lunes, septiembre 12, 2016
11-S; una farsa que ya no se sustenta: Los Al Saud deben responder
A 15 años de los atentados del 11-S, donde murieron 3 mil personas en las Torres Gemelas y el Pentágono, ha comenzado a develarse la real implicancia de Arabia Saudí en estos hechos.
Hasta ahora la versión de las administraciones estadounidenses, desde el año 2001 a la fecha, tanto con George W. Bush como las de Barack Obama ha sido el de descartar la participación de la Monarquía Wahabita en el financiamiento y apoyo al grupo de terroristas que ejecutaron los atentados del 11 de septiembre. Esto, a pesar de todas las líneas investigativas y pruebas que mostraban que la Casa al Saud está involucrada. ¿Por qué negarse a investigar a fondo, denunciar y sancionar a aquel país que aparece como cómplice en la muerte de miles de sus ciudadanos? La “Pista Interior” en el seno de los gobiernos estadounidenses, que permitiría hilar la madeja, que reúne al establishment político y empresarial norteamericano con el complejo militar-industrial y una clase política, capaz de todo con tal de no ver afectados sus intereses nacionales e internacionales, ha comenzado a salir a la superficie y su negación ya resulta imposible.
Alea Jacta Est: “Los dados Están Echados”
El seguir negando lo que congresistas como Bob Graham o la candidata Presidencial por el Partido Verde, Jill Stein han exigido investigar – con relación a unainvestigación del Congreso estadounidense y 28 páginas que estuvieron bajo absoluto secreto desde el año 2202 a la fecha, suscitó interrogantes sobre la relación entre Arabia Saudí y Estados Unidos, al revelar hechos “respecto a que los autores del atentado del 2001, durante su estancia en estados Unidos estuvieron en contacto, recibieron apoyo o asistencia de personas relacionadas con el gobierno de Riad” haciendo referencia a que de los 19 involucrados en estos hechos, quince de ellos eran de origen saudí e incluso el único preso por la causa del 11 de septiembre del 2001 Zacarías Moussauoi, de origen saudí – y extrañamente detenido un mes antes de los atentados y vinculado con posterioridad - ha señalado a su abogado defensor que dos príncipes sauditas fueron los financistas de los atentados.
Para la Sra. Stein el sacar a la luz todo lo que se sabe “permitirá no seguir estafando a la nación. Bajo nuestra administración – señala Stein – una nueva comisión tendría acceso a las considerables investigaciones independientes que han surgido en los últimos quince años. Queremos crear una Comisión independiente, no una dominada por miembros con interés en proteger la reputación y la carrera de la comunidad diplomática y de inteligencia”. Las declaraciones de la Sra. Stein se unen a las de políticos como las del Senador Bob Graham quien, como miembro de la Comisión Investigadora del Senado sobre los atentados señaló que “el documento que desclasifica 30 nombres de saudíes involucrados en los atentados – denominado archivo 17 - ofrece pistas que podrían renovar los llamados de legisladores para aprobar una ley que permita a los miembros de las familias de las víctimas demandar al Gobierno de Arabia Saudí por tener vínculos con esos atentados". El Informe Final de esta Comisión señala que no se excluía la participación de entidades benéficas, vinculadas con el gobierno saudí, desviaran fondos para la agrupación terrorista Al Qaeda.
Si bien es cierto la investigación está abierta a que los miembros del Congreso revisen la información, está prohibido que estén acompañados o saquen notas o fotografías. Esta confidencialidad, según el ex congresista republicano Porter Goss se debe “a las estrechas relaciones del ex mandatario George W. Bush con los saudíes”. Relaciones, no sólo políticas, sino también económicas y empresariales, incluso con miembros de la familia Bin Laden, que incluían a personajes como el ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el ex vicepresidente Dick Cheney. Negocios multimillonarios que involucran a empresas como Carlyle Group – donde aparecen nombres que han estado vinculados a Bush padre e hijo, Militares del pentágono y Congresistas – y The Bin Laden Group que hicieorn millonarios contratos tras la Guerra del Golfo del año 1991 y han participado con empresas filiales en la “reconstrucción” de Kuwait, Irak y la propia Afganistán.
Claramente, se requiere indagar por aquellos que estén alejados de los circuitos de poder y de complicidad. Dar a conocer lo que se investiga, pues si esto no es así se avala la tesis que estamos ante un encubrimiento de la actividad criminal de un país aliado de Washington, en común unión con políticos, militares y empresarios estadounidenses. En función de intereses que suelen denominarse de “seguridad nacional” y que con toda racionalidad podemos pensar que los atentados del 11 de septiembre del año 2001 fueron actos de bandera falsa, una gran impostura como lo sostiene el analista Thierry Meyssan en un libro publicado a pocos meses de los atentados del 11 de septiembre. Un atentado destinado a servir de base para desencadenar una guerra de alcance global y que explicaría las acciones desatadas por el ex presidente George W. Bush a partir de octubre del año 2001, primero contra Afganistán, luego contra Irak en el marco de la “Guerra Contra el Terror” que ha resultado ser una farsa monumental y las guerras de agresión contra Libia, Siria y la política de presión contra Irán y Rusia.
Para el ex piloto de la CIA y de la DEA, Phillip Marshall quien escribió un par de libros sobre los hechos del 11 de septiembre del 2001, uno de ellos “El Gran Engaño” sostiene la teoría que dichos atentados fueron actos deliberados destinados a justificar una política de guerra preventiva contra Irak, pero teniendo como objetivo posterior a Siria e Irán. Marshall aseguró que “los 3 mil muertos en Nueva York sirvieron de excusa para provocar los cambios que han ocurrido desde el 11 de septiembre. Era necesario un ataque estilo Pearl Harbor en Estados Unidos”. Este ex piloto de agencias de gobierno estadounidense fue encontrado, en febrero del año 2013 muerto, junto a su mujer y sus dos hijas adolescentes. Las autoridades calificaron estas muertes como suicidio.
