Caracas, 09 May. AVN .- Las declaraciones del General retirado del Ejército Alexis Ramón Sánchez Paz sobre su participación en la masacre de Yumare, Yaracuy, serán remitidas a la cancillería de la República para reforzar la solicitud de extradición de Henry López Sisco, del expresidente Jaime Lusinchi y otros imputados en este lamentable hecho ocurrido hace 25 años.
Así lo refirió Adán Navas Nieves, abogado de las víctimas de la masacre de Yumare, durante su participación en el programa Toda Venezuela, transmitido este lunes por Venezolana de Televisión.
El pasado 6 de mayo, el general retirado del Ejército, Alexis Sánchez admitió su responsabilidad en la masacre de Yumare, donde el 8 de mayo de 1986 fueron asesinados nueve dirigentes sociales en la referida población del estado Yaracuy.
En su declaración, el general retirado declaró que ciertamente la masacre fue vilmente preparada por los organismos de seguridad del Estado durante el período del gobierno adeco de Jaime Lusinchi.
En la audiencia fueron acusados los ex funcionarios de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip): Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega.
Navas Nieves indicó que la declaración de Sánchez Paz, sienta un precedente no sólo en la historia de Venezuela sino en todos los países suramericanos donde se reprodujo la persecución, tortura y desaparición de dirigentes de izquierda, contrarios a la doctrina de derecha que predominaban en los gobiernos que mandaron durante los años 60 y 70.
“Dictaduras que ocurrieron en el cono sur: Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay donde se dieron estos procesos ningún general había reconocido su participación y menos que haya delatado en sus declaraciones a sus participantes en estos crímenes. Esto demuestra que es un caso novedoso y que sin recurrir a ningún método de tortura, de atropello, sino con todo el respeto de los derechos humanos”, expresó.
Manifestó el abogado que en su momento la defensa de las víctimas de Yumare, dejaron suficientemente claro que “no se trataba de un clamor de venganza sino de justicia. La idea era dejar un precedente para que las próximas generaciones entendieran los crímenes que se cometían en la época”.
El abogado señaló que este juicio continúa, pues se encuentra en la primera fase. Además, enfatizó que insistirán en la extradición de estas personas imputadas en este hecho y capturar a las personas involucradas independientemente donde se encuentren y de las posiciones que actualmente estén ocupando.
“Para la juventud este hecho juega un papel de vital importancia en el país, porque se demuestra la diferencia de aquel entonces donde existía la cultura de la muerte, y la situación actual donde no existe este tipo de crímenes, por el contrario se ha dado la libertad a todos para que puedan expresar lo que sienten”, comentó.
El 8 de mayo de 1986, nueve venezolanos fueron asesinados por agentes de la Disip, en una zona conocida como La Vaca, en las cercanías de la población de Yumare, en el occidental estado Yaracuy. Los representantes de la policía política presentaron a las víctimas como guerrilleros y difundieron la versión de que hubo un "enfrentamiento armado”.
Sin embargo, algunos testigos de los hechos declararon que los funcionarios, dirigidos por López Sisco, torturaron y ejecutaron a Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelsón Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jimenes García, Simón José Romero Madriz y Alfredo Caicedo Castillo, a quienes una vez muertos les colocaron uniformes militares, y por ello la ropa no presentaba perforaciones, pese a que algunas víctimas recibieron disparos de bala en la zona dorsal.
El general Sánchez Paz, primer condenado por la masacre de Yumare, ya está cumpliendo su sentencia, dijo el abogado de la víctimas, mientras el juicio continúa para determinar las responsabilidades de al menos 53 implicados más.
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