Estado Bolivariano garantiza Derechos Humanos del pueblo venezolano

Caracas, 10 Sep. AVN.- El canciller de la República, Elías Jaua, explicó este martes que la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no afecta la protección del pueblo venezolano en esta materia, ya que nunca contó con el apoyo de este organismo internacional.

"La mayor garantía a la protección de los Derechos Humanos en Venezuela hoy es el Estado venezolano", destacó Jaua en rueda de prensa, en la que recordó que años atrás -antes de la Revolución Bolivariana- el Estado represor neoliberal era el promotor de la violación sistemática de los derechos de los venezolanos, cuestión que ha cambiado significativamente en los últimos 14 años.

"Lamentablemente, el pueblo venezolano nunca contó con la protección, con el tutelaje internacional en materia de Derechos Humanos", dijo el canciller al enumerar casos de violaciones a derechos fundamentales cometidos por gobiernos de la Cuarta República que jamás tuvieron respuesta, atención, ni medidas cautelares para sus víctimas por parte de la CIDH.

"La mayor garantía a los Derechos Humanos del pueblo venezolano es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Estado venezolano de derecho y de justicia que estamos construyendo", enfatizó el ministro para Relaciones Exteriores, al señalar que a lo largo de 14 años de Revolución el Poder Ciudadano ha ejercido acciones impensables en el pasado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, civiles y militares, que han violado los DDHH.

Recordó que durante la Presidencia del comandante Hugo Chávez y ahora, durante la de Nicolás Maduro, se ha llevado adelante una lucha por la protección y defensa de los Derechos Humanos, civiles y políticos, de los venezolanos. "Nunca como antes en la historia republicana se había desarrollado un sistema de derechos económicos, sociales y culturales como en la República Bolivariana de Venezuela", acotó.

Jaua puntualizó que Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ratificó el protocolo de DDHH del Mercado Común del Sur (Mercosur) y trabaja por constituir un sistema de protección de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a los que cualquier venezolano puede acudir si así lo considera.

"Vamos a seguir trabajando porque el pueblo venezolano, el pueblo de a pie, no los sectores corporativos poderosos, no los corruptos, no los terroristas, tengan un sistema de protección internacional al cual acudir y ser tratado con celeridad y prontitud", expresó.

Salida de la Corte no de la OEA

Desde la sede de la cancillería venezolana, Jaua señaló que la decisión soberana de Venezuela de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos responde a las acciones que este organismo ha tomado, pues "se ha extralimitado".

"No nos estamos saliendo de la Corte Interamericana porque los ciudadanos acudan a ésta, sino porque la CIDH admite casos sin que se hayan agotado internamente los procedimientos como establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Nos estamos saliendo de la Corte porque ha fallado de manera parcializada contra corruptos y terroristas, que ni siquiera están en el país. Son prófugos de la justicia venezolana", subrayó.

Reiteró que la denuncia de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos no tiene ninguna consecuencia negativa para el país, que sigue dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se mantendrá firme en el cumplimiento de los principios que allí se establecen.

"Nos hemos salido de uno de sus subsistemas", acotó Jaua, quien sostuvo que un país debe lograr que sus ciudadanos encuentren la protección de los Derechos Humanos en su nación y por su propio Estado.

En este sentido, recordó el fallo a favor del político venezolano Leopoldo López, quien fue inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cargos en la administración pública por haber incurrido en hechos de corrupción, así como el reconocimiento que la CIDH le dio al gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, al que llamó "gobierno legítimo" tras el golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez en el año 2002.

Casos desestimados

Entre otros puntos, Jaua recordó que la CIDH no se pronunció ante masacres tan connotadas como la de Cantaura, en 1982, cuando un contingente de 400 funcionarios y efectivos formaron parte de la operación en la que aviones Bronco y Camberra de la Fuerza Aérea lanzaron bombas y dispararon artillería pesada contra el campamento guerrillero que celebraba el pleno del frente, en la zona de Changurriales, cerca de Cantaura, municipio Freites del estado Anzóategui.

Igualmente, rememoró la masacre de Yumare, en 1986, en la que nueve dirigentes sociales fueron capturados y posteriormente asesinados por un comando de la Disip, a las órdenes del entonces comisario Henry López Sisco.

También mencionó a los más de 50 estudiantes asesinados en Caracas entre 1990 y 1991 por la Policía Metropolitana, hoy desaparecida; los campesinos que en la población de Yumare, en el estado Yaracuy, brutalmente fueron reprimidos por la Guardia Nacional hace 27 años; los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), que fueron asaltados por comandos de la antigua Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), o quienes fueron torturados y desaparecidos por el terrorista Luis Posada Carriles, hoy prófugo en Estado Unidos.

"Un año después no ha habido ni una sola rectificación, ni de la Comisión ni de la Corte Interamericana, a pesar de los denodados esfuerzos de nuestros hermanos países y gobiernos de Ecuador y Bolivia, que han asumido como tarea la promoción de la transformación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos", resaltó el jefe de la diplomacia venezolana.

Agradeció a los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) la resolución que el sábado pasado emitieron, en la que "resaltaron la constante arremetida en contra del pueblo y el Gobierno venezolano por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que han pretendido a través de sus declaraciones, resoluciones y sentencias desconocer la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela".