Los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ concluyeron que la Ley Libertador Simón Bolívar se adecua a los principios contenidos en la Constitución. Los mismos son fundamentales para la institucionalidad democrática de la nación bolivariana.
Adicionalmente, el TSJ aseguró que dicho instrumento jurídico tiene su origen en “las sanciones coercitivas unilaterales y demás medidas restrictivas o punitivas, ilegítimas e ilícitas impuestas contra la República”.
Además, el alto tribunal venezolano detalló que las medidas coercitivas “quebrantan los más elementales axiomas del Derecho y de la Justicia Internacional, sin tomar en cuenta que el derecho y la justicia son presupuestos elementales de la paz y el bienestar internacional”.
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