la Patria”, enfatizó el diputado socialista Elías Jaua.

Chile 1973 y Venezuela 2016: Dos gotas de agua

Por: Leopoldo Puchi / Resumen Latinoamericano/ 23 de Octubre 2016.-

No se debe olvidar lo que ocurrió en Chile luego del acuerdo del parlamento. En tres semanas los militares procedieron a cumplir con el acuerdo de la Cámara que les había solicitado el “restablecimiento del Estado de derecho” y los actos del Ejecutivo fueron desconocidos.

El acuerdo de la Cámara de diputado de Chile, 1973 (Ver anexo) El acuerdo de la Asamblea Nacional, Venezuela, 2016 (Ver anexo)

La lucha por el poder entre las dos grandes fuerzas políticas y sociales que marcan en la actualidad el acontecer nacional se hace cada día más tensa y exacerbada, hasta el punto de que se ha llegado a considerar que el conflicto pudiera ser zanjado por una intervención militar, al tiempo que poco se avanza en la comprensión del tipo y naturaleza de las negociaciones que deben entablarse para la superación de la situación, caracterizada por una divergencia de base: la oposición, a partir de varias consideraciones, exige la salida de Nicolás Maduro de Miraflores; el sector gubernamental está en desacuerdo con ese planteamiento y argumenta en sentido contrario.

En días recientes la mayoría parlamentaria de la Mud aprobó en la Asamblea Nacional una declaración oficial de ese cuerpo en la que se expresa que se está en presencia de “la violación de los derechos fundamentales, de los principios y valores consagrados en la Constitución” por parte del Ejecutivo Nacional, y en la que se insta a la institución militar a actuar en función del “restablecimiento del Estado de derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos” y “a desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del TSJ que lesionen la Constitución”.

Ya se conoce en la historia de Latinoamérica el significado y las consecuencias de este tipo de pronunciamientos. El 22 de agosto de 1973 la Cámara de Diputado de Chile aprobó por mayoría de votos un acuerdo redactado con la misma estructura y en los mismos términos del texto de la Asamblea venezolana. En el acuerdo chileno se comenzaba por enunciar las condiciones que deben darse para que exista un Estado de Derecho, luego se describían las violaciones a la Constitución y las leyes por parte de Salvador Allende y por último se hacía un llamado a la Fuerza Armada a “restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución”.

No se debe olvidar lo que ocurrió en Chile luego del acuerdo del parlamento. En tres semanas los militares procedieron a cumplir con el acuerdo de la Cámara que les había solicitado el “restablecimiento del Estado de derecho” y los actos del Ejecutivo fueron desconocidos. Es posible que en las condiciones de Venezuela hoy no ocurra lo mismo y que el texto emitido sea parte de la retórica insustancial que banaliza las palabras, pero es innegable que de manera temeraria y sin tener en cuenta los antecedentes históricos, se ha hecho un llamado semejante al que hizo la oposición chilena en 1973.

Acuerdo de la Cámara de Diputados del Congreso de Chile: 22 de agosto de 1973

El siguiente acuerdo fue aprobado por 81 votos contra 47 en la cámara de diputados chilena el 22 de agosto de 1973

Considerando:

1º Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los Poderes Públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y las leyes les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado;

2º Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia y atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que, en la práctica, negar toda posibilidad de vida democrática;

3º Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado que, de acuerdo a su artículo 2º, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue y, en el artículo 3º, se deduce que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición;

4º Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar;

5º Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece;

6º Que, para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho;

7º Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos:

a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en “resquicios legales”, siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;

b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para destinar a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental, y

c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho “tabla rasa” de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental;

8º Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:

a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;

b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención;

c) Ha violado leyes expresas y ha hecho “tabla rasa” del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un “juicio de méritos” a los fallos judiciales, determinando cuándo éstos deben ser cumplidos;

9º Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República –un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa– el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él;

10º Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:

a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos;

b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas “cadenas” ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos;

c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile;

d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población;

e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista;

f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 “tomas” ilegales de predios agrícolas, y al promover centenares de “tomas” de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional;

g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas;

h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión;

i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores;

j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.

11º Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10 Nº 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.; destinados todos a crear el mal llamado “Poder Popular”, cuyo fin es sustituir a los Poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas;

12º Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la Nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros;

13º Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el Excmo. señor Presidente de la República lo denominó “de seguridad nacional” y le señaló como tareas fundamentales las de “imponer el orden político” e “imponer el orden económico”, lo que sólo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República;

14º Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la Nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensable para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo;

15º Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado

LA CÁMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

PRIMERO: Representar a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nºs 5 a 12 precedentes;

SEGUNDO: Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;

TERCERO: Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional, y

CUARTO: Transmitir este acuerdo a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización.

Asamblea Nacional de Venezuela: 14 de octubre de 2016

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En Rescate de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos

ACUERDO SOBRE EL RESCATE DE LA DEMOCRACIA Y LA CONSTITUCIÓN

CONSIDERANDO Que no hay democracia sin la vigencia efectiva de un texto constitucional que ordene de acuerdo a la justicia, el ejercicio de los poderes públicos, así como las relaciones del poder público con los ciudadanos.

CONSIDERANDO Que no hay democracia sin respeto de los derechos humanos, que el ejercicio de los derechos humanos es irrenunciable y que los órganos del Poder Público están obligados a velar por su efectiva vigencia.

