Chavez en la web
jueves, septiembre 10, 2015
miércoles, septiembre 09, 2015
martes, septiembre 08, 2015
Colombia y su chinazo ante la Corte Penal Internacional
Con total descaro e impudicia el gobierno de Colombia ha declarado que ante la “crítica” situación en la frontera (se acaban de enterar de las consecuencias de su desgobierno), denunciarán a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. En efecto, el presidente de Colombia declaró que la Fiscalía está “considerando seriamente” denunciar ante la Corte Penal Internacional a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos “crímenes de lesa humanidad”, todo a raíz del intento de Venezuela de reinstaurar el orden y el control en la zona fronteriza.
Debemos recordar que la Corte Penal Internacional, es un organismo independiente creado en 1998, con sede en La Haya. Se rige bajo el Estatuto de Roma, ratificado y refrendado por 122 países del orbe. Cabe recordar que Estados Unidos, aliado incondicional de Colombia, es un feroz enemigo de la Corte Penal Internacional, ya que en su soberbia imperial, niega, prohíbe e impide cualquier mecanismo o posibilidad de que militares o políticos norteamericanos sean sometidos y juzgados ante tribunales internacionales. Nada de justicia por sus crímenes, bombardeos, asesinatos e invasiones alrededor del mundo. Inmunidad imperial, lo llamarían algunos.
La Corte Penal Internacional “Es un Tribunal estable y permanente. Constituye la primera jurisdicción internacional con vocación y aspiración de universalidad, competente para enjuiciar a personas físicas, y, en su caso, depurar la responsabilidad penal internacional del individuo por los crímenes más graves, de trascendencia para la comunidad internacional”. Entre sus competencias está conocer sobre “crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión”. En el caso de los crímenes de lesa humanidad, están perfecta y claramente definidas como “conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Este no es precisamente el caso de Venezuela, que ha recibido e integrado en su seno a más de 5 millones de colombianos. Este rosario de atroces términos (crímenes de lesa humanidad) es el exacto prontuario de las barbaridades cometidas por los gobiernos de extrema derecha colombianos. Este país está proyectando sobre Venezuela sus problemas y miserias, siendo incapaz de solucionar y poner fin a tantos años de crímenes y terror.
Debemos recordar que la Corte Penal Internacional, es un organismo independiente creado en 1998, con sede en La Haya. Se rige bajo el Estatuto de Roma, ratificado y refrendado por 122 países del orbe. Cabe recordar que Estados Unidos, aliado incondicional de Colombia, es un feroz enemigo de la Corte Penal Internacional, ya que en su soberbia imperial, niega, prohíbe e impide cualquier mecanismo o posibilidad de que militares o políticos norteamericanos sean sometidos y juzgados ante tribunales internacionales. Nada de justicia por sus crímenes, bombardeos, asesinatos e invasiones alrededor del mundo. Inmunidad imperial, lo llamarían algunos.
La Corte Penal Internacional “Es un Tribunal estable y permanente. Constituye la primera jurisdicción internacional con vocación y aspiración de universalidad, competente para enjuiciar a personas físicas, y, en su caso, depurar la responsabilidad penal internacional del individuo por los crímenes más graves, de trascendencia para la comunidad internacional”. Entre sus competencias está conocer sobre “crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión”. En el caso de los crímenes de lesa humanidad, están perfecta y claramente definidas como “conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Este no es precisamente el caso de Venezuela, que ha recibido e integrado en su seno a más de 5 millones de colombianos. Este rosario de atroces términos (crímenes de lesa humanidad) es el exacto prontuario de las barbaridades cometidas por los gobiernos de extrema derecha colombianos. Este país está proyectando sobre Venezuela sus problemas y miserias, siendo incapaz de solucionar y poner fin a tantos años de crímenes y terror.