A la par de recibir los beneficios de la explotación del petróleo saudí, Estados Unidos ha permitido a Riad tejer una red de ampliación de su doctrina religiosa a través de escuela coránicas - madrasas – en una expansión del wahabismo haciendo fluir generosamente los dineros provenientes del petróleo, no importando si esa decisión de expansionismo político-religioso creaba criaturas como Al Qaeda y el Actual Estado Islámico de Irak y el Levante – Daesh en Árabe – y con ello toda una ramificación de actividades terroristas, incluso en suelo estadounidense. Ha podido más el dinero de las ventas de armas del complejo militar industrial estadounidense a Riad, que sólo bajo las administraciones de Barack Obama han significado acuerdos de ventas por 115 mil millones de dólares. No afectar los activos saudíes en bancos norteamericanos, que superan los 800.000 millones de dólares y que la Monarquía Wahabita amenazó con retirar si la investigación que los compromete, respecto a los atentados del 11 de septiembre, continuaba.
Tiene más valor los intereses geopolíticos que Washington y sus aliados occidentales manejan en Oriente Medio junto a la Casa al Saud, devenida en Gendarme de esos intereses y a su vez en activa agresora de los pueblos como Yemen, Bahréin, Siria e Irak. Las reservas de petróleo y los jugosos contratos que empresas estadounidenses e inglesas tienen con la compañía Aramco Service Company. Todo ello, para Washington tiene mayor valor que la muerte de sus ciudadanos, si el objetivo es la sobrevivencia de un sistema político, económico y de dominio que incluso requiere de estos mecanismos, para pretender seguir en su papel de potencia hegemónica.
El hedor ya no se Puede Ocultar
Los temores saudíes respecto a que la investigación que los compromete hará saltar por los aires el encubrimiento que hasta ahora se mantiene con el aval de los gobiernos estadounidenses, se está haciendo realidad. Efectivamente, el Congreso estadounidense aprobó este viernes 9 de septiembre, una legislación, la llamada Ley de Justicia Contra Los Patrocinadores del terrorismo - JASTA por sus siglas en inglés - acción que permitirá a las familias de los fallecidos en los atentados de septiembre del año 2001 demandar a Arabia Saudita, visto que 15 de los 19 involucrados eran de origen saudí, lo que alcanzaría también a miembros de la casa real wahabita, como cómplices de estos crímenes. Para el congresista republicano Peter King el aprobar esta ley “representa un hecho relevante, un gran día para Estados Unidos y los familiares de las víctimas”. Si bien este paso adquiere enorme relevancia lo más probable es que Obama vete la aprobación de esta ley, tal como se comprometió con la Monarquía Wahabita. Si esto es así se generará un proceso de pugna entre el ejecutivo y el Congreso que seguirá tensionando la relación entre Washington y Riad.
Recordemos que Barack Obama, en el mes de abril del año 2016, cuando las noticias e informes sobre la participación de Arabia Saudita en los atentados del 11 de septiembre arreciaban, viajó a Arabia Saudí, para reafirmar su compromiso con el régimen wahabí, en varios aspectos. Entre ellos, tranquilizar a la Casa Al Saud., tal como ha sido prometido en su oportunidad a la entidad sionista, que Estados Unidos seguirá apoyando a Riad en el plano político, diplomático y militar en su pugna contra la creciente influencia de la República Islámica de Irán, considerada por ambos gobiernos como un enemigo de temer.
Igualmente, Obama se comprometió – en lo que quedaba de su mandato - a no dejar avanzar la posibilidad que el Congreso estadounidense apruebe una investigación que responsabilice a las autoridades saudíes de los atentados del 11 de septiembre del año 2011 en tierras norteamericanas, Prima, en esta promesa de Obama, el hecho que la Monarquía saudí señaló que si esa decisión se concretaba retiraría sus fondos de inversión en bancos Estadounidenses, convertidos en los nuevos paraísos fiscales tras el estallido mediático de los Panamá Papers, lo que generó la alarma del establishment político, empresarial y financiero de ese país. Un antiguo aforismo consigna “no se puede ocultar el sol con un dedo” y menos aún, por más productos que camuflen un olor nauseabundo, se puede ocultar la estrecha alianza entre los servicios de inteligencia de Estado Unidos y Arabia Saudita, sus gobiernos y clase política. Una alianza tejida en 71 años de relaciones, donde Estados Unidos, devenido en padre putativo de la Casa al Saud ha engendrado un monstruo que no tiene control, donde la propia concepción de dominio wahabita lleva en su seno la consolidación de una doctrina basada en el terror.
No es extraño entonces que la relación incestuosa entre Washington y Riad tenga ramificaciones, que derivan en la creación de grupos como Al Qaeda, cuyo origen se encuentra en la decisión de Washington de combatir a la ex Unión Soviética en Afganistán, en el campo de la que se denominaba Guerra Fría. Luego, en la consolidación del Nuevo Orden Mundial, donde la hegemonía estadounidense se asienta para, posteriormente, comenzar el desarrollo, financiamiento y apoyo militar para crear grupos como Daesh, Frente al Nusra, Boko Haram, Fath al Sham que han servido para desarrollar la estrategia del leading from behind estadounidense. Ello, con el proyecto de balcanizar y fragmentar naciones en pos de objetivos políticos, económicos y militares, entre Washington, sus socios occidentales y la triada conformada por Ankara- Tel Aviv y Riad.