CONSIDERANDO Que no hay democracia sin voto y que el ejercicio del voto es el cauce democrático para exigir a las autoridades del Poder Público el cumplimiento de sus funciones en beneficio de los ciudadanos, así como el medio para garantizar la paz y que los cambios políticos anhelados por la ciudadanía se alcancen pacífica y cívicamente.

CONSIDERANDO Que la Asamblea Nacional, en cuanto bastión republicano de la soberanía popular, tiene el deber de convocar a todos los factores de la sociedad venezolana a un movimiento nacional de defensa de la Constitución, de la democracia y del voto.

CONSIDERANDO Que el Gobierno de Nicolás Maduro pretende ignorar la voluntad de cambio del electorado venezolano, despreciando y obstaculizando el ejercicio legítimo del voto y de los demás mecanismos de participación previstos en la Constitución, para la elección de cargos públicos regionales y referendo revocatorio de mandato del Presidente de la República, violando con ello los derechos fundamentales y haciendo frágil la paz.

CONSIDERANDO Que ante las manifestaciones autoritarias, de concentración de poder y atropello de los derechos fundamentales, esta Asamblea Nacional debe acompañar al electorado venezolano a asumir institucionalmente la defensa de la Constitución, de la democracia y de sus derechos.

CONSIDERANDO Que el principio de representatividad del electorado tiene su máxima expresión en esta Asamblea Nacional, pilar fundamental de la democracia, por ser la manifestación de Poder Público más plural, que garantiza la mayor participación, legitimidad y fidelidad de la voluntad general.

CONSIDERANDO Que la democracia venezolana enfrenta su más grave crisis, determinada por el desconocimiento de la autoridad de la Asamblea Nacional, por parte del Poder Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas sentencias han pretendido anular sistemáticamente los actos parlamentarios, al punto de haber declarado, incluso sus actos futuros, “manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica” (Sentencias de la Sala ConstitucionalN° 808 y 810 del 2 y 21 de septiembre de 2016). Que desconocer la autoridad de la Asamblea Nacional implica anular la voluntad del electorado que la eligió el 6 de diciembre de 2015 y negar la soberanía popular, así como la vigencia de la democracia, del Estado de Derecho.

CONSIDERANDO Que la Sala Constitucional, en un nuevo intento de anular las atribuciones constitucionales de esta Asamblea Nacional, declaró en sentencia N° 814, de fecha 11 de octubre de 2016 que sería ante esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que el Presidente de la República deberá presentar el presupuesto nacional, para que sea esa instancia jurisdiccional, quien ejerza el control de ese acto del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual implica una atroz usurpación de las funciones de este cuerpo parlamentario.

CONSIDERANDO Que los dislates de la Sala Constitucional han llegado al punto de declarar en esa última sentencia del 11 de octubre que no procede la reconducción presupuestaria y que la Asamblea Nacional no podrá alterar en ningún 3 momento las partidas presupuestarias, ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente decreto de presupuesto nacional, dispositivo excede totalmente el ámbito de sus competencias y que carece totalmente de fundamento jurídico.

CONSIDERANDO Que el Tribunal Supremo de Justicia ha traicionado su razón de ser, abandonando su rol de garante de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, porque sus decisiones denotan falta de independencia y objetividad.

CONSIDERANDO Que los magistrados de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no representan la autoridad de la justicia, ni de la Constitución, porque no la aplican. Que usurpan la autoridad de la justicia, por los vicios que afectan su designación y por el evidente activismo político que se desprende del contenido de cada una de sus sentencias, en particular las adoptadas a partir de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, circunstancia que ha agudizado al extremo la crisis democrática, económica y social en nuestro país.

CONSIDERANDO Que ante esa grosera violación de los derecho fundamentales, de los principios y valores consagrados en la Constitución, los órganos del Poder Ciudadano y del Poder Electoral mantienen una actitud servil a los intereses del Ejecutivo Nacional, desatendiendo el ejercicio de sus funciones y de su deber fundamental de velar por la vigencia efectiva de la Constitución, de los derechos fundamentales y de promover la democracia.

CONSIDERANDO Que la supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo, ni ante la tergiversada interpretación de sus normas por parte de la Sala Constitucional, siendo un deber esencial de todo ciudadano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución, restablecer su plena y efectiva vigencia; y que ese deber corresponde con mayor responsabilidad a la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015, cuerpo representativo del electorado, investido de autoridad por el voto popular.

ACUERDA PRIMERO: Desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales.

SEGUNDO: Encomendar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana para favorecer un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto.

TERCERO: Exigir al Consejo Nacional Electoral proceder como Poder autónomo e independiente a disponer las condiciones favorables al ejercicio de los derechos políticos, garantizando su plena vigencia y efectividad. En concreto, se emplaza al CNE a que fije de manera definitiva el cronograma para la realización del Referéndum Revocatorio al mandato del Presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y para la elección de los gobernadores, todo en el año calendario 2016.

CUARTO: Exhortar a la Fuerza Armada Nacional a exigirle al Presidente de la República y al Consejo Nacional Electoral que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos y el respeto de la voluntad del electorado, especialmente del referéndum revocatorio y de las elecciones regionales.

QUINTO: Instar a la Fuerza Armada Nacional a coadyuvar en el restablecimiento del Estado de Derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos. A tal efecto, deberá acompañar a los venezolanos en las exigencias tendientes a hacer efectivo el ejercicio de sus derechos políticos y velar por el sometimiento de los representantes del Poder Público a la Constitución, así como desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del TSJ que lesionen la Constitución.