Así que a taparse la nariz, porque es la misma Corte Penal Internacional la que ha sistematizado e investigado los crímenes cometidos durante décadas por los gobiernos colombianos. Solo basta pasearse por la página oficial de la propia Corte, para acceder al informe oficial denominado: Situación en Colombia, Reporte Intermedio, Noviembre 2012, donde resume sus conclusiones sobre su “competencia y la admisibilidad” en cinco áreas donde se presentan graves violaciones a los Derechos Humanos, a saber: “(i) el seguimiento sobre el Marco Legal para la Paz y otros desarrollos legislativos pertinentes, así como aspectos jurisdiccionales relacionados con la aparición de “nuevos grupos armados ilegales”; (ii) los procedimientos relativos a la promoción y expansión de los grupos paramilitares; (iii) los procedimientos relativos al desplazamiento forzado; (iv) los procedimientos relativos a los delitos sexuales; y, (v) los casos defalsos positivos”.
Cuando los agentes del Gobierno Colombiano se presenten ante la Corte Penal Internacional, que tengan cuidado, no vaya a ser que los dejen presos por tener la manos manchadas de sangre con tantos crímenes y tanta impunidad.
Estamos más que seguros de que una supuesta denuncia contra Venezuela por parte de Colombia, ante la Corte Penal Internacional, terminará revirtiéndose contra este gobierno. Le saldrá el tiro por la culata y el chinazo le saldrá caro, ya que Venezuela puede demostrar fehacientemente, con elementos más que públicos y notorios, que en el espacio territorial fronterizo correspondiente al Norte de Santander, se observan claramente características y elementos que permiten suponer la presencia de un Estado Fallido. Es decir, la ausencia total de autoridad gubernamental, pérdida del control territorial, dominio de grupos paramilitares (control político y militar), corrupción, ineficacia en la prestación de los servicios más elementales y la distorsión de las estructuras económicas y comerciales.
Veamos algunos elementos y temas con los cuales Venezuela puede demostrar la permanente y premeditada “inacción” gubernamental del otro lado de la frontera:
· Contrabando de Gasolina: A plena luz del día y sin ningún tipo de normas de seguridad, permisos de importación o pago de impuestos o aranceles, más de “6.000 pimpineros” venden libremente el combustible venezolano por todas las calles y avenidas de la zona fronteriza. No existe ningún tipo de control. Es una operación dirigida por mafias organizadas, alimentados por más de 40.000 vehículos que cruzan diariamente al lado venezolano con la única finalidad de comprar la gasolina subsidiada por el Gobierno Bolivariano. El gobierno colombiano no solamente es complaciente con el contrabando, también se beneficia, ya que por cada pimpina sustraída de Venezuela, Ecopetrol se ahorra el subsidio a la gasolina que distribuye en la frontera. Así, del consumo mensual estimado en “14 millones de galones”, Ecopetrol solo pone “3.5 millones de galones”, siendo la diferencia contrabandeada desde Venezuela. Otro tema que se ha revelado es que del lado colombiano habría apenas unas 20 bombas legales de combustible, número insuficiente para satisfacer la demanda de su parque automotor. Con el cierre del paso de vehículos, ahora las largas colas para llenar el tanque de gasolina, se pasaron del lado venezolano para el colombiano. Justicia, dirían algunos. Estos son efectos inmediatos y más que esclarecedores de lo acertado de la medida de cierre temporal del paso limítrofe, combatiendo así las distorsiones e irregularidades de la frontera.
· Alimentos, medicamentos, artículos de higiene personal y limpieza: Sin detenerse en reiterar el astronómico diferencial de precios de todos estos productos (capitalismo salvaje Vs. socialismo con inclusión y justicia social), resalta que su ilegal traslado, acopio, distribución y venta, se efectúa en grandes cantidades a plena luz del día, en locales tanto formales como informales, violentando una larga lista de normas y leyes nacionales e internacionales. Podemos resaltar el incumplimiento de normas sanitarias (con elevados riesgos a la salud del consumidor), evasiones en el pago de impuestos y aranceles, sin licencias de importación y sin registros de marca o respeto a los derechos de autor. A la clara vista de los impasibles funcionarios aduanales, policiales, de Salud, de la DIAN, de todo el gobierno colombiano en pleno. Este es un caso de defraudación masiva contra el pueblo y el gobierno venezolano que adquiere y subsidia, en beneficio de su pueblo, productos esenciales como leche en polvo, arroz o trigo, que luego son contrabandeados y bachaqueados burdamente hacia Colombia, sin ningún tipo de control o reparo por parte de sus autoridades.