Los propios documentos estadounidenses revelan la estrecha conexión entre el terrorismo y la Casa al Saud. Un despacho estadounidense - el denominado documento nº 242073 - enviado por la Secretaria de Estado dirigido, en ese entonces por Hillary Clinton, a sus Embajadas de Riad, Abu Dhabi, Doha, Kuwait e Islamabad, el año 2010, y dado a conocer, junto a otros 1.100 cables, por diverso medios de comunicación en el mundo, confirmó lo que era un secreto a voces y que sustenta la acusación contra la Casa al Saud como principales financistas del terror takfirí en el Magreb, Medio Oriente y Asia Central: “los donantes de Arabia Saudita constituyen la fuente más significativa de financiación de los grupos terroristas suníes en todo el mundo…aunque Arabia saudita se toma muy en serio la amenaza del terrorismo interno, ha sido un continuo reto convencer a los funcionarios de ese país, para que aborden el financiamiento terrorista que emana de Arabia Saudita como prioridad estratégica. Este país continúa siendo una base de apoyo crítico para Al Qaeda, Los talibán, Lashkar e Tayba y otros grupos terroristas, que probablemente recaudan millones de dólares anualmente de fuentes saudíes, a menudo durante el hach y ramadán”. Situación que se conocía y que se sustentaba en los informes del año 2001 tras los atentados en Washington y Nueva York.
A 15 años de los atentados del 11 de septiembre, la verdad sale a la luz, ya no se puede ocultar. Se desentraña la relación criminal entre Washington y Riad, devenido en el principal impulsor del terrorismo a nivel global. Queda al descubierto que el derribo de las Torres Gemelas, el ataque – que aún genera interrogantes respecto a su ejecución - contra el Pentágono – y la caída, derribo o acto heroico de uno de los aviones secuestrados – el llamado Vuelo 93 – son hechos que permanecen en una nebulosa difícil de despejar pues involucran a los gobiernos de Washington y Riad.
Dan cuenta de relaciones que explican no sólo una férrea alianza política y militar, sino también la complicidad en guerras de agresión, la desestabilización del Magreb, de Oriente Medio y Asia Central, el cerco contra la República Islámica de Irán y la Federación Rusa y, sobre todo, la complicidad en operaciones que involucran a ciudadanos estadounidenses. Mientras ello no se aclare, mientras no aflore la verdad, seguirá rondando en el aire la responsabilidad de los gobiernos de Estado Unidos y la Monarquía wahabita en la muerte de 3 mil persona un 11 de septiembre del año 2001. Quince años de una historia truculenta, que aún tiene mucho que decirnos y donde a la par de Estados Unidos, la Casa al Saud debe responder y la ciudadanos estadounidenses exigir la verdad frente a una farsa, que ya no se sustenta.
domingo, septiembre 11, 2016
lunes, julio 25, 2016
AGENDA IMPERIALISTA CONTRA VENEZUELA (II)

Respuestas políticas y organizativas del pueblo trabajador y sus fuerzas revolucionarias
Por: Departamento de Política Internacional del PCV
Especial para TP
A principios de este año se filtró un documento del Comando Sur de EEUU, bajo el título «Operación Venezuela Freedom-2», firmado por su actual jefe, el almirante Kurt Tidd, fechado 25 de febrero de 2016.
Es un escrito detallado en el que no se contempla, en realidad, ninguna “salida electoral” contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La salida, de concretarse, sería violenta.
El Comando Sur, es decir el Pentágono, como brazo armado de las corporaciones imperialistas en la región, debe, después de 17 años de vanos intentos, cumplir la meta trazada, preferiblemente durante la presidencia de Barack Obama. En esa tarea, el Pentágono forma equipo con el Departamento de Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores) y la Secretaría del Tesoro (Ministerio de Economía y Finanzas) de EEUU.
Para el imperialismo estadounidense el dilema se hace cada vez más evidente y disminuye la brecha entre el propósito y la realidad, en el intento mediático de ocultar lo que es un plan bien orquestado, que actualmente no sólo se encuentra en desarrollo, sino en plena aceleración.
En tal sentido, el actual jefe del Comando Sur señala que:
«…la derrota en las elecciones y la descomposición interna del régimen populista y anti-norteamericano, recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación, entre las que destacan:
Poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro.
Empleo del mecanismo de la Orden Ejecutiva como parte de una estrategia que puede justificar el desarrollo de nuestra política, teniendo como justificativo legal la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América…
Aislamiento internacional y descalificación como sistema democrático, ya que no respeta la autonomía y la separación de poderes.
Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA.
Colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una intervención con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU»
Esto da testimonio de que sí existe una guerra declarada abiertamente.
Para el almirante Tidd, la MUD y sus alrededores han «aprovechado las circunstancias para crecer (…), a pesar de las rivalidades y desunión en sus filas, ya que se mueven en su seno diferentes intereses y puntos de vista».
Pero el almirante también deja claro quién tiene el mando: «nuestra intervención oportuna ha permitido delinear un camino para una salida rápida del régimen». Algo que evidentemente va más allá de la capacidad política de la MUD.
«Si bien se está enarbolando el camino pacífico, legal y electoral, ha crecido la convicción de que es necesario presionar con movilizaciones de calle, buscando fijar y paralizar a importantes contingentes militares que tendrán que ser dedicados a mantener el orden interno y seguridad del gobierno, situación que se hará insostenible en la medida en que se desaten múltiples conflictos y presiones de todo tipo», remata Tidd en su diagnóstico.
Sobre esta base, la nueva dirección del Comando Sur, en voz y firma de su nuevo jefe, examina «un conjunto de recomendaciones, para la segunda fase, efectiva de nuestra intervención en Venezuela».
La operación se crea para ser ejecutada por los Componentes Operacionales del Comando, compuesto por el Comando de Operaciones Especiales, la Fuerza Conjunta Bravo y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (inteligencia), «concebida como una operación de amplio espectro, conjunta y combinada dentro del área de responsabilidad, priorizando los conceptos estratégicos: fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica».
Estos últimos conceptos, contemplados generosamente dentro de la Doctrina de Espectro Completo, del Pentágono, recogida en el documento «Joint Vision 2020», elaborado por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EEUU, en junio de 2000, y que es, en sí mismo, la matriz doctrinaria de todos los manuales y proyectos de Guerra No Convencional desarrollados hasta hoy en día.
En tal sentido, la forma de la guerra contra Venezuela es demostradamente asimétrica, empleando, según el almirante Tidd: «recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos».