SEXTO: Emplazar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que, honrando la democracia representativa, permita de una vez por todas la incorporación de los diputados electos por el Estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015, o que se repitan los comicios parlamentarios en esa entidad electoral.

SÉPTIMO: Conformar el Comité de Postulaciones Judiciales para proceder a designar a los Magistrados del TSJ en sustitución de los Magistrados designados de manera inconstitucional el 23 de diciembre de 2015, y cuyo acto de designación está viciado de nulidad y ha sido declarado inexistente por esta Asamblea Nacional.

OCTAVO: Crear una Comisión especial para el estudio y análisis de la designación de Rectores del CNE que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia 5 el 26 de diciembre de 2014, con el fin de presentar un informe ante el pleno de la Asamblea Nacional para conocer los vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad de dicho proceso.

NOVENO: Instar a las organizaciones internacionales, a través del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que en ejercicio de sus competencias emitan pronunciamiento y adopten las medidas que corresponda, tendientes a garantizar la vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.

DÉCIMO: Instar a las organizaciones internacionales y parlamentos latinoamericanos, a las autoridades del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a estar vigilantes y coadyuvar al restablecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela y a exigir al Ejecutivo Nacional el respeto de los principios, valores y libertades esenciales a la democracia.

DÉCIMO PRIMERO: Dar publicidad al presente Acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional.

DÉCIMO SEGUNDO: Notificar del presente acuerdo a los demás Poderes Públicos, al cuerpo diplomático, al Nuncio de Su Santidad el Papa Francisco, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a las universidades nacionales, a las academias nacionales, a los colegios profesionales, a las centrales sindicales y a las federaciones empresariales e industriales. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 13 días del mes de octubre de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

HENRY RAMOS ALLUP Presidente de la Asamblea Nacional ENRIQUE MÁRQUEZ PÉREZ JOSÉ SIMÓN CALZADILLA Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente ROBERTO EUGENIO MARRERO BORJAS JOSÉ LUIS CARTAYA Secretario.

Programa José Vicente Hoy entrevista a Roy Daza y Los Confidenciales | S...

Programa José Vicente Hoy entrevista a Maryclen Stelling y Los Confidenc...

Octavio Medina.- Porqué no quieres que llore.

11-S; una farsa que ya no se sustenta: Los Al Saud deben responder

A 15 años de los atentados del 11-S, donde murieron 3 mil personas en las Torres Gemelas y el Pentágono, ha comenzado a develarse la real implicancia de Arabia Saudí en estos hechos.

Hasta ahora la versión de las administraciones estadounidenses, desde el año 2001 a la fecha, tanto con George W. Bush como las de Barack Obama ha sido el de descartar la participación de la Monarquía Wahabita en el financiamiento y apoyo al grupo de terroristas que ejecutaron los atentados del 11 de septiembre. Esto, a pesar de todas las líneas investigativas y pruebas que mostraban que la Casa al Saud está involucrada. ¿Por qué negarse a investigar a fondo, denunciar y sancionar a aquel país que aparece como cómplice en la muerte de miles de sus ciudadanos? La “Pista Interior” en el seno de los gobiernos estadounidenses, que permitiría hilar la madeja, que reúne al establishment político y empresarial norteamericano con el complejo militar-industrial y una clase política, capaz de todo con tal de no ver afectados sus intereses nacionales e internacionales, ha comenzado a salir a la superficie y su negación ya resulta imposible.

Alea Jacta Est: “Los dados Están Echados”

El seguir negando lo que congresistas como Bob Graham o la candidata Presidencial por el Partido Verde, Jill Stein han exigido investigar – con relación a unainvestigación del Congreso estadounidense y 28 páginas que estuvieron bajo absoluto secreto desde el año 2202 a la fecha, suscitó interrogantes sobre la relación entre Arabia Saudí y Estados Unidos, al revelar hechos “respecto a que los autores del atentado del 2001, durante su estancia en estados Unidos estuvieron en contacto, recibieron apoyo o asistencia de personas relacionadas con el gobierno de Riad” haciendo referencia a que de los 19 involucrados en estos hechos, quince de ellos eran de origen saudí e incluso el único preso por la causa del 11 de septiembre del 2001 Zacarías Moussauoi, de origen saudí – y extrañamente detenido un mes antes de los atentados y vinculado con posterioridad - ha señalado a su abogado defensor que dos príncipes sauditas fueron los financistas de los atentados.

Para la Sra. Stein el sacar a la luz todo lo que se sabe “permitirá no seguir estafando a la nación. Bajo nuestra administración – señala Stein – una nueva comisión tendría acceso a las considerables investigaciones independientes que han surgido en los últimos quince años. Queremos crear una Comisión independiente, no una dominada por miembros con interés en proteger la reputación y la carrera de la comunidad diplomática y de inteligencia”. Las declaraciones de la Sra. Stein se unen a las de políticos como las del Senador Bob Graham quien, como miembro de la Comisión Investigadora del Senado sobre los atentados señaló que “el documento que desclasifica 30 nombres de saudíes involucrados en los atentados – denominado archivo 17 - ofrece pistas que podrían renovar los llamados de legisladores para aprobar una ley que permita a los miembros de las familias de las víctimas demandar al Gobierno de Arabia Saudí por tener vínculos con esos atentados". El Informe Final de esta Comisión señala que no se excluía la participación de entidades benéficas, vinculadas con el gobierno saudí, desviaran fondos para la agrupación terrorista Al Qaeda.