· Divisas y Casas de Cambio: En este tema estamos ante la evidente presencia de mafias organizadas que violan y transgreden las normas internacionales sobre legitimación de capitales. El Gobierno Colombiano ha sido indolente y tolerante, debido a su escaso control sobre los flujos financieros (transacciones), lo que posibilita los ilegales procesos de conversión y compra-venta de las divisas. Además persiste el menoscabo en las competencias del Banco de la República de Colombia, al permitir que “las tasas de cambio de compra y venta de divisas serán aquellas que libremente acuerden las partes intervinientes” (artículo 70 de la Resolución Externa No. 8, 5 de mayo del año 2.000), incentivando todo un entramado de Casas de Cambio, muchas de ellas montadas en tarantines en las vías públicas, las cuales fijan especulativamente el valor de las monedas nacionales. Este intercambio ilegal de divisas sustenta el “maravilloso” negocio de adquirir bolívares para luego comprar masivamente productos y servicios subsidiados por el gobierno venezolano.
· Paramilitares y Narcotráfico: Libres y campantes. Así andan los grupos paramilitares, elementos facilitadores del crimen organizado, los cuales circulan libremente por todo el territorio, ejerciendo la autoridad política y militar. Financian su estructura delincuencial del contrabando de gasolina y alimentos, del cobro de vacunas y de la distribución de drogas.
Si nos toca la defensa de la patria ante cualquier instancia internacional, podemos incorporar otros casos emblemáticos, con altos componentes de defraudación y sofisticación criminal, los cuales merecen ser investigados con mayor precisión:
· En primer lugar el llamado Carrusel, nombre dado al fraude ideado por las mafias organizadas colombianas para lucrarse con la comercialización de ganado en pie, que circula sin ningún tipo de control por ambos lados de la frontera. Estas importaciones han permitido a los grupos criminales acceder a dólares preferenciales para soportar la compra de ganado, que una vez ingresado a territorio nacional es “devuelto” por los caminos verdes, donde es despostado y la carne en canal, nuevamente es comercializada en Venezuela como una nueva operación de importación. El ganado en pie y la carne en canal que circula libremente por la frontera no tiene ningún tipo de control aduanero o sanitario y pone en duda o riesgo la certificación que la Organización Mundial de Sanidad Animal otorgó a Colombia como país libre de fiebre aftosa con vacunación.
· También nos afecta sobremanera el contrabando de Café hacia Colombia. Las mafias criminales se aprovechan del diferencial cambiario para comprar y contrabandear miles de quintales de café salen hacia Colombia. Habría que solicitar a las autoridades internacionales (la Organización Internacional del Café), la realización de exámenes de certificación de origen, genéticos y de ADN, para que los países del mundo no sean estafados con la venta de café venezolano presentado en empaques bajo la marca Café de Colombia. Lo mismo está sucediendo con nuestro cacao (de la mejor calidad del mundo), el cual está siendo contrabandeado inescrupulosamente en grandes cantidades al vecino país.
No entendemos que tanto protesta el gobierno colombiano, si es evidente que es cómplice necesario y facilitador de la sistemática depredación y saqueo de nuestros productos de la cesta básica. Se aprovechan de los programas y misiones que el Gobierno Bolivariano ha creado para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, elevar sus niveles nutricionales, su salud y su educación.
Es bien difícil encontrar un punto de equilibrio, pues del otro lado de la frontera campea libremente el neoliberalismo, con su lógica de explotación y liberalización de precios que solo consigue generar desigualdades y exclusión. Por eso la voracidad y rapiña sobre los productos y servicios venezolanos no tiene fin. Desde un kilo de arroz hasta el pase por la peluquería, todo se negocia en base a un mercado ilegal que perjudica a Venezuela.
En definitiva, es el gobierno colombiano el que debe empezar a ejercer gobierno en la frontera. Ejercer su autoridad ante tanta impunidad y tanto dominio por parte de las mafias organizadas.
Reiteramos que el pueblo honesto y trabajador colombiano, está perfectamente integrado en nuestra sociedad y siempre ha sido bien recibido en nuestra tierra. Nadie va a obligarnos a pelear entre hermanos. Nuestra lucha es contra las mafias delincuenciales de paramilitares y bachaqueros que agreden, atacan y desangran a nuestro país.