No se jerarquizan los ejércitos de tropas regulares, los tanques, los drones y los misiles. Se priorizan los actores no estatales, los derechos humanos militarizados de acuerdo a la agenda de la globalización neoliberal, los cómplices mediáticos, los operadores empresariales y los intermediarios políticos con sus respectivos lobbys y escritorios jurídicos.
Las 12 recomendaciones
La Guerra No Convencional, tutelada por el Pentágono, enmarca las 12 “recomendaciones” de la nueva gestión del Comando Sur, divididas “en acciones específicas”. Ellas son:
«Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada». Sostiene el almirante Tidd que «el referéndum o la enmienda» se impulsa en tanto «cobertura» mientras se ampara legitimidad a partir de los artículos 333 y 350 de la Constitución.
«Es indispensable destacar que la responsabilidad en la elaboración, planeación y ejecución parcial (sobre todo en esta fase) de la Operación Venezuela Freedom-2 en los actuales momentos descansa en nuestro Comando, pero el impulso de los conflictos y la generación de los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la MUD involucradas en el Plan, por eso nosotros no asumiremos el costo de una intervención armada en Venezuela, sino que emplearemos los diversos recursos y medios para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Maduro».
«Bajo un enfoque de ‘cerco y asfixia’, también hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes».
«…en el plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia, donde puedan incluirse sectores empresariales, jerarquía eclesial, sindicatos, ONGs, universidades».
«Para arribar a esta fase terminal, se contempla impulsar un plan de acción de corto plazo (6 meses con un cierre de la segunda fase hacia julio-agosto de 2016), como señalamos, hemos propuesto en estos momentos aplicar las tenazas para asfixiar y paralizar, impidiendo que las fuerzas chavistas se pueden recomponer y reagruparse».
Además, como dice más adelante: «insistir en debilitar doctrinariamente a Maduro, colocando su filiación castrista y comunista (dependencia de los cubanos) como eje propagandístico, opuesta a la libertad y la democracia, contraria a la propiedad privada y al libre mercado. También doctrinariamente, hay que responsabilizar al Estado y su política contralora como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez».
«Mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando un clima de desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la situación. En esto es importante destacar todo lo que tiene que ver con desgobierno: las fallas administrativas, la afectación con los altos índices de criminalidad y la inseguridad personal». Señala el documento, además, que para el desarrollo de dicha ofensiva propagandística cuentan con los jóvenes que demuestran «una creciente identidad con nuestra forma de vida e ideales». Además, rematando el punto: «Estos avances en los actuales momentos, son el resultado de nuestras campañas propagandísticas, pero no podemos obviar el peso de la crisis como dato empírico que la detona y refuerza».
«Por esto –continúa en el siguiente punto–, particular importancia tiene la explotación de los temas como la escasez de agua, de alimentos y de electricidad, teniendo este último aspecto un carácter grave para el gobierno, ya que la sequía ha generado una amenaza de colapso de los embalses y debemos prepararnos para explotarlo al máximo desde el punto de vista político, reforzando la matriz mediática que ubica la crisis eléctrica como responsabilidad exclusiva de Maduro».
«Especial interés adquiere en las actuales circunstancias, posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de CRISIS HUMANITARIA por falta de alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está ‘cerca del colapso y de implosionar’ demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas».
En el plano de la creación de alianzas en lo regional, «hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal y como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes», lo que le reviste de un marco jurídico capaz de mover otros resortes de la intervención de forma indirecta, valiéndose de ex presidentes, gobiernos afines y la Alianza Parlamentaria Democrática de América. Pero la cosa cobra un matiz aún más operativo cuando en el mismo punto se destaca que «se hace relevante la coordinación entre organismos de la Comunidad de Inteligencia y otras agencias como las organizaciones no gubernamentales (ONGs), corporaciones privadas de comunicación como la SIP y diversos medios privados (TV, prensa, redes, circuitos radiales)».
Por: Departamento de Política Internacional del PCV
Especial para TP
A principios de este año se filtró un documento del Comando Sur de EEUU, bajo el título «Operación Venezuela Freedom-2», firmado por su actual jefe, el almirante Kurt Tidd, fechado 25 de febrero de 2016.
Es un escrito detallado en el que no se contempla, en realidad, ninguna “salida electoral” contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. La salida, de concretarse, sería violenta.
El Comando Sur, es decir el Pentágono, como brazo armado de las corporaciones imperialistas en la región, debe, después de 17 años de vanos intentos, cumplir la meta trazada, preferiblemente durante la presidencia de Barack Obama. En esa tarea, el Pentágono forma equipo con el Departamento de Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores) y la Secretaría del Tesoro (Ministerio de Economía y Finanzas) de EEUU.
Para el imperialismo estadounidense el dilema se hace cada vez más evidente y disminuye la brecha entre el propósito y la realidad, en el intento mediático de ocultar lo que es un plan bien orquestado, que actualmente no sólo se encuentra en desarrollo, sino en plena aceleración.
En tal sentido, el actual jefe del Comando Sur señala que:
«…la derrota en las elecciones y la descomposición interna del régimen populista y anti-norteamericano, recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación, entre las que destacan:
Poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro.
Empleo del mecanismo de la Orden Ejecutiva como parte de una estrategia que puede justificar el desarrollo de nuestra política, teniendo como justificativo legal la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América…
Aislamiento internacional y descalificación como sistema democrático, ya que no respeta la autonomía y la separación de poderes.
Generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA.
Colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una intervención con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU»
Esto da testimonio de que sí existe una guerra declarada abiertamente.
Para el almirante Tidd, la MUD y sus alrededores han «aprovechado las circunstancias para crecer (…), a pesar de las rivalidades y desunión en sus filas, ya que se mueven en su seno diferentes intereses y puntos de vista».
Pero el almirante también deja claro quién tiene el mando: «nuestra intervención oportuna ha permitido delinear un camino para una salida rápida del régimen». Algo que evidentemente va más allá de la capacidad política de la MUD.