Si bien es cierto la investigación está abierta a que los miembros del Congreso revisen la información, está prohibido que estén acompañados o saquen notas o fotografías. Esta confidencialidad, según el ex congresista republicano Porter Goss se debe “a las estrechas relaciones del ex mandatario George W. Bush con los saudíes”. Relaciones, no sólo políticas, sino también económicas y empresariales, incluso con miembros de la familia Bin Laden, que incluían a personajes como el ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el ex vicepresidente Dick Cheney. Negocios multimillonarios que involucran a empresas como Carlyle Group – donde aparecen nombres que han estado vinculados a Bush padre e hijo, Militares del pentágono y Congresistas – y The Bin Laden Group que hicieorn millonarios contratos tras la Guerra del Golfo del año 1991 y han participado con empresas filiales en la “reconstrucción” de Kuwait, Irak y la propia Afganistán.

Claramente, se requiere indagar por aquellos que estén alejados de los circuitos de poder y de complicidad. Dar a conocer lo que se investiga, pues si esto no es así se avala la tesis que estamos ante un encubrimiento de la actividad criminal de un país aliado de Washington, en común unión con políticos, militares y empresarios estadounidenses. En función de intereses que suelen denominarse de “seguridad nacional” y que con toda racionalidad podemos pensar que los atentados del 11 de septiembre del año 2001 fueron actos de bandera falsa, una gran impostura como lo sostiene el analista Thierry Meyssan en un libro publicado a pocos meses de los atentados del 11 de septiembre. Un atentado destinado a servir de base para desencadenar una guerra de alcance global y que explicaría las acciones desatadas por el ex presidente George W. Bush a partir de octubre del año 2001, primero contra Afganistán, luego contra Irak en el marco de la “Guerra Contra el Terror” que ha resultado ser una farsa monumental y las guerras de agresión contra Libia, Siria y la política de presión contra Irán y Rusia.

Para el ex piloto de la CIA y de la DEA, Phillip Marshall quien escribió un par de libros sobre los hechos del 11 de septiembre del 2001, uno de ellos “El Gran Engaño” sostiene la teoría que dichos atentados fueron actos deliberados destinados a justificar una política de guerra preventiva contra Irak, pero teniendo como objetivo posterior a Siria e Irán. Marshall aseguró que “los 3 mil muertos en Nueva York sirvieron de excusa para provocar los cambios que han ocurrido desde el 11 de septiembre. Era necesario un ataque estilo Pearl Harbor en Estados Unidos”. Este ex piloto de agencias de gobierno estadounidense fue encontrado, en febrero del año 2013 muerto, junto a su mujer y sus dos hijas adolescentes. Las autoridades calificaron estas muertes como suicidio.

A la par de recibir los beneficios de la explotación del petróleo saudí, Estados Unidos ha permitido a Riad tejer una red de ampliación de su doctrina religiosa a través de escuela coránicas - madrasas – en una expansión del wahabismo haciendo fluir generosamente los dineros provenientes del petróleo, no importando si esa decisión de expansionismo político-religioso creaba criaturas como Al Qaeda y el Actual Estado Islámico de Irak y el Levante – Daesh en Árabe – y con ello toda una ramificación de actividades terroristas, incluso en suelo estadounidense. Ha podido más el dinero de las ventas de armas del complejo militar industrial estadounidense a Riad, que sólo bajo las administraciones de Barack Obama han significado acuerdos de ventas por 115 mil millones de dólares. No afectar los activos saudíes en bancos norteamericanos, que superan los 800.000 millones de dólares y que la Monarquía Wahabita amenazó con retirar si la investigación que los compromete, respecto a los atentados del 11 de septiembre, continuaba.

Tiene más valor los intereses geopolíticos que Washington y sus aliados occidentales manejan en Oriente Medio junto a la Casa al Saud, devenida en Gendarme de esos intereses y a su vez en activa agresora de los pueblos como Yemen, Bahréin, Siria e Irak. Las reservas de petróleo y los jugosos contratos que empresas estadounidenses e inglesas tienen con la compañía Aramco Service Company. Todo ello, para Washington tiene mayor valor que la muerte de sus ciudadanos, si el objetivo es la sobrevivencia de un sistema político, económico y de dominio que incluso requiere de estos mecanismos, para pretender seguir en su papel de potencia hegemónica.

El hedor ya no se Puede Ocultar

Los temores saudíes respecto a que la investigación que los compromete hará saltar por los aires el encubrimiento que hasta ahora se mantiene con el aval de los gobiernos estadounidenses, se está haciendo realidad. Efectivamente, el Congreso estadounidense aprobó este viernes 9 de septiembre, una legislación, la llamada Ley de Justicia Contra Los Patrocinadores del terrorismo - JASTA por sus siglas en inglés - acción que permitirá a las familias de los fallecidos en los atentados de septiembre del año 2001 demandar a Arabia Saudita, visto que 15 de los 19 involucrados eran de origen saudí, lo que alcanzaría también a miembros de la casa real wahabita, como cómplices de estos crímenes. Para el congresista republicano Peter King el aprobar esta ley “representa un hecho relevante, un gran día para Estados Unidos y los familiares de las víctimas”. Si bien este paso adquiere enorme relevancia lo más probable es que Obama vete la aprobación de esta ley, tal como se comprometió con la Monarquía Wahabita. Si esto es así se generará un proceso de pugna entre el ejecutivo y el Congreso que seguirá tensionando la relación entre Washington y Riad.

