Caracas, 01 Feb. AVN.- Familiares de las víctimas del 11 de abril de 2002 se reunieron este viernes con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a fin de manifestar su preocupación por la reciente solicitud de una medida humanitaria a favor del entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, Iván Simonovis, condenado a 30 años de prisión por su responsabilidad en los asesinatos ocurridos durante aquella fecha.
La vocera principal de la Asociación de Víctimas del 11 de Abril, Yesenia Fuentes, declaró a su salida del encuentro que "vemos con preocupación" la petición de los abogados de Simonovis "cuando su enfermedad no es terminal sino que puede tener solución traslandándose a un penal con atención médica. Es una enfermedad que se puede controlar".
El abogado de las víctimas, Antonio Molina, explicó que el fundamento de la solicitud interpuesta por los familiares y defensores de Simonovis es que padece de osteoporosis.
Al respecto, dijo que se trata de una enfermedad fácilmente controlable que no implica estado terminal, único supuesto establecido en el Código Orgánico Procesal Penal para conceder este tipo de medidas.
"Se ha pretendido desnaturalizar la concesión de estas medidas para que los delitos queden impunes", alertó el jurista.
Además, denunció que frecuentemente los medios de la derecha intentan crear matrices de opinión que presentan a los responsables como víctimas y ponen en segundo plano a los verdaderos caídos.
"Pediremos que se fije una audiencia, en la que estén presentes las víctimas y sus abogados, para que sea una certificación forense la que determine si es una enfermedad terminal" la que sufre Simonovis, agregó.
No obstante, manifestar estar convencido de que se trata de un padecimiento controlable y sólo se pretende hacer ver como víctima a quien tuvo una participación determinante en las muertes ocurridas ese 11 de abril.
Revisión de Vivas y Forero
Fuentes apuntó que durante el encuentro con la fiscal también pidieron una revisión de las medidas sustitutivas concedidas en 2011 a los excomisarios de la Policía Metropolitana Lázaro Forero y Henry Vivas, condenados por estos crímenes y quienes recibieron el beneficio procesal bajo el argumento de que padecían cáncer.
"Estaremos ojo avizor con las medidas cautelares de Forero y Vivas. Pedimos que se investigue cómo va la salud de estos ciudadanos", expresó.
En ese sentido, el abogado Antonio Molina pedirá al tribunal que evalúe la situación médica de ambos, pues la ley prevé que, una vez desaparecida la patología, no hay obstáculo para que la persona vuelva a prisión a cumplir con la sentencia dictada por un tribunal con todas las garantías procesales.
Los familiares igualmente solicitaron a Ortega reabrir los casos de Pedro Linares y del reportero gráfico Jorge Tortoza, también fallecidos en abril de 2002.
El 11 de abril de 2002, sectores empresariales y demás grupos adversos al Gobierno planificaron acciones golpistas para derrocar al presidente Hugo Chávez, electo constitucionalmente en 1998.
Los dirigentes del golpe alentaron una marcha de ciudadanos hacia el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) mientras, en las inmediaciones del lugar, se hallaban concentradas otras miles de personas en favor de las leyes con vocación socialista recién promulgadas por el mandatario, que provocaron rechazo en la oligarquía criolla.
Francotiradores aguardaban en azoteas para provocar más tarde decenas de muertos que la derecha usó como justificación del golpe de Estado. Por otro lado, funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, comandada entonces por un grupo pro golpista, usaron sus armas contra las personas que repudiaron la intentona.
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