Valencia, 05 Nov. AVN .-
Un grupo de familias carabobeñas que han resultado estafadas por grupos inmobiliarios del sector privado rechazaron la postura del gobernador del estado, Henrique Salas Feo, de defender a estos estafadores y no al pueblo.
El señor Wilmer Lozada, afectado del conjunto residencial Lomas de la Hacienda del municipio San Diego de esta entidad, lamentó que un funcionario escogido por la ciudadanía como es el gobernador del estado, se ponga del lado de los embaucadores.
“La verdad es que yo no sé qué intereses defenderá el gobernador y otros sectores como Fedecámaras, al menos los intereses de nosotros no son, porque si ellos apoyan una estafa de esta magnitud donde más de 1.500 familias se ven afectadas es porque son unos irresponsables”, expresó.
El gobernador opositor de Carabobo expresó a los medios regionales su “indignación” por la expropiación y ocupación temporal de varios urbanismos en el estado Carabobo dictada por el Ejecutivo nacional para defender a las miles de familias afectadas por estas irregularidades inmobiliarias.
Salas expresó: “Tengo que pronunciarme a favor de los miles de venezolanos que quieren tener una vivienda propia, especialmente de los jóvenes que ven desmoronados sus sueños (…) pido a la Virgen que ilumine al pueblo ante las medidas del Gobierno nacional que están perjudicando a los más pobres”.
Las medidas del Estado venezolano se dictaron para garantizar el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda que tienen estas familias que por años han realizado un gran esfuerzo para adquirir una casa.
En el caso del señor Lozada, quien desde el 2007 espera por la entrega de su vivienda, el grupo Blancoveca, que levanta el urbanismo, ha incurrido en varias irregularidades, entre ellas el retraso de la obra, cobro ilegal del IPC, daños ambientales, asignación de una misma casa a varias familias, incluso amedrentamiento psicológico contra los copropietarios que se negaran a cancelar el IPC.
“Nos decían que iban a prescindir de nuestro contrato y que nos darían sólo parte de la inicial que ya habíamos entregado. Es una preocupación muy grande y ya nos estábamos dando por vencidos cuando supimos del anuncio de la expropiación”, expresó.
A su juicio, “esta medida gubernamental es muy buena. Ahora sí tengo esperanza de que me van a entregar mi casa. Ya me sentía estafado. Ya había desistido de ir a las reuniones y no veía solución de nada. Gracias a Dios intervino el gobierno nacional y espero que ahora sí den una solución”.
El señor Wilmer Lozada, afectado del conjunto residencial Lomas de la Hacienda del municipio San Diego de esta entidad, lamentó que un funcionario escogido por la ciudadanía como es el gobernador del estado, se ponga del lado de los embaucadores.
“La verdad es que yo no sé qué intereses defenderá el gobernador y otros sectores como Fedecámaras, al menos los intereses de nosotros no son, porque si ellos apoyan una estafa de esta magnitud donde más de 1.500 familias se ven afectadas es porque son unos irresponsables”, expresó.
El gobernador opositor de Carabobo expresó a los medios regionales su “indignación” por la expropiación y ocupación temporal de varios urbanismos en el estado Carabobo dictada por el Ejecutivo nacional para defender a las miles de familias afectadas por estas irregularidades inmobiliarias.
Salas expresó: “Tengo que pronunciarme a favor de los miles de venezolanos que quieren tener una vivienda propia, especialmente de los jóvenes que ven desmoronados sus sueños (…) pido a la Virgen que ilumine al pueblo ante las medidas del Gobierno nacional que están perjudicando a los más pobres”.
Las medidas del Estado venezolano se dictaron para garantizar el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda que tienen estas familias que por años han realizado un gran esfuerzo para adquirir una casa.
En el caso del señor Lozada, quien desde el 2007 espera por la entrega de su vivienda, el grupo Blancoveca, que levanta el urbanismo, ha incurrido en varias irregularidades, entre ellas el retraso de la obra, cobro ilegal del IPC, daños ambientales, asignación de una misma casa a varias familias, incluso amedrentamiento psicológico contra los copropietarios que se negaran a cancelar el IPC.
“Nos decían que iban a prescindir de nuestro contrato y que nos darían sólo parte de la inicial que ya habíamos entregado. Es una preocupación muy grande y ya nos estábamos dando por vencidos cuando supimos del anuncio de la expropiación”, expresó.
A su juicio, “esta medida gubernamental es muy buena. Ahora sí tengo esperanza de que me van a entregar mi casa. Ya me sentía estafado. Ya había desistido de ir a las reuniones y no veía solución de nada. Gracias a Dios intervino el gobierno nacional y espero que ahora sí den una solución”.
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