Recordemos que Barack Obama, en el mes de abril del año 2016, cuando las noticias e informes sobre la participación de Arabia Saudita en los atentados del 11 de septiembre arreciaban, viajó a Arabia Saudí, para reafirmar su compromiso con el régimen wahabí, en varios aspectos. Entre ellos, tranquilizar a la Casa Al Saud., tal como ha sido prometido en su oportunidad a la entidad sionista, que Estados Unidos seguirá apoyando a Riad en el plano político, diplomático y militar en su pugna contra la creciente influencia de la República Islámica de Irán, considerada por ambos gobiernos como un enemigo de temer.

Igualmente, Obama se comprometió – en lo que quedaba de su mandato - a no dejar avanzar la posibilidad que el Congreso estadounidense apruebe una investigación que responsabilice a las autoridades saudíes de los atentados del 11 de septiembre del año 2011 en tierras norteamericanas, Prima, en esta promesa de Obama, el hecho que la Monarquía saudí señaló que si esa decisión se concretaba retiraría sus fondos de inversión en bancos Estadounidenses, convertidos en los nuevos paraísos fiscales tras el estallido mediático de los Panamá Papers, lo que generó la alarma del establishment político, empresarial y financiero de ese país. Un antiguo aforismo consigna “no se puede ocultar el sol con un dedo” y menos aún, por más productos que camuflen un olor nauseabundo, se puede ocultar la estrecha alianza entre los servicios de inteligencia de Estado Unidos y Arabia Saudita, sus gobiernos y clase política. Una alianza tejida en 71 años de relaciones, donde Estados Unidos, devenido en padre putativo de la Casa al Saud ha engendrado un monstruo que no tiene control, donde la propia concepción de dominio wahabita lleva en su seno la consolidación de una doctrina basada en el terror.

No es extraño entonces que la relación incestuosa entre Washington y Riad tenga ramificaciones, que derivan en la creación de grupos como Al Qaeda, cuyo origen se encuentra en la decisión de Washington de combatir a la ex Unión Soviética en Afganistán, en el campo de la que se denominaba Guerra Fría. Luego, en la consolidación del Nuevo Orden Mundial, donde la hegemonía estadounidense se asienta para, posteriormente, comenzar el desarrollo, financiamiento y apoyo militar para crear grupos como Daesh, Frente al Nusra, Boko Haram, Fath al Sham que han servido para desarrollar la estrategia del leading from behind estadounidense. Ello, con el proyecto de balcanizar y fragmentar naciones en pos de objetivos políticos, económicos y militares, entre Washington, sus socios occidentales y la triada conformada por Ankara- Tel Aviv y Riad.

Los propios documentos estadounidenses revelan la estrecha conexión entre el terrorismo y la Casa al Saud. Un despacho estadounidense - el denominado documento nº 242073 - enviado por la Secretaria de Estado dirigido, en ese entonces por Hillary Clinton, a sus Embajadas de Riad, Abu Dhabi, Doha, Kuwait e Islamabad, el año 2010, y dado a conocer, junto a otros 1.100 cables, por diverso medios de comunicación en el mundo, confirmó lo que era un secreto a voces y que sustenta la acusación contra la Casa al Saud como principales financistas del terror takfirí en el Magreb, Medio Oriente y Asia Central: “los donantes de Arabia Saudita constituyen la fuente más significativa de financiación de los grupos terroristas suníes en todo el mundo…aunque Arabia saudita se toma muy en serio la amenaza del terrorismo interno, ha sido un continuo reto convencer a los funcionarios de ese país, para que aborden el financiamiento terrorista que emana de Arabia Saudita como prioridad estratégica. Este país continúa siendo una base de apoyo crítico para Al Qaeda, Los talibán, Lashkar e Tayba y otros grupos terroristas, que probablemente recaudan millones de dólares anualmente de fuentes saudíes, a menudo durante el hach y ramadán”. Situación que se conocía y que se sustentaba en los informes del año 2001 tras los atentados en Washington y Nueva York.

A 15 años de los atentados del 11 de septiembre, la verdad sale a la luz, ya no se puede ocultar. Se desentraña la relación criminal entre Washington y Riad, devenido en el principal impulsor del terrorismo a nivel global. Queda al descubierto que el derribo de las Torres Gemelas, el ataque – que aún genera interrogantes respecto a su ejecución - contra el Pentágono – y la caída, derribo o acto heroico de uno de los aviones secuestrados – el llamado Vuelo 93 – son hechos que permanecen en una nebulosa difícil de despejar pues involucran a los gobiernos de Washington y Riad.

Dan cuenta de relaciones que explican no sólo una férrea alianza política y militar, sino también la complicidad en guerras de agresión, la desestabilización del Magreb, de Oriente Medio y Asia Central, el cerco contra la República Islámica de Irán y la Federación Rusa y, sobre todo, la complicidad en operaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses. Mientras ello no se aclare, mientras no aflore la verdad, seguirá rondando en el aire la responsabilidad de los gobiernos de Estado Unidos y la Monarquía wahabita en la muerte de 3 mil persona un 11 de septiembre del año 2001. Quince años de una historia truculenta, que aún tiene mucho que decirnos y donde a la par de Estados Unidos, la Casa al Saud debe responder y la ciudadanos estadounidenses exigir la verdad frente a una farsa, que ya no se sustenta.

BOTY 2013 - VINOTINTO (VENEZUELA) SHOWCASE [OFFICIAL HD VERSION BOTY TV]

Programa José Vicente Hoy entrevista a Aristóbulo Isturiz y Los Confiden...

AGENDA IMPERIALISTA CONTRA VENEZUELA (II)

DOCUMENTOS,INTERNACIONAL,OPINIÓN

Respuestas políticas y organizativas del pueblo trabajador y sus fuerzas revolucionarias

Por: Departamento de Política Internacional del PCV

Especial para TP

A principios de este año se filtró un documento del Comando Sur de EEUU, bajo el título «Operación Venezuela Freedom-2», firmado por su actual jefe, el almirante Kurt Tidd, fechado 25 de febrero de 2016.

Es un escrito detallado en el que no se contempla, en realidad, ninguna “salida electoral” contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La salida, de concretarse, sería violenta.

El Comando Sur, es decir el Pentágono, como brazo armado de las corporaciones imperialistas en la región, debe, después de 17 años de vanos intentos, cumplir la meta trazada, preferiblemente durante la presidencia de Barack Obama. En esa tarea, el Pentágono forma equipo con el Departamento de Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores) y la Secretaría del Tesoro (Ministerio de Economía y Finanzas) de EEUU.

Para el imperialismo estadounidense el dilema se hace cada vez más evidente y disminuye la brecha entre el propósito y la realidad, en el intento mediático de ocultar lo que es un plan bien orquestado, que actualmente no sólo se encuentra en desarrollo, sino en plena aceleración.

En tal sentido, el actual jefe del Comando Sur señala que:

«…la derrota en las elecciones y la descomposición interna del régimen populista y anti-norteamericano, recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación, entre las que destacan:
Poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro.
Empleo del mecanismo de la Orden Ejecutiva como parte de una estrategia que puede justificar el desarrollo de nuestra política, teniendo como justificativo legal la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América…
Aislamiento internacional y descalificación como sistema democrático, ya que no respeta la autonomía y la separación de poderes.
Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA.
Colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una intervención con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU»

Esto da testimonio de que sí existe una guerra declarada abiertamente.

Para el almirante Tidd, la MUD y sus alrededores han «aprovechado las circunstancias para crecer (…), a pesar de las rivalidades y desunión en sus filas, ya que se mueven en su seno diferentes intereses y puntos de vista».

Pero el almirante también deja claro quién tiene el mando: «nuestra intervención oportuna ha permitido delinear un camino para una salida rápida del régimen». Algo que evidentemente va más allá de la capacidad política de la MUD.

«Si bien se está enarbolando el camino pacífico, legal y electoral, ha crecido la convicción de que es necesario presionar con movilizaciones de calle, buscando fijar y paralizar a importantes contingentes militares que tendrán que ser dedicados a mantener el orden interno y seguridad del gobierno, situación que se hará insostenible en la medida en que se desaten múltiples conflictos y presiones de todo tipo», remata Tidd en su diagnóstico.

Sobre esta base, la nueva dirección del Comando Sur, en voz y firma de su nuevo jefe, examina «un conjunto de recomendaciones, para la segunda fase, efectiva de nuestra intervención en Venezuela».

La operación se crea para ser ejecutada por los Componentes Operacionales del Comando, compuesto por el Comando de Operaciones Especiales, la Fuerza Conjunta Bravo y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (inteligencia), «concebida como una operación de amplio espectro, conjunta y combinada dentro del área de responsabilidad, priorizando los conceptos estratégicos: fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica».

Estos últimos conceptos, contemplados generosamente dentro de la Doctrina de Espectro Completo, del Pentágono, recogida en el documento «Joint Vision 2020», elaborado por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EEUU, en junio de 2000, y que es, en sí mismo, la matriz doctrinaria de todos los manuales y proyectos de Guerra No Convencional desarrollados hasta hoy en día.

En tal sentido, la forma de la guerra contra Venezuela es demostradamente asimétrica, empleando, según el almirante Tidd: «recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos».

No se jerarquizan los ejércitos de tropas regulares, los tanques, los drones y los misiles. Se priorizan los actores no estatales, los derechos humanos militarizados de acuerdo a la agenda de la globalización neoliberal, los cómplices mediáticos, los operadores empresariales y los intermediarios políticos con sus respectivos lobbys y escritorios jurídicos.

Las 12 recomendaciones

La Guerra No Convencional, tutelada por el Pentágono, enmarca las 12 “recomendaciones” de la nueva gestión del Comando Sur, divididas “en acciones específicas”. Ellas son:
«Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada». Sostiene el almirante Tidd que «el referéndum o la enmienda» se impulsa en tanto «cobertura» mientras se ampara legitimidad a partir de los artículos 333 y 350 de la Constitución.