«Si bien se está enarbolando el camino pacífico, legal y electoral, ha crecido la convicción de que es necesario presionar con movilizaciones de calle, buscando fijar y paralizar a importantes contingentes militares que tendrán que ser dedicados a mantener el orden interno y seguridad del gobierno, situación que se hará insostenible en la medida en que se desaten múltiples conflictos y presiones de todo tipo», remata Tidd en su diagnóstico.
Sobre esta base, la nueva dirección del Comando Sur, en voz y firma de su nuevo jefe, examina «un conjunto de recomendaciones, para la segunda fase, efectiva de nuestra intervención en Venezuela».
La operación se crea para ser ejecutada por los Componentes Operacionales del Comando, compuesto por el Comando de Operaciones Especiales, la Fuerza Conjunta Bravo y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (inteligencia), «concebida como una operación de amplio espectro, conjunta y combinada dentro del área de responsabilidad, priorizando los conceptos estratégicos: fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica».
Estos últimos conceptos, contemplados generosamente dentro de la Doctrina de Espectro Completo, del Pentágono, recogida en el documento «Joint Vision 2020», elaborado por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EEUU, en junio de 2000, y que es, en sí mismo, la matriz doctrinaria de todos los manuales y proyectos de Guerra No Convencional desarrollados hasta hoy en día.
En tal sentido, la forma de la guerra contra Venezuela es demostradamente asimétrica, empleando, según el almirante Tidd: «recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos».
No se jerarquizan los ejércitos de tropas regulares, los tanques, los drones y los misiles. Se priorizan los actores no estatales, los derechos humanos militarizados de acuerdo a la agenda de la globalización neoliberal, los cómplices mediáticos, los operadores empresariales y los intermediarios políticos con sus respectivos lobbys y escritorios jurídicos.
Las 12 recomendaciones
La Guerra No Convencional, tutelada por el Pentágono, enmarca las 12 “recomendaciones” de la nueva gestión del Comando Sur, divididas “en acciones específicas”. Ellas son:
«Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada». Sostiene el almirante Tidd que «el referéndum o la enmienda» se impulsa en tanto «cobertura» mientras se ampara legitimidad a partir de los artículos 333 y 350 de la Constitución.
«Es indispensable destacar que la responsabilidad en la elaboración, planeación y ejecución parcial (sobre todo en esta fase) de la Operación Venezuela Freedom-2 en los actuales momentos descansa en nuestro Comando, pero el impulso de los conflictos y la generación de los diferentes escenarios es tarea de las fuerzas aliadas de la MUD involucradas en el Plan, por eso nosotros no asumiremos el costo de una intervención armada en Venezuela, sino que emplearemos los diversos recursos y medios para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Maduro».
«Bajo un enfoque de ‘cerco y asfixia’, también hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD, utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza: convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos, derogar leyes».
«…en el plano político interno hay que insistir en el gobierno de transición y las medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo la conformación de un gabinete de emergencia, donde puedan incluirse sectores empresariales, jerarquía eclesial, sindicatos, ONGs, universidades».
«Para arribar a esta fase terminal, se contempla impulsar un plan de acción de corto plazo (6 meses con un cierre de la segunda fase hacia julio-agosto de 2016), como señalamos, hemos propuesto en estos momentos aplicar las tenazas para asfixiar y paralizar, impidiendo que las fuerzas chavistas se pueden recomponer y reagruparse».
Además, como dice más adelante: «insistir en debilitar doctrinariamente a Maduro, colocando su filiación castrista y comunista (dependencia de los cubanos) como eje propagandístico, opuesta a la libertad y la democracia, contraria a la propiedad privada y al libre mercado. También doctrinariamente, hay que responsabilizar al Estado y su política contralora como causal del estancamiento económico, la inflación y la escasez».
«Mantener la campaña ofensiva en el terreno propagandístico, fomentando un clima de desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la situación. En esto es importante destacar todo lo que tiene que ver con desgobierno: las fallas administrativas, la afectación con los altos índices de criminalidad y la inseguridad personal». Señala el documento, además, que para el desarrollo de dicha ofensiva propagandística cuentan con los jóvenes que demuestran «una creciente identidad con nuestra forma de vida e ideales». Además, rematando el punto: «Estos avances en los actuales momentos, son el resultado de nuestras campañas propagandísticas, pero no podemos obviar el peso de la crisis como dato empírico que la detona y refuerza».
«Por esto –continúa en el siguiente punto–, particular importancia tiene la explotación de los temas como la escasez de agua, de alimentos y de electricidad, teniendo este último aspecto un carácter grave para el gobierno, ya que la sequía ha generado una amenaza de colapso de los embalses y debemos prepararnos para explotarlo al máximo desde el punto de vista político, reforzando la matriz mediática que ubica la crisis eléctrica como responsabilidad exclusiva de Maduro».
«Especial interés adquiere en las actuales circunstancias, posicionar la matriz de que Venezuela entra en una etapa de CRISIS HUMANITARIA por falta de alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela está ‘cerca del colapso y de implosionar’ demandando de la comunidad internacional una intervención humanitaria para mantener la paz y salvar vidas».
En el plano de la creación de alianzas en lo regional, «hay que insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal y como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes», lo que le reviste de un marco jurídico capaz de mover otros resortes de la intervención de forma indirecta, valiéndose de ex presidentes, gobiernos afines y la Alianza Parlamentaria Democrática de América. Pero la cosa cobra un matiz aún más operativo cuando en el mismo punto se destaca que «se hace relevante la coordinación entre organismos de la Comunidad de Inteligencia y otras agencias como las organizaciones no gubernamentales (ONGs), corporaciones privadas de comunicación como la SIP y diversos medios privados (TV, prensa, redes, circuitos radiales)».