No olvidamos nunca la mágica poesía de Aníbal Nazoa: “Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya: la raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Y así entre todos los pueblos: raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Porque esas cosas no existen, sino que fueron trazadas, para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas”.
Richard Canan
Sociólogo
@richardcanan
Cuando los agentes del Gobierno Colombiano se presenten ante la Corte Penal Internacional, que tengan cuidado, no vaya a ser que los dejen presos por tener la manos manchadas de sangre con tantos crímenes y tanta impunidad.
Estamos más que seguros de que una supuesta denuncia contra Venezuela por parte de Colombia, ante la Corte Penal Internacional, terminará revirtiéndose contra este gobierno. Le saldrá el tiro por la culata y el chinazo le saldrá caro, ya que Venezuela puede demostrar fehacientemente, con elementos más que públicos y notorios, que en el espacio territorial fronterizo correspondiente al Norte de Santander, se observan claramente características y elementos que permiten suponer la presencia de un Estado Fallido. Es decir, la ausencia total de autoridad gubernamental, pérdida del control territorial, dominio de grupos paramilitares (control político y militar), corrupción, ineficacia en la prestación de los servicios más elementales y la distorsión de las estructuras económicas y comerciales.
Veamos algunos elementos y temas con los cuales Venezuela puede demostrar la permanente y premeditada “inacción” gubernamental del otro lado de la frontera:
· Contrabando de Gasolina: A plena luz del día y sin ningún tipo de normas de seguridad, permisos de importación o pago de impuestos o aranceles, más de “6.000 pimpineros” venden libremente el combustible venezolano por todas las calles y avenidas de la zona fronteriza. No existe ningún tipo de control. Es una operación dirigida por mafias organizadas, alimentados por más de 40.000 vehículos que cruzan diariamente al lado venezolano con la única finalidad de comprar la gasolina subsidiada por el Gobierno Bolivariano. El gobierno colombiano no solamente es complaciente con el contrabando, también se beneficia, ya que por cada pimpina sustraída de Venezuela, Ecopetrol se ahorra el subsidio a la gasolina que distribuye en la frontera. Así, del consumo mensual estimado en “14 millones de galones”, Ecopetrol solo pone “3.5 millones de galones”, siendo la diferencia contrabandeada desde Venezuela. Otro tema que se ha revelado es que del lado colombiano habría apenas unas 20 bombas legales de combustible, número insuficiente para satisfacer la demanda de su parque automotor. Con el cierre del paso de vehículos, ahora las largas colas para llenar el tanque de gasolina, se pasaron del lado venezolano para el colombiano. Justicia, dirían algunos. Estos son efectos inmediatos y más que esclarecedores de lo acertado de la medida de cierre temporal del paso limítrofe, combatiendo así las distorsiones e irregularidades de la frontera.
· Alimentos, medicamentos, artículos de higiene personal y limpieza: Sin detenerse en reiterar el astronómico diferencial de precios de todos estos productos (capitalismo salvaje Vs. socialismo con inclusión y justicia social), resalta que su ilegal traslado, acopio, distribución y venta, se efectúa en grandes cantidades a plena luz del día, en locales tanto formales como informales, violentando una larga lista de normas y leyes nacionales e internacionales. Podemos resaltar el incumplimiento de normas sanitarias (con elevados riesgos a la salud del consumidor), evasiones en el pago de impuestos y aranceles, sin licencias de importación y sin registros de marca o respeto a los derechos de autor. A la clara vista de los impasibles funcionarios aduanales, policiales, de Salud, de la DIAN, de todo el gobierno colombiano en pleno. Este es un caso de defraudación masiva contra el pueblo y el gobierno venezolano que adquiere y subsidia, en beneficio de su pueblo, productos esenciales como leche en polvo, arroz o trigo, que luego son contrabandeados y bachaqueados burdamente hacia Colombia, sin ningún tipo de control o reparo por parte de sus autoridades.
