El comunicado señala que con la publicación de “Informe Anual Sobre Tráfico de Personas”, el Gobierno norteamericano pretende, al actuar unilateralmente como juez, desmeritar la lucha del Gobierno Bolivariano contra este flagelo.
A continuación el texto íntegro:
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza de la manera más contundente, la política injerencista del gobierno de los Estados Unidos, que consiste en publicar “Informes” que revelan la permanente intromisión del Departamento de Estado en asuntos internos de otros países.
Conforme a esta práctica aberrante, el Departamento de Estado publicó el día 27 de junio de 2011 un “Informe Anual Sobre Tráfico de Personas” en el que pretende erigirse, sin contar con legitimidad jurídica o técnica alguna, en árbitro mundial sobre las políticas de otros países en esta área.
El gobierno venezolano repudia la actitud hipócrita del gobierno de los Estados Unidos al asumir unilateralmente la función de juez, al tiempo que ese país posee el récord mundial de tráfico de personas, especialmente de ciudadanos latinoamericanos, cuyos Derechos Fundamentales son violados de manera sistemática por autoridades que llegan al extremo de organizar cacerías humanas en las zonas de frontera.
En el caso de Venezuela, el citado “Informe” constituye una suma de generalidades sin fundamento ni respaldo, que traducen más los prejuicios políticos de la burocracia estadounidense sobre el gobierno venezolano, que los resultados de una investigación seria e imparcial.
El descaro del gobierno estadounidense llega al punto blandir, una vez más, la amenaza de aplicar “sanciones” unilaterales contra Venezuela, porque nuestro gobierno “no ha facilitado información sobre sus esfuerzos para combatir la trata de personas para el presente informe”, como si se tratara de una entidad subalterna obligada a rendir cuentas al Departamento de Estado.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela no ha proporcionado ni proporcionará informaciones a ningún gobierno extranjero sobre aspectos que son exclusivos de su interés soberano, e iniciará una investigación a profundidad para determinar la responsabilidad de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas en la elaboración de tales “Informes”, en la medida en que esto constituiría una extralimitación de las funciones diplomáticas para las cuales han sido acreditados.
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