«Es indispensable destacar que la responsabilidad en la elaboración, planeación y ejecución parcial (sobre todo en esta fase) de la Operación Venezuela Freedom-2 en los actuales momentos descansa en nuestro Comando, pero el impulso de los conflictos y la generación de los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la MUD involucradas en el Plan, por eso nosotros no asumiremos el costo de una intervención armada en Venezuela, sino que emplearemos los diversos recursos y medios para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Maduro».
«Bajo un enfoque de ‘cerco y asfixia’, también hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes».
«…en el plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia, donde puedan incluirse sectores empresariales, jerarquía eclesial, sindicatos, ONGs, universidades».
«Para arribar a esta fase terminal, se contempla impulsar un plan de acción de corto plazo (6 meses con un cierre de la segunda fase hacia julio-agosto de 2016), como señalamos, hemos propuesto en estos momentos aplicar las tenazas para asfixiar y paralizar, impidiendo que las fuerzas chavistas se pueden recomponer y reagruparse».
Además, como dice más adelante: «insistir en debilitar doctrinariamente a Maduro, colocando su filiación castrista y comunista (dependencia de los cubanos) como eje propagandístico, opuesta a la libertad y la democracia, contraria a la propiedad privada y al libre mercado. También doctrinariamente, hay que responsabilizar al Estado y su política contralora como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez».
«Mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando un clima de desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la situación. En esto es importante destacar todo lo que tiene que ver con desgobierno: las fallas administrativas, la afectación con los altos índices de criminalidad y la inseguridad personal». Señala el documento, además, que para el desarrollo de dicha ofensiva propagandística cuentan con los jóvenes que demuestran «una creciente identidad con nuestra forma de vida e ideales». Además, rematando el punto: «Estos avances en los actuales momentos, son el resultado de nuestras campañas propagandísticas, pero no podemos obviar el peso de la crisis como dato empírico que la detona y refuerza».
«Por esto –continúa en el siguiente punto–, particular importancia tiene la explotación de los temas como la escasez de agua, de alimentos y de electricidad, teniendo este último aspecto un carácter grave para el gobierno, ya que la sequía ha generado una amenaza de colapso de los embalses y debemos prepararnos para explotarlo al máximo desde el punto de vista político, reforzando la matriz mediática que ubica la crisis eléctrica como responsabilidad exclusiva de Maduro».
«Especial interés adquiere en las actuales circunstancias, posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de CRISIS HUMANITARIA por falta de alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está ‘cerca del colapso y de implosionar’ demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas».
En el plano de la creación de alianzas en lo regional, «hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal y como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes», lo que le reviste de un marco jurídico capaz de mover otros resortes de la intervención de forma indirecta, valiéndose de ex presidentes, gobiernos afines y la Alianza Parlamentaria Democrática de América. Pero la cosa cobra un matiz aún más operativo cuando en el mismo punto se destaca que «se hace relevante la coordinación entre organismos de la Comunidad de Inteligencia y otras agencias como las organizaciones no gubernamentales (ONGs), corporaciones privadas de comunicación como la SIP y diversos medios privados (TV, prensa, redes, circuitos radiales)».

AGENDA IMPERIALISTA CONTRA VENEZUELA (I)

Respuestas políticas y organizativas del pueblo trabajador y sus fuerzas revolucionarias

Departamento de Política Internacional del PCV

En el marco de la contraofensiva del imperialismo para recuperar sus niveles de influencia y dominio en América Latina y el Caribe, es de particular relevancia la agresión multifacética que impulsa contra Venezuela y su proceso bolivariano de cambios iniciado en 1999.

La política del imperialismo en la región ha logrado importantes avances, evidenciado en los retrocesos de los diversos proyectos progresistas-reformistas, incluido el de nuestro país, sobre todo por inconsistencias, errores y deficiencias de los gobiernos, a pesar de tener éstos bienintencionada vocación de justicia social, además de la ausencia de poderosos Partidos revolucionarios que encabezaran la ruptura con el sistema capitalista y sus valores.

Venezuela es un objetivo apetecible del gran capital transnacional, por eso siempre debe saberse identificar la mano del imperialismo en una ofensiva integral que abona simultáneamente distintas tácticas: referendo revocatorio, implosión del Ejecutivo y Golpe de Estado. Para el apoyo e impulso de estas tácticas, es claro el papel asignado a la mayoría derechista de la Asamblea Nacional como agente al servicio de los intereses de potencias extranjeras.

En este contexto, constituye un deber ineludible levantar la moral patriótica del pueblo, con la conciencia cierta de que el creciente deterioro en la orientación y apoyo popular se puede revertir si logramos acumular la fuerza necesaria.

Por ello, el 32º Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), reunido el pasado 21 de mayo, trazó como un lineamiento fundamental el propiciar el análisis, estudio y discusión en el conjunto del pueblo venezolano y particularmente entre sus organizaciones genuinamente revolucionarias.

La necesidad de identificar acertadamente las diversas vías de agresión imperialista y de definir las maneras de enfrentarlas, se hace más urgente ante el contenido de la denominada «Operación Venezuela Freedom», con sus respectivas fases y el papel a cumplir por la derecha pro-imperialista y el Comando Sur de EEUU.

El PCV plantea que para un mejor análisis, estudio y discusión de estas cuestiones, deben utilizarse las herramientas del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, para sopesar correctamente los pasos logrados por el Gobierno de EEUU, cuáles operaciones están en desarrollo, cuáles fallaron temporalmente o definitivamente; así como la expresión concreta, a nivel local y regional, de los planes imperialistas; y, las respuestas políticas y organizativas para contrarrestar la agresión multifacética del imperialismo norteamericano.

La teoría y la práctica marxista-leninista aportan premisas básicas para el análisis de las relaciones internacionales, como: el carácter clasista de esas relaciones –aunque se plantee una política de coexistencia pacífica, no significa la renuncia a la lucha por el Socialismo–; la plena vigencia de la teoría leninista del imperialismo, al centrarse en el poder como elemento clave; y, el internacionalismo como principio marxista fundamental de las relaciones internacionales.