· Divisas y Casas de Cambio: En este tema estamos ante la evidente presencia de mafias organizadas que violan y transgreden las normas internacionales sobre legitimación de capitales. El Gobierno Colombiano ha sido indolente y tolerante, debido a su escaso control sobre los flujos financieros (transacciones), lo que posibilita los ilegales procesos de conversión y compra-venta de las divisas. Además persiste el menoscabo en las competencias del Banco de la República de Colombia, al permitir que “las tasas de cambio de compra y venta de divisas serán aquellas que libremente acuerden las partes intervinientes” (artículo 70 de la Resolución Externa No. 8, 5 de mayo del año 2.000), incentivando todo un entramado de Casas de Cambio, muchas de ellas montadas en tarantines en las vías públicas, las cuales fijan especulativamente el valor de las monedas nacionales. Este intercambio ilegal de divisas sustenta el “maravilloso” negocio de adquirir bolívares para luego comprar masivamente productos y servicios subsidiados por el gobierno venezolano.
· Paramilitares y Narcotráfico: Libres y campantes. Así andan los grupos paramilitares, elementos facilitadores del crimen organizado, los cuales circulan libremente por todo el territorio, ejerciendo la autoridad política y militar. Financian su estructura delincuencial del contrabando de gasolina y alimentos, del cobro de vacunas y de la distribución de drogas.
Si nos toca la defensa de la patria ante cualquier instancia internacional, podemos incorporar otros casos emblemáticos, con altos componentes de defraudación y sofisticación criminal, los cuales merecen ser investigados con mayor precisión:
· En primer lugar el llamado Carrusel, nombre dado al fraude ideado por las mafias organizadas colombianas para lucrarse con la comercialización de ganado en pie, que circula sin ningún tipo de control por ambos lados de la frontera. Estas importaciones han permitido a los grupos criminales acceder a dólares preferenciales para soportar la compra de ganado, que una vez ingresado a territorio nacional es “devuelto” por los caminos verdes, donde es despostado y la carne en canal, nuevamente es comercializada en Venezuela como una nueva operación de importación. El ganado en pie y la carne en canal que circula libremente por la frontera no tiene ningún tipo de control aduanero o sanitario y pone en duda o riesgo la certificación que la Organización Mundial de Sanidad Animal otorgó a Colombia como país libre de fiebre aftosa con vacunación.
· También nos afecta sobremanera el contrabando de Café hacia Colombia. Las mafias criminales se aprovechan del diferencial cambiario para comprar y contrabandear miles de quintales de café salen hacia Colombia. Habría que solicitar a las autoridades internacionales (la Organización Internacional del Café), la realización de exámenes de certificación de origen, genéticos y de ADN, para que los países del mundo no sean estafados con la venta de café venezolano presentado en empaques bajo la marca Café de Colombia. Lo mismo está sucediendo con nuestro cacao (de la mejor calidad del mundo), el cual está siendo contrabandeado inescrupulosamente en grandes cantidades al vecino país.
No entendemos que tanto protesta el gobierno colombiano, si es evidente que es cómplice necesario y facilitador de la sistemática depredación y saqueo de nuestros productos de la cesta básica. Se aprovechan de los programas y misiones que el Gobierno Bolivariano ha creado para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, elevar sus niveles nutricionales, su salud y su educación.
Es bien difícil encontrar un punto de equilibrio, pues del otro lado de la frontera campea libremente el neoliberalismo, con su lógica de explotación y liberalización de precios que solo consigue generar desigualdades y exclusión. Por eso la voracidad y rapiña sobre los productos y servicios venezolanos no tiene fin. Desde un kilo de arroz hasta el pase por la peluquería, todo se negocia en base a un mercado ilegal que perjudica a Venezuela.
En definitiva, es el gobierno colombiano el que debe empezar a ejercer gobierno en la frontera. Ejercer su autoridad ante tanta impunidad y tanto dominio por parte de las mafias organizadas.
Reiteramos que el pueblo honesto y trabajador colombiano, está perfectamente integrado en nuestra sociedad y siempre ha sido bien recibido en nuestra tierra. Nadie va a obligarnos a pelear entre hermanos. Nuestra lucha es contra las mafias delincuenciales de paramilitares y bachaqueros que agreden, atacan y desangran a nuestro país.
No olvidamos nunca la mágica poesía de Aníbal Nazoa: “Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya: la raya dice no hay paso, el punto vía cerrada. Y así entre todos los pueblos: raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Porque esas cosas no existen, sino que fueron trazadas, para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas”.
Richard Canan
Sociólogo
@richardcanan
lunes, septiembre 07, 2015
Negocios Cotidianos: Paramilitarismo, narcotráfico, y poder político en Colombia
NEGOCIOS COTIDIANOS: Paramilitarismo, narcotráfico, y poder político en Colombia
En Colombia, la estructura paramilitar de otros tiempos ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de penetración y control social: Las llamadas “Bandas criminales”.
En Sevilla, pueblo del norte del departamento del Valle del Cauca, Colombia, Artemo, joven comerciante de carnes, al comienzo de una noche cualquiera se despidió de su socio y de la última vecina de la cuadra que le acababa de comprar una libra de asadura, o cacheo, o desperdicios, la incierta combinación de vísceras de res, corazón, hígados, intestinos, etc., que se fríen en su propia grasa y son indicadas para elevar los niveles de colesterol. La pobreza no permite ningún miramiento en dietas.
Artemo tenía una hija a la que amaba y una ex mujer a la que no odiaba demasiado. Más o menos tranquilo en cuanto a los afectos, por dentro lo carcomían las difíciles condiciones económicas. No debía una gran suma, pero la que tenía era suficiente para trasnocharlo. El monto adeudado no estaba lejos de sus alcances, pero las condiciones del préstamo sí bastaban para hacerle trizas la tranquilidad a cualquiera.
Al día siguiente, Artemo no abrió el negocio a las 6 de la mañana, como de costumbre. Tampoco lo hizo a las 8, o a las 9, o más tarde. Al mediodía, su socio, luego de llamarlo en vano varias veces al teléfono celular, fue hasta la casa, a unas cuadras. Un rato después de no conseguir ninguna respuesta a sus llamados, se tomó el atrevimiento de empujar la puerta con fuerza e ingresar. Halló a Artemo en el cuarto del fondo colgado de una viga del techo. Hacía varias horas que se había suicidado, según dictaminó el médico forense. No dejó mensajes o nota alguna.
Una semana antes, Artemo había recibido una amenaza seria. Se lo comentó al socio, en secreto. Si no pagaba la deuda junto a los copiosos intereses que se habían venido sumando con cada día de retraso, le matarían la hija, la ex mujer, y los padres, y luego él, en tal orden. Tanto Artemo, como el socio eran conscientes de que no se trataba de una broma o una exageración. Así, o casi así, habían hecho con Antonio, y con Marco, y con otros conocidos que de la noche a la mañana habían caído en la espiral sin fondo de los préstamos “gota a gota”, que controlan con mano de hierro las bandas paramilitares de la región.
Le habían prestado 400 mil pesos, menos de 150 dólares, unos meses atrás. Pagó día tras día los altísimos intereses del 10 % diario durante un buen tiempo, pero las cosas se complicaron y empezó a atrasarse en las cuotas, intereses que fueron acrecentando la obligación inicial, hasta que la cifra se salió de los márgenes en pocas semanas.
En Colombia, la estructura paramilitar de otros tiempos ha evolucionado hacia formas más sofisticadas de penetración y control social: Las llamadas “Bandas criminales”, que no son otra cosa que entidades atomizadas, pero organizadas y coordinadas, de los paramilitares, dominan una extensa gama de los negocios y el comercio del país. En unos participan activamente, en algunos más son una especie de armazón parasitario, pero insoslayable.
Es un andamiaje de bandidos que ya no opera sólo desde arriba, apropiándose de los recursos de la salud, la educación o de la riqueza de los megaproyectos económicos, como hace años, sino que empieza carcomiendo la bases más elementales de la sociedad. Afecta desde la esquina, la cuadra más pobre, el negocio informal, el establecimiento medio surtido, asciende por la buseta del barrio, el mini mercado, la peluquería de medio pelo, hasta llegar a las estructuras del contrabando organizado, como algunos comercios de los San Andresito, que protestan en masa cuando el gobierno amenaza con legalizarlos, la distribución de partes de automotor, alimentos, electrodomésticos, los almacenes de cadena, aquello que mueve dinero en el país. Es decir, todo.
