Caracas, 13 Nov. AVN.- Una ley pionera. Desde 2010, los movimientos populares de inquilinos, cansados de los desalojos arbitrarios, aumentos indiscriminados en los alquileres, y la falta de protección legal, se organizaron para elaborar un anteproyecto que en marzo de 2011 llegó a la Asamblea Nacional (AN), respaldado por casi 400 mil firmas, y que se convirtió en la primera propuesta legislativa consignada ante el Parlamento venezolano por iniciativa popular.
El objetivo era "equilibrar la relación entre inquilinos y propietarios, especialmente ante los grandes propietarios", dijo días antes de la entrega del proyecto Rígel Sérgent, entonces integrante de la Red Metropolitana de Inquilinos.
Tras ocho meses de discusión en la Comisión de Administración y Servicios de la AN, con la participación activa de unas quince organizaciones de inquilinos, representantes de propietarios y organismos técnicos, el 12 de noviembre de 2011 el presidente Hugo Chávez promulgó el instrumento jurídico, en un acto con los propios promotores de la ley.
En esa oportunidad, Chávez remarcó el carácter histórico de lo sucedido: había nacido una ley como resultado de los primeros pasos del pueblo legislador en Venezuela.
"Todas las organizaciones que conforman el Movimiento de Pobladores están luchando por hacer la revolución urbana y la construcción del socialismo a través de la organización del pueblo", enfatizó. "Sigan por ese rumbo que ya comenzamos hoy, cuando el pueblo legislador está dando sus primeros pasos".
Ley de avanzada
Esta Ley incluye el procedimiento para el cálculo de los cánones de arrendamiento, elimina los depósitos o garantías, crea un fondo de protección al inquilino y al pequeño arrendador y la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), en sustitución de la Dirección de Inquilinato; y contempla causales de desalojo en caso de que el inquilino incurra en mora o el propietario requiera la vivienda para sí o un familiar.
También establece las preferencias arrendaticias y la ofertiva para el inquilino. La primera es la prioridad que tiene el arrendatario de permanecer en el mismo inmueble al término del contrato si la casa continuará en alquiler, mientras que la segunda significa que el inquilino tendrá la primera opción para adquirir la vivienda si el propietario decide venderla.
Sérgent, del Movimiento de Inquilinos, resalta hoy en día que ésta es, sin duda, una ley de avanzada y transformadora, que plantea un cambio de paradigma. "Sabemos que se trata de un proceso largo que requiere una estructura y gerencia distinta a la cuartorrepublicana, que esté adaptada a la nueva realidad del país", indicó.
Estimó que ha habido avances en la formación de la estructura de la Sunavi, y destacó que con la gestión de Ana Marina Rodríguez, desde julio pasado, han observado mayor organización y planificación. Sin embargo, sostuvo que las organizaciones de base son elementos fundamentales para garantizar la aplicación de la norma.
"Unos 2 mil o 3 mil funcionarios solos no podrán hacer que se cumpla la ley en todo el país. A medida que las organizaciones se involucren, se garantizará su aplicación. Los inquilinos organizados debemos ser garantes y participar", consideró Sérgent.
Yurani Prado, vocera de la Red Metropolitana de Inquilinos, resaltó que ya la Sunavi comenzó el registro de inquilinos establecido en la Ley, habilitó el departamento de sanciones y de recepción de denuncias, y está a la espera de la fijación del valor de reposición por parte del Ministerio de Vivienda y Hábitat para regularizar los cánones.
Asimismo, sostuvo que los desalojos arbitrarios se han minimizado: "Ha habido intentos pero jamás como sucedía antes de la Ley". Recordó que anteriormente se producían hasta seis intentos de desalojos diarios.
Propietarios no pierden
"No es verdad que los propietarios perderán su vivienda porque está alquilada. La Ley no establece que los inquilinos se quedaran con la vivienda sólo por el hecho de ser inquilinos", dijo la Superintendente recientemente en un programa de televisión. De esta manera, ratificó lo que durante el debate de la Ley, el entonces presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la AN, diputado Diosdado Cabello, puntualizó reiteradas veces: este instrumento legal no menoscaba la propiedad privada.
La norma establece cinco causales de desalojo. La principal es que el inquilino haya dejado de pagar cuatro cánones de arrendamiento sin causa justificada, lo que además implica que pierde los derechos consagrados en la Ley. Las otras causales son: que el propietario necesite ocupar el inmueble o un familiar suyo, si el arrendatario usó el lugar para fines deshonestos, si deterioró la vivienda o si incumple las normas de convivencia ciudadana.
El propietario puede acudir a la Sunavi para presentar la demanda por desalojo, y después de un procedimiento establecido en la Ley, que es más expedito que bajo la norma anterior, se llega a una decisión a cargo de los órganos jurisdiccionales.
En ese sentido, Víctor Velásquez, de la Red Metropolitana, señaló que la ley tiene efectos positivos no sólo para inquilinos sino para los propietarios afectados por arrendatarios que no respetan sus obligaciones.
Ley socialista
Asimismo, Rodríguez recordó recientemente que la ley puso coto al sistema "capitalista y explotador que convirtió la vivienda en mercancía cuando es un derecho humano".
"El inquilino era una especie de esclavo moderno que pagaba un canon elevado, además de los servicios y los gastos familiares, lo que le absorbía el presupuesto y no le dejaba capacidad de ahorro para poder adquirir su vivienda. Por eso hay gente con hasta cincuenta años como inquilinos", indicó.
Comentó que aún están en proceso los trámites de adecuación del nuevo organismo, con miras a tener presencia en todo el país. No obstante, las personas pueden acudir a las sedes del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) en las regiones para recibir asesoría sobre el tema arrendaticio.
Además, Velásquez indicó que desde los colectivos de inquilinos impulsan esfuerzos para fortalecer la divulgación y conocimiento de la ley: "Así la gente puede defenderse, conociendo sus derechos".
AVN
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