AGENDA IMPERIALISTA CONTRA VENEZUELA (I)

Respuestas políticas y organizativas del pueblo trabajador y sus fuerzas revolucionarias
Departamento de Política Internacional del PCV
En el marco de la contraofensiva del imperialismo para recuperar sus niveles de influencia y dominio en América Latina y el Caribe, es de particular relevancia la agresión multifacética que impulsa contra Venezuela y su proceso bolivariano de cambios iniciado en 1999.
La política del imperialismo en la región ha logrado importantes avances, evidenciado en los retrocesos de los diversos proyectos progresistas-reformistas, incluido el de nuestro país, sobre todo por inconsistencias, errores y deficiencias de los gobiernos, a pesar de tener éstos bienintencionada vocación de justicia social, además de la ausencia de poderosos Partidos revolucionarios que encabezaran la ruptura con el sistema capitalista y sus valores.
Venezuela es un objetivo apetecible del gran capital transnacional, por eso siempre debe saberse identificar la mano del imperialismo en una ofensiva integral que abona simultáneamente distintas tácticas: referendo revocatorio, implosión del Ejecutivo y Golpe de Estado. Para el apoyo e impulso de estas tácticas, es claro el papel asignado a la mayoría derechista de la Asamblea Nacional como agente al servicio de los intereses de potencias extranjeras.
En este contexto, constituye un deber ineludible levantar la moral patriótica del pueblo, con la conciencia cierta de que el creciente deterioro en la orientación y apoyo popular se puede revertir si logramos acumular la fuerza necesaria.
Por ello, el 32º Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), reunido el pasado 21 de mayo, trazó como un lineamiento fundamental el propiciar el análisis, estudio y discusión en el conjunto del pueblo venezolano y particularmente entre sus organizaciones genuinamente revolucionarias.
La necesidad de identificar acertadamente las diversas vías de agresión imperialista y de definir las maneras de enfrentarlas, se hace más urgente ante el contenido de la denominada «Operación Venezuela Freedom», con sus respectivas fases y el papel a cumplir por la derecha pro-imperialista y el Comando Sur de EEUU.
El PCV plantea que para un mejor análisis, estudio y discusión de estas cuestiones, deben utilizarse las herramientas del materialismo dialéctico y el materialismo histórico, para sopesar correctamente los pasos logrados por el Gobierno de EEUU, cuáles operaciones están en desarrollo, cuáles fallaron temporalmente o definitivamente; así como la expresión concreta, a nivel local y regional, de los planes imperialistas; y, las respuestas políticas y organizativas para contrarrestar la agresión multifacética del imperialismo norteamericano.
La teoría y la práctica marxista-leninista aportan premisas básicas para el análisis de las relaciones internacionales, como: el carácter clasista de esas relaciones –aunque se plantee una política de coexistencia pacífica, no significa la renuncia a la lucha por el Socialismo–; la plena vigencia de la teoría leninista del imperialismo, al centrarse en el poder como elemento clave; y, el internacionalismo como principio marxista fundamental de las relaciones internacionales.
El materialismo histórico que nos legaron Karl Marx y Federico Engels, es una conquista formidable del pensamiento científico. El aparente caos, casualidad y la arbitrariedad de los hechos políticos que imperan en las noticias, dejaron el puesto a una teoría científica completa y armónica, que revela cómo un sistema de vida social se desarrolla, al crecer y transformarse las fuerzas productivas.
Dominar el marxismo-leninismo significa aprender a distinguir su letra de su esencia, asimilar su contenido, aprender a emplearlo en las diferentes condiciones de la lucha de clases, saberlo enriquecer, desarrollar e impulsar en consonancia con la nueva situación histórica y los nuevos objetivos.
Para el marxismo-leninismo no se parte del Estado, lo básico es el concepto de la lucha de clases, se hace énfasis en las contradicciones o antagonismos de clase existentes, partiendo del análisis de las relaciones de producción, es decir, el carácter de la propiedad de los medios de producción. Todo ello supone considerar el mundo no dividido en Estados, sino en clases con intereses antagónicos y no antagónicos.
En cuanto a la metodología, el marxismo utiliza el análisis dialéctico como instrumento para examinar la realidad. Para el marxismo el Estado corresponde a la superestructura de la organización social y sólo puede ser definido en función de la infraestructura existente.
Por todo ello, los aspectos más destacables que caracterizan los estudios marxistas de las relaciones internacionales son:
1.- La consideración de que es la clase social y no el Estado el actor clave de las relaciones internacionales. El Estado hay que verlo como un efecto de las clases sociales, por ello es un actor secundario, de esta premisa se deriva un hecho relevante en la concepción marxista: el carácter transnacional de las clases.
2.- El nivel de análisis adoptado es el de la sociedad mundial. La realidad social es considerada globalmente y se centra en la idea de totalidad.
3.- Perspectiva dinámica y progresista, centrándose en la teoría del cambio social, lo cual también es una novedad. La visión de la sociedad es que está en un cambio permanente.
El Comando Sur
El Comando Sur de Estados Unidos o Ussouthcom (United States Southern Command, en inglés), es uno de los diez Comandos pertenecientes a EEUU, y tiene su sede en Miami, Florida.
– Ubicación geográfica y funciones: el Comando Sur cubre 31 países y abarca 24.900.000 kilómetros. Es responsable de proporcionar planificación de contingencia, operaciones, y la “cooperación de seguridad” en gran parte del Caribe, América Central y del Sur, así como para la protección de los recursos militares de EEUU en estos lugares. También es responsable de velar por la defensa del Canal de Panamá y la zona del canal.
Los países de su “área de responsabilidad” son: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.
– Integración: el Comando Sur es un mando conjunto integrado por más de 1.200 efectivos militares y civiles en representación del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Marines, Guardia Costera y varias agencias federales. Los servicios que proporciona el Comando Sur junto con el componente de Operaciones Especiales Conjuntas, dos Fuerzas de Tareas Conjuntas, una Fuerza Interagencias de Tareas Conjuntas, y las oficinas de Asistencia para la Seguridad, se encargan de realizar misiones pertenecientes al Comando Sur y las actividades de “cooperación en seguridad”. El Comando Sur ejerce su autoridad a través de los comandantes de dichos componentes.
