Caracas, Octubre - AVN.- "Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase, corresponden a la República", reza el artículo uno del Decreto de Quito, dictado por el Libertador Simón Bolívar, el 25 de octubre de 1829, con el cual marcó el rumbo de las nacientes repúblicas latinoamericanas para afianzar la soberanía nacional sobre sus inmensas riquezas minerales, esquilmadas durante siglos por el imperialismo europeo y, posteriormente, por el norteamericano.
El decreto de 38 artículos "sobre conservación y propiedad de las minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla ", estableció normas y reglas considerando "que conviene promover los conocimientos científicos de la minería y de la mecánica, como también difundir el espíritu de asociación y de empresa, para que la minería llegue al alto grado de perfección que se necesita para la prosperidad del Estado".
En el texto se observa la posición visionaria de Bolívar al destacar la necesidad de cultivar el conocimiento científico que permita un mejor aprovechamiento del recurso provisto por la naturaleza. En este sentido, el decreto dispone la creación de un fondo -derivado del pago de aranceles- para el "establecimiento de una cátedra de minería y mecánica".
De esta manera, quedaban atrás las "Ordenanzas para la Minería para la Nueva España", mediante las cuales se asignaba la propiedad de las minas, y cualquier otra riqueza que emanara de la tierra, a la corona española.
Esta legislación de Bolívar estaba dirigida a los territorios de la Gran Colombia que superaba los 2.172.000 kilómetros cuadrados, al abarcar a Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, así como parte de la superficie de Guyana, Brasil, Perú y Nicaragua.
"Lamentablemente estas primeras medidas acerca de la propiedad de la nación en cuanto a sus riquezas materiales también fueron utilizadas en su momento para justificar y sustentar el nefasto régimen de las llamadas concesiones", acota Edward Becerra, en su artículo Breve Reseña de la Historia del Petróleo en Venezuela, publicado en aporrea.org, en referencia a las luchas que posteriormente se librarían por el control y aprovechamiento de las riquezas minerales del continente que por ser la región con mayor recursos naturales del planeta ha sufrido las embestidas del imperialismo, representado ahora por las transnacionales.
A los tesoros de las minas se le agregan las grandes reservas petroleras, gasíferas y acuíferas, así como la riqueza de biodiversidad ubicada en la Amazonía, pulmón vegetal del mundo.
En este contexto, el ideal de soberanía de Bolívar sobre los recursos naturales cobra cada vez más vigencia y está presente en organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que insiste en la creación de una estrategia y plan común que sirva para articular las políticas de los 12 países que integran el bloque regional para avanzar en la industrialización de los recursos naturales como vía para garantizar el bienestar de los pueblos.
El 30 de mayo de este año, la Unasur realizó en Caracas una Conferencia sobre Recursos Naturales y Desarrollo Integral de la Región, en la que se aprobó, entre otras iniciativas, la creación de un Servicio Geológico del bloque, en el que se establezca un inventario propio de los recursos que posee este territorio.
De acuerdo con el organismo regional, bajo la superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados que ocupa Suramérica se encuentra el 20% de las reservas mundiales probadas de petróleo, así como cantidades impresionantes de reservas minerales: litio (65%), plata (42%), cobre (38%), estaño (33%), hierro (21%) y bauxita (18%), entre otros.
Durante la cita, el secretario general de la Unasur, Alí Rodríguez Araque, puntualizó que la política común sobre la soberanía de las riquezas naturales en Unasur debe contener un pensamiento económico con el que "se reivindique el valor de los recursos naturales como categoría económica fundamental, junto al capital y al trabajo".
Eso implica -apuntó el político venezolano- rescatar y proteger los derechos de los dueños del recursos natural, es decir, la Nación; participar en su explotación y establecer las contribuciones que debe recibir por dar acceso a los mismos, por los rendimientos que genere el negocio y los impuestos por las actividades vinculadas. El objetivo bolivariano se mantiene: lograr la independencia.
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