Caracas, 08 Jun. AVN .- Una medida de ocupación temporal fue aplicada este miércoles por funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y Servicios (Indepabis) a la empresa de vehículos Plus Car, ubicada en Caracas, por incurrir en irregularidades a través de la modalidad de ventas programadas.
Este operativo de fiscalización realizado por el Indepabis también fue aplicado de manera simultánea a las empresas Plan Ford y Chevi Plan, ubicadas en Valencia, estado Carabobo, luego de haber sido interpuestas ante las autoridades competentes más de 1.000 denuncias de personas que se han visto estafadas por estos concesionarios.
La información fue suministrada por el presidente del Indepabis, Augusto Montiel, desde las instalaciones del centro comercial el Recreo, en Caracas, donde funciona una oficina administrativa de Plus Car.
Entre las irregularidades detectadas durante los procedimientos de inspección se encuentra oferta engañosa, incumplimiento de contrato, cobro indebido de mensualidades y desvío de capitales.
“Se ha tomado la decisión de la ocupación temporal de la empresa Plus Car, mientras se realiza el procedimiento administrativo”, señaló Montiel.
Agregó que en las empresas Plan Ford y Chevi Plan continúa el procedimiento de inspección para determinar todos los ilícitos cometidos.
Montiel recordó cómo en 2009 Chevi Plan, Plan Ford, Consorcio Mi Futuro, Consorcio Fonbienes, Procompra, Pro Car y Plus Car, entre otras, fueron objeto de una medida innominada, en la cual se les prohibía el cobro de cuotas a los usuarios por concepto de pago de vehículos bajo el sistema de compras programadas, correspondiente a cantidades que exceden el precio del mercado del bien adquirido.
Esta medida también prohibía la celebración de nuevas contrataciones bajo este sistema. No obstante, ahora se “evidenció que estas empresas continúan haciendo contrataciones ilegales”, dijo Montiel.
Indicó que estos concesionarios han realizado procedimientos irregulares a través de los que han captando el dinero de las familias venezolanas.
“Estas empresas les piden a las familias que cancelen mensualmente entre en 500.000 y un millón de bolívares y luego de dos años, las obligan a retirarse del contrato, quedándose con más de 40% de la contratación”, explicó Montiel.
Refirió que hasta la fecha hay alrededor de 38 empresas involucradas con la estafa de vehículos, lo que ha afectado a más de 5.000 personas en el país.
Montiel señaló que el Indepabis y la Fiscalía General de la República continuarán brindando apoyo a todas las familias que se han visto afectadas por estas prácticas ilícitas, hasta lograr resarcir en su totalidad el daño causado.
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