– La Cuarta Flota: perteneciente al Comando Sur, había sido desactivada luego de la Segunda Guerra Mundial, pero, tras 58 años, fue restablecida en julio de 2008, siendo una fuerza naval de alto nivel específicamente dedicada a supervisar las tareas de sus unidades en América Latina y el Caribe. Analistas han señalado que resucitar la Cuarta Flota constituyó una decisión de carácter político y simbólico que respondió al surgimiento y avance de gobiernos progresistas-reformistas en la región y de las posiciones antiimperialistas.
«Venezuela Freedom-1»
La primera fase de la «Operación Venezuela Freedom», fue explicada por el general John Kelly, para entonces Jefe del Comando Sur, ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de EEUU, el 12 de marzo de 2015:
«…Venezuela se enfrenta ahora a la inestabilidad económica, social y política significativa debido a la rampante violencia, la delincuencia y la pobreza, la inflación galopante, la grave escasez de alimentos, medicinas y electricidad.
Violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y continuada mala gestión del gobierno del país, están contribuyendo a un ambiente de incertidumbre, y grandes segmentos de la población dice que el país va por el camino equivocado.
Además, la caída de los precios del petróleo y el deterioro económico generan condiciones que podrían llevar al gobierno venezolano a recortar los programas de bienestar social y su política exterior como el programa de subsidio de petróleo (PetroCaribe).
Más recortes a los programas de bienestar social y la continua escasez que parecen inevitables, podría prever un aumento de las tensiones y las protestas violentas, fomentando el presidente Maduro y su partido una ola represiva adicional, como medidas contra los manifestantes y la oposición (…)».
El desarrollo de esta primera fase ha sido confirmado por los acontecimientos, poniéndose además en evidencia la articulación y sincronismo con la derecha venezolana, especialmente con los sectores neofascistas en el empleo del discurso de “crisis humanitaria” «debido a la rampante violencia, la delincuencia y la pobreza, la inflación galopante, la grave escasez de alimentos, medicinas y electricidad».
El “pronóstico” de una crisis humanitaria, combinada con la campaña política y mediática de la supuesta falta de democracia y violación de los Derechos Humanos, fue el eje central de la campaña de la oposición venezolana.
En correspondencia, a principios de 2016, el actual Jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, señaló que «la derrota en las elecciones y la descomposición interna del régimen populista y anti-norteamericano, recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación(…)».
viernes, julio 22, 2016
(VIDEO) Orlando Romero Harrington: La verdad oculta del oligopolio “Kimberly Clark” contra Venezuela
Por: Venezolana de Televisión (VTV) | Viernes, 22/07/2016
ROMERO INDICÓ QUE EL PRESIDENTE DE KIMBERLY CLARK ES EL CONGRESISTA NORTEAMERICANO J. SENSEMBRENER, EL MÁS CONSERVADOR DIPUTADO DEL PARTIDO REPUBLICANO QUIEN ESTUVO DETRÁS DE LA REDACCIÓN DE LA “LEY PATRIOTA”, LA ILEGAL Y EXTRATERRITORIAL LEGISLACIÓN VIOLADORA DE DDHH EN EEUU Y EL MUNDO
Credito: VTV
Caracas, 21 de julio de 2016.- La Empresa transnacional Kimberly Clark, cuyos dueños norteamericanos abandonaron las instalaciones en Venezuela y burlaron a sus trabajadores dentro de la Guerra Económica que aplican sectores poderosos contra el país, nunca ha tenido problemas financieros ni de liquidez y sus ingresos mundiales superan el Producto Interno Bruto (PIB) de cualquier país del tercer mundo.
Así lo develó el analista político e investigador Orlando Romero Harrington, durante una interesante entrevista en el programa En Tres y Dos, que transmite VTV.
Las revelaciones producto de investigación documental, demuestra las verdaderas intenciones de esta firma norteamericana que paralizó la producción de papel higiénico, toallas sanitarias para fémeninas y productos de aseo personal con la excusa de pérdidas, falta de materia prima y divisas, pero que en realidad forma parte de la Guerra Económica para generar la supuesta escasez de estos rubros.
"Forma parte de un oligopolio en productos de higiene y aseo personal que opera en más de 170 países del mundo", dijo Romero, al presentar los resultados de la pesquisa periodística, la cual evidencia cómo Kimberly Clark es una transnacional, probablemente una de las más poderosas del planeta, que controla la producción de estos materiales y mercancías para el aseo e higiene personal y hace uso político de esta condición.
"Cuando hablamos que Kimberly Clark toma la decisión de abandonar un país latinoamericano, esta decisión está consensuada en varios países", alertó el analista, al explicar que debido a su presencia geográfica en el continente, posee un poderoso potencial de intercambio entre sus filiales, "es decir, lo que no tenga en Chile lo tiene en Uruguay o en otra nación, para sus operaciones y comercialización".
Dueño de la fábrica y de los ataques mediáticos:
"Lo interesante de esto es que, como toda transnacional y oligopolio del poder fáctico mundial, Kimberly Clark tiene dentro de sus filas a directores de medios de comunicación", advirtió Romero.
Informó que el presidente de Kimbertly Clark es el congresista norteamericano J. Sensembrener,el más conservador diputado del Partido Republicano quien estuvo detrás de la redacción de la "Ley Patriota" en EEUU.
"Es decir, este señor pertenece al Clan Bush", acotó Romero, en referencia directa al expresidente de EEUU, George W. Bush, quien en la primera década del siglo 21 impulsó la adopción de la llamada "Acta Patriota" para violentar todo Derecho Humano en su país y que se ha aplicado sistemática e ilegalmente en todo el mundo, tras los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001.