Lo cierto es que son pocas las actividades económicas, transacciones, flujos de dinero, cultivos, establecimientos, legales e ilegales, que hoy en día pueden permanecer al margen de la acción criminal organizada del cruce entre paramilitarismo y narcotráfico. Operan en los pequeños pueblos de la Costa Atlántica y en las ciudades intermedias del interior, en los pueblos polvorientos de los Llanos Orientales y en la propia capital de la república, en las aldeas insondables del Chocó y en las dos o tres esquinas para mostrar de Medellín. Por supuesto, tienen tomadas las fronteras, y, de manera particular, los extensos límites con Venezuela, históricos, activos, fulgurantes, indivisibles, que superan los 2.200 kilómetros.
Controlan la piratería, el contrabando de mercancías, gasolina y personas, el tráfico de drogas, la especulación monetaria, la compraventa de bolívares y pesos, son prestamistas y usureros. El estado colombiano, en los tiempos de Álvaro Uribe, no sólo fue permisivo sino que auspició y fortaleció el paramilitarismo. La justicia se acercó a los tentáculos políticos, pero dejó indemne la estructura económica, la misma que causa estragos al interior del país, y que afecta de modo sensible a Venezuela. Las ganancias son exorbitantes.
Las fronteras de Colombia han estado en situación de tensión desde los distantes tiempos de la Independencia. Hemos perdido territorios por descuido, se han corrido los mojones en silencio, las hemos violado para asesinar guerrilleros “en caliente”, decimos hacerlas respetar para despertar falsos sentimientos de patria, como son la mayoría de los sentimientos de patria. Los habitantes de esas extrañas tierras son colombianos si se trata de negarlos, pero son invasores si son venezolanos o brasileños o ecuatorianos que cruzan a saludarnos de los puentes para acá. En Cúcuta, en Paraguachón, en Leticia, en Ipiales, la misma cosa.
La situación no ha cambiado. Los departamentos de frontera colombianos son pobres y abandonados. Sea la frontera con Venezuela, con Brasil, con Panamá, con Perú o con Ecuador, también la misma cosa. Los fronterizos paisanos sobreviven sin políticas de generación de empleo digno, sin acceso a la educación y con un sistema de salud aun peor que el del resto del país, lo cual es difícil de imaginar. No les llegan los planes de vivienda que apenas si asoman por Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla.
Ningún gobierno colombiano ha generado políticas sociales para los habitantes de las fronteras. De acuerdo con estudios del Departamento Nacional de Planeación y del PNUD, los 12 departamentos y 70 municipios fronterizos, que a lo largo de 6.301 kilómetros le dan casi la vuelta a Colombia, exhiben, con contadas excepciones, indicadores por debajo de la media nacional y muy lejos de los de la capital.
El cierre de la frontera decretado por el gobierno Venezolano es una medida que obliga a discutir la política social y económica del Estado colombiano en estas zonas. No es una crisis nueva ni única. Es un problema de hace muchos años, cuya solución siempre se ha esquivado. Según cifras oficiales, la actual campaña anti contrabando del gobierno venezolano, que lleva un año, ha dejado 1.185 detenidos, 176 trochas inhabilitadas y 19.000 toneladas de productos confiscadas. Las cifras se incrementaron en los días recientes. Pero es un problema profundo, entre dos pueblos hermanos, cuya atención debe ser integral, y asumida de manera responsable y mancomunada por ambos gobiernos.
La alianza entre paramilitarismo, narcotráfico y poder político es vieja en Norte de Santander. Data, al menos, de 1999, cuando la Casa Castaño le encargó a Salvatore Mancuso el control del Bloque Catatumbo. El poderoso Clan Barriga (conformado por los hermanos Carlos Emiro, ex senador, Pedro Luis, multimillonario empresario de la construcción y de fábrica de asfalto, quien según la ONG Progresar era el jefe de finanzas del “Bloque Catatumbo”, y Rafael, alias “Toyota”, que amasó su gran fortuna como contrabandista prototipo de carros robados en Venezuela), tuvo vínculos estrechos con “El Iguano”, reconocido comandante paramilitar, y con el asesinado narcotraficante Luís Pérez Mogollón, alias “El Pulpo”. (1)
Si los tres mosqueteros eran cuatro, los tres apóstoles del Clan Barriga fueron cinco o más. También figuraba el extraditable Yensy Miranda Dávila, beneficiario del programa Agro Ingreso Seguro del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, acusado por el juez Baltasar Garzón de efectuar envíos masivos de cocaína colombiana hacia Europa, a través de Venezuela, con escala en Guinea Bissau, en África. (2)
En la lista de beneficiarios directos, concurrentes, allegados y pupilos de estos vínculos perversos, existen dirigentes y líderes nacionales, regionales y locales, hubo y hay senadores y ex senadores, representantes y ex representantes, ex gobernadores y el actual gobernador, ex alcaldes, secretarios de gobierno y hacienda, secretarios de todas las carteras, funcionarios y funcionarias de todas las pelambres, contratistas, terratenientes de la palma aceitera, concesionarios de la explotación de yacimientos petrolíferos y de la veta de carbón ubicada entre Sardinata y La Gabarra. en fin.