El materialismo histórico que nos legaron Karl Marx y Federico Engels, es una conquista formidable del pensamiento científico. El aparente caos, casualidad y la arbitrariedad de los hechos políticos que imperan en las noticias, dejaron el puesto a una teoría científica completa y armónica, que revela cómo un sistema de vida social se desarrolla, al crecer y transformarse las fuerzas productivas.

Dominar el marxismo-leninismo significa aprender a distinguir su letra de su esencia, asimilar su contenido, aprender a emplearlo en las diferentes condiciones de la lucha de clases, saberlo enriquecer, desarrollar e impulsar en consonancia con la nueva situación histórica y los nuevos objetivos.

Para el marxismo-leninismo no se parte del Estado, lo básico es el concepto de la lucha de clases, se hace énfasis en las contradicciones o antagonismos de clase existentes, partiendo del análisis de las relaciones de producción, es decir, el carácter de la propiedad de los medios de producción. Todo ello supone considerar el mundo no dividido en Estados, sino en clases con intereses antagónicos y no antagónicos.

En cuanto a la metodología, el marxismo utiliza el análisis dialéctico como instrumento para examinar la realidad. Para el marxismo el Estado corresponde a la superestructura de la organización social y sólo puede ser definido en función de la infraestructura existente.

Por todo ello, los aspectos más destacables que caracterizan los estudios marxistas de las relaciones internacionales son:

1.- La consideración de que es la clase social y no el Estado el actor clave de las relaciones internacionales. El Estado hay que verlo como un efecto de las clases sociales, por ello es un actor secundario, de esta premisa se deriva un hecho relevante en la concepción marxista: el carácter transnacional de las clases.

2.- El nivel de análisis adoptado es el de la sociedad mundial. La realidad social es considerada globalmente y se centra en la idea de totalidad.

3.- Perspectiva dinámica y progresista, centrándose en la teoría del cambio social, lo cual también es una novedad. La visión de la sociedad es que está en un cambio permanente.

El Comando Sur

El Comando Sur de Estados Unidos o Ussouthcom (United States Southern Command, en inglés), es uno de los diez Comandos pertenecientes a EEUU, y tiene su sede en Miami, Florida.

– Ubicación geográfica y funciones: el Comando Sur cubre 31 países y abarca 24.900.000 kilómetros. Es responsable de proporcionar planificación de contingencia, operaciones, y la “cooperación de seguridad” en gran parte del Caribe, América Central y del Sur, así como para la protección de los recursos militares de EEUU en estos lugares. También es responsable de velar por la defensa del Canal de Panamá y la zona del canal.

Los países de su “área de responsabilidad” son: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

– Integración: el Comando Sur es un mando conjunto integrado por más de 1.200 efectivos militares y civiles en representación del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines, Guardia Costera y varias agencias federales. Los servicios que proporciona el Comando Sur junto con el componente de Operaciones Especiales Conjuntas, dos Fuerzas de Tareas Conjuntas, una Fuerza Interagencias de Tareas Conjuntas, y las oficinas de Asistencia para la Seguridad, se encargan de realizar misiones pertenecientes al Comando Sur y las actividades de “cooperación en seguridad”. El Comando Sur ejerce su autoridad a través de los comandantes de dichos componentes.

– La Cuarta Flota: perteneciente al Comando Sur, había sido desactivada luego de la Segunda Guerra Mundial, pero, tras 58 años, fue restablecida en julio de 2008, siendo una fuerza naval de alto nivel específicamente dedicada a supervisar las tareas de sus unidades en América Latina y el Caribe. Analistas han señalado que resucitar la Cuarta Flota constituyó una decisión de carácter político y simbólico que respondió al surgimiento y avance de gobiernos progresistas-reformistas en la región y de las posiciones antiimperialistas.

«Venezuela Freedom-1»

La primera fase de la «Operación Venezuela Freedom», fue explicada por el general John Kelly, para entonces Jefe del Comando Sur, ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de EEUU, el 12 de marzo de 2015:

«…Venezuela se enfrenta ahora a la inestabilidad económica, social y política significativa debido a la rampante violencia, la delincuencia y la pobreza, la inflación galopante, la grave escasez de alimentos, medicinas y electricidad.

Violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y continuada mala gestión del gobierno del país, están contribuyendo a un ambiente de incertidumbre, y grandes segmentos de la población dice que el país va por el camino equivocado.

Además, la caída de los precios del petróleo y el deterioro económico generan condiciones que podrían llevar al gobierno venezolano a recortar los programas de bienestar social y su política exterior como el programa de subsidio de petróleo (PetroCaribe).

Más recortes a los programas de bienestar social y la continua escasez que parecen inevitables, podría prever un aumento de las tensiones y las protestas violentas, fomentando el presidente Maduro y su partido una ola represiva adicional, como medidas contra los manifestantes y la oposición (…)».

El desarrollo de esta primera fase ha sido confirmado por los acontecimientos, poniéndose además en evidencia la articulación y sincronismo con la derecha venezolana, especialmente con los sectores neofascistas en el empleo del discurso de “crisis humanitaria” «debido a la rampante violencia, la delincuencia y la pobreza, la inflación galopante, la grave escasez de alimentos, medicinas y electricidad».

El “pronóstico” de una crisis humanitaria, combinada con la campaña política y mediática de la supuesta falta de democracia y violación de los Derechos Humanos, fue el eje central de la campaña de la oposición venezolana.

En correspondencia, a principios de 2016, el actual Jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, señaló que «la derrota en las elecciones y la descomposición interna del régimen populista y anti-norteamericano, recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación(…)».