Comentó que Sensembrener fue calificado como un radical e intolerante por muchos de los integrantes de su propio partido, el Republicano. "Este señor, además, tiene asociación estratégica entre Kimberly Clark y nuestros archienemigos mediáticos de The New York Times", reveló el analista.
"¡Imagínate tú lo que puede venir contra Venezuela", auguró sobre los nuevos y futuros ataques mediáticos provenientes de ese medio de la derecha internacional, al señalar que falló la estrategia de la transnacional al abandonar las instalaciones en Venezuela para forzar un presunto colapso en la producción de estos rubros de consumo. Recordó que los trabajadores pidieron acompañamiento del Gobierno Bolivariano y lograron la recuperación de la empresa, ahora en poder de la Clase Obrera, y según la normativa legal venezolana los antiguos dueños ya no podrán reclamar nada.
Cártel transnacional:
Para abundar en la conducta de esta empresa transnacional, durante la entrevista se difundieron viejos artículos de prensa que revelan cómo la conducta impropia e interesada de Kimberly Clark traspasa las fronteras nacionales.
Se hizo referencia a varias publicaciones de la revista colombiana SEMANA, empresa periodística que no puede ser acusada de "chavista", las cuales revelan que Kimberly Clark fue sancionada por participar en un cártel empresarial mediante el cual fijaban precios abusivos e ilegales en productos de consumo sensible como el papel higiénico, pañales y cuadernos para estudiantes.
En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró la responsabilidad administrativa por asociación ilegal de acuerdos de precios desde el año 2001 hasta por lo menos diciembre de 2011. Diez años haciendo manejos dolosos junto a otras empresas del ramo, en una trama para forzar el incremento exorbitante de precios que afectaron significativamente al mercado y a los ciudadanos colombianos.
Credito: VTV
Caracas, 21 de julio de 2016.- La Empresa transnacional Kimberly Clark, cuyos dueños norteamericanos abandonaron las instalaciones en Venezuela y burlaron a sus trabajadores dentro de la Guerra Económica que aplican sectores poderosos contra el país, nunca ha tenido problemas financieros ni de liquidez y sus ingresos mundiales superan el Producto Interno Bruto (PIB) de cualquier país del tercer mundo.
Así lo develó el analista político e investigador Orlando Romero Harrington, durante una interesante entrevista en el programa En Tres y Dos, que transmite VTV.
Las revelaciones producto de investigación documental, demuestra las verdaderas intenciones de esta firma norteamericana que paralizó la producción de papel higiénico, toallas sanitarias para fémeninas y productos de aseo personal con la excusa de pérdidas, falta de materia prima y divisas, pero que en realidad forma parte de la Guerra Económica para generar la supuesta escasez de estos rubros.
"Forma parte de un oligopolio en productos de higiene y aseo personal que opera en más de 170 países del mundo", dijo Romero, al presentar los resultados de la pesquisa periodística, la cual evidencia cómo Kimberly Clark es una transnacional, probablemente una de las más poderosas del planeta, que controla la producción de estos materiales y mercancías para el aseo e higiene personal y hace uso político de esta condición.
"Cuando hablamos que Kimberly Clark toma la decisión de abandonar un país latinoamericano, esta decisión está consensuada en varios países", alertó el analista, al explicar que debido a su presencia geográfica en el continente, posee un poderoso potencial de intercambio entre sus filiales, "es decir, lo que no tenga en Chile lo tiene en Uruguay o en otra nación, para sus operaciones y comercialización".
Dueño de la fábrica y de los ataques mediáticos:
"Lo interesante de esto es que, como toda transnacional y oligopolio del poder fáctico mundial, Kimberly Clark tiene dentro de sus filas a directores de medios de comunicación", advirtió Romero.
Informó que el presidente de Kimbertly Clark es el congresista norteamericano J. Sensembrener,el más conservador diputado del Partido Republicano quien estuvo detrás de la redacción de la "Ley Patriota" en EEUU.
"Es decir, este señor pertenece al Clan Bush", acotó Romero, en referencia directa al expresidente de EEUU, George W. Bush, quien en la primera década del siglo 21 impulsó la adopción de la llamada "Acta Patriota" para violentar todo Derecho Humano en su país y que se ha aplicado sistemática e ilegalmente en todo el mundo, tras los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York, en 2001.
Comentó que Sensembrener fue calificado como un radical e intolerante por muchos de los integrantes de su propio partido, el Republicano. "Este señor, además, tiene asociación estratégica entre Kimberly Clark y nuestros archienemigos mediáticos de The New York Times", reveló el analista.
"¡Imagínate tú lo que puede venir contra Venezuela", auguró sobre los nuevos y futuros ataques mediáticos provenientes de ese medio de la derecha internacional, al señalar que falló la estrategia de la transnacional al abandonar las instalaciones en Venezuela para forzar un presunto colapso en la producción de estos rubros de consumo. Recordó que los trabajadores pidieron acompañamiento del Gobierno Bolivariano y lograron la recuperación de la empresa, ahora en poder de la Clase Obrera, y según la normativa legal venezolana los antiguos dueños ya no podrán reclamar nada.
Cártel transnacional:
Para abundar en la conducta de esta empresa transnacional, durante la entrevista se difundieron viejos artículos de prensa que revelan cómo la conducta impropia e interesada de Kimberly Clark traspasa las fronteras nacionales.
Se hizo referencia a varias publicaciones de la revista colombiana SEMANA, empresa periodística que no puede ser acusada de "chavista", las cuales revelan que Kimberly Clark fue sancionada por participar en un cártel empresarial mediante el cual fijaban precios abusivos e ilegales en productos de consumo sensible como el papel higiénico, pañales y cuadernos para estudiantes.
En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia declaró la responsabilidad administrativa por asociación ilegal de acuerdos de precios desde el año 2001 hasta por lo menos diciembre de 2011. Diez años haciendo manejos dolosos junto a otras empresas del ramo, en una trama para forzar el incremento exorbitante de precios que afectaron significativamente al mercado y a los ciudadanos colombianos.
martes, julio 19, 2016
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