Muchos de los nombres presuntos, condenados o vinculados a investigaciones figuran en investigaciones previas, denuncias y artículos, desde 2006. El régimen de terror llevado a cabo contra testigos e investigadores no ha permitido mayores avances (3). Pero hay verdades irrefutables: “La oleada paramilitar en El Catatumbo nortesantandereano, dejó cerca de once mil campesinos (as) asesinados. Más de ciento treinta mil desplazados y pasan de ochocientos los desaparecidos registrados” (4).
Las bandas criminales del paramilitarismo y del narcotráfico vieron una oportunidad excelsa en la frontera con Venezuela. La han aprovechado de la manera excesiva y despiadada que saben hacerlo. Es un problema para Venezuela, cuyas pérdidas sólo en cuanto al contrabando de gasolina se estima que supera los 200 millones de dólares anuales. Una de las puntas del iceberg.
Pero, ante todo, es un problema de Colombia y de los colombianos, que también son víctimas del esquema implantado e implementado por el enlace entre los paramilitares, los narcotraficantes y la dirigencia política, que se desborda por las fronteras.
La ilegalidad es una moda repentina en este país, que de pronto pone a circular la alharaca mediática para incrementar audiencias, el golpe de pecho de algún funcionario despistado, un prelado de súbito moralista o un incómodo opositor de izquierda. Porque la ilegalidad no sólo está inserta en un negocio o en la sustancia de uso ilícito, sino que, sobre todo, está enquistada en los endebles articulados de unas leyes hechas con el firme propósito de que no se cumplan, o se cumplan a medias, o se cumplan de acuerdo con la ocasión y el marrano.
Nunca se estableció con claridad si Artemo se suicidó o si lo suicidaron. Si lo hizo con mano propia o si fue con un poco de ayuda de sus amigos prestamistas. Tomó un dinero que la usura no le permitió cancelar, pero también pudo no ser así. De igual modo, habría llegado un buen vecino con el fin de garantizarle que su local no sería incendiado, o él asesinado a tiros una mañana, o la hija secuestrada al salir del colegio, a cambio de lo cual debería abonar a diario una suma ponderada de acuerdo con sus ingresos, ligeramente por encima. Trances delincuenciales como este no se daban antes en Venezuela. Ahora avanzan, como en una oleada, de occidente a oriente.
En todo caso, la justicia colombiana se da por bien servida con cualquier teoría más o menos creíble sobre la muerte de Artemo, con tal de evitarse líos, en los que el propio juez pueda terminar optando entre suicidarse y quitarse la vida.
Escrito por Juan Alberto Sánchez Marín, periodista y director de cine y televisión colombiano. Colaborador en Hispantv.com
(1) “El negocio de la droga en el bloque Catatumbo”. La República. Bogotá, 28 de abril de 2013. http://www.larepublica.co/economia/el-negocio-de-la-droga-en-el-bloque-catatumbo_37429
(2) “Otro Extraditable recibió AIS.” Noticias UNO. Bogotá, 24 de octubre de 2009. http://noticiasunolaredindependiente.com/2009/10/24/noticias/extraditable-con-ais/
(3) Cepeda Castro, Iván. “Los campos de exterminio y las fosas comunes en El Catatumbo.” Derechos Humanos en Colombia. Bogotá, 1 de julio de 2006. Equipo Nizkor. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/catacumbo1.html
(4) Meneses Reyes, Carlos. “El clan Barriga: Parapolítica y negocios en Norte de Santander”. Portal Rebelión. 10 de marzo de 2014. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=181817
Suscribirse a:
Entradas (Atom)