La lucha sigue

La lucha sigue

El 10 de diciembre de 1948 la Organización de Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La humanidad se comprometió a erradicar las torturas, asesinatos, ejecuciones sumarias y discriminaciones. Afirmamos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que todas las personas deben gozar y hacer realidad integralmente todos los derechos humanos. Defender y promover estos derechos, la igualdad, la justicia y la libertad es tarea de todos y todas.

10 de diciembre de 1984. Hace 30 años. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba y proclama la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Ninguna persona debe ser torturada o maltratada. La dignidad del ser humano debe prevalecer sobre cualquier consideración.

15 de diciembre de 1999. El pueblo venezolano aprueba por mayoría absoluta una nueva Constitución para la República que establece la preminencia de los Derechos Humanos y refunda la Nación como un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”. Todos estos logros han sido frutos del esfuerzo, del trabajo y sufrimiento de millones de personas. Hombres y mujeres que han dado su vida para promover la vida, dignidad, derechos, paz y justicia para todos y todas.

Pero la Lucha sigue: actualmente se está realizando el juicio contra los 17 funcionarios policiales del Municipio Puerto Cabello que asesinaron vilmente a Willy Chirinos González hace 4 años. También se está realizando en Maracaibo el juicio contra los 11 funcionarios de la Policía Regional del Estado Zulia que durante varios días sometieron a terribles e infames torturas a José Francisco Matheus. Y en Caracas está sometido a juicio, Ángel Romero Bracho alias “Manguera”, el sicario que asesinó el 3 de marzo de 2013 al Cacique Yukpa de la dignidad Sabino Romero; mientras que los policías municipales de Machiques, cómplices y encubridores, admitieron los hechos y fueron sentenciados a sólo 7 años de prisión.

Seguimos acompañando a organizaciones herederas de luchas y saberes ancestrales como la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y otras organizaciones indígenas en su titánico esfuerzo por defender la Madre Tierra y la humanidad toda de la depredación de la minería ilegal y por el reconocimiento de las tierras colectivas y territorios indígenas aún no oficialmente reconocidos y demarcados a pesar del mandato constitucional de hace más de 14 años. Así como la lucha por la dignidad de los pueblos Wayuu y Añu del Comité de Derechos Humanos de la Guajira que alienta el sentimiento colectivo y nutre la lucha de los pueblos originarios que durante más de cinco siglos de historia y resistencia continúan en la batalla por la supervivencia de la especie humana, de la cual somos orgullosamente sus hijos e hijas, hermanos y hermanas, por lo que no nos sentimos avergonzados de ser indios y descendientes de indígenas, pese a la campaña difamatoria contra nuestra gente que obedece a valores que subyacen en el imaginario de grupos de poder herederos del coloniaje.

Denunciamos la injusticia que se ha venido agravando con el pasar de los días luego de que las tierras ancestrales y sagradas de los Wayuu y Añu fueran militarizadas en el año 2010 y temblamos de indignación cuando oficiales y efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), particularmente del ejército venezolano y la Guardia nacional Bolivariana, prevalidos de poder, tapándose con el honroso uniforme militar, violentan el Estado de Derecho y arremeten contra los descendientes de los pueblos ancestrales que son criminalizados y estigmatizados como bandoleros, bachaqueros, contrabandistas, guerrilleros, paramilitares o colaboradores de grupos generadores de violencia que operan en la frontera, al desplazarse por su hábitat natural.

En menos de cuatros años que tiene operando el Distrito Militar 1 en la Guajira venezolana, los defensores de los derechos humanos hemos registrado, procesado y sustanciado en un informe consignado en las distintas instancias del Poder Público Nacional: quince(15) muertos, treinta y tres (33) heridos, quince (15) torturados, un (01) secuestrado, un (01) desaparecido y veintisiete (27) personas privadas ilegítimamente de la libertad -la mayoría de ellas- sometidas a operaciones psicológicas y de terrorismo judicial con aplicación de métodos prohibidos por la Constitución Nacional, con el deliberado propósito que confiesen bajo coacción y admitan su responsabilidad penal, aun siendo inocentes, para poder recuperar su libertad, relegando la jurisdicción especial indígena consagrada en el artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Y aún falta mucho camino: no han sido enjuiciados los sicarios y policías que asesinaron a Robert Serra, ni los Guardias Nacionales que detuvieron y desaparecieron a Simón León García en El Tigre en el 2004, ni los funcionarios del CICPC responsables de la Desaparición Forzada de los esposos Franco Suárez en el Táchira, ni los ganaderos y autores intelectuales que contrataron a los sicarios que asesinaron a Sabino Romero y desaparecieron a Simón León García y a cientos de campesinos y campesinas, luchadoras y luchadores sociales. Continúan las detenciones arbitrarias, maltratos y robos de funcionarios policiales y militares a los indígenas en el Zulia y Amazonas. Basta de maltrato e impunidad.

Es urgente la implementación de la revolución judicial y policial como lo consagra el Plan de la Patria que establece como prioridad “Impulsar una profunda, definitiva e impostergable revolución en el sistema de administración de Justicia”, “Culminar el proceso de refundación y depuración del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)”; así como la atención integral, rehabilitación, protección, reparación e indemnización a todas las víctimas; estableciendo de forma permanente el “Sistema Nacional de Atención a las Víctimas”.

Nosotras y nosotros, herederas y herederos de las luchas y sueños de Guaicaipuro, José Leonardo Chirinos, Josefa Camejo , Argimiro Gabaldón, Dilia Antonia Rojas, Freddy Dugarte, Zobeyda Jiménez “la muñequera”, Sabino Romero, Engel y Douglas Pérez Heredia, entre otros muchos, declaramos que no descansaremos en nuestras tareas y esfuerzos por construir un mundo más justo, humano y fraterno. Un mundo donde prevalezca la preeminencia de los derechos humanos y la dignidad de toda la humanidad, en armonía con nuestra Madre Tierra y nuestro Padre Universo. Hacemos un llamado fraterno a todos y todas a sumarse a esta hermosa y heroica lucha por la justicia y la dignidad.



En Venezuela a los diez (10) días del mes de diciembre de 2014.



¡La lucha sigue! ¡Sin Justicia no hay revolución! ¡Sin Justicia No Hay Paz!



· Asociación de Defensores de Derechos Humanos Dilia Antonia Rojas.

· Comité de Derechos Humanos en Educación, Acción y Defensa del Estado Guárico.

· Comité de Derechos Humanos de la Guajira.

· Comité de Derechos Humanos de Valera, Estado Trujillo.

· Consejo Comunal Renacer de Bolívar, La Vega, Distrito Capital.

· Consejo Comunal Tiempo de Dios de San José, La Vega, Distrito Capital.

· Frente Clasista Argimiro Gabaldón.

· Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA).

· Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.



· Red de Educación y Comunicación Indígena de Venezuela.