Exxon, Creole y Shell pidieron la nacionalización del petróleo

Werther Sandoval
2 enero, 2026

Muy alejadas y en clara contradicción con la reciente exigencia manifestada por Donald Trump donde afirma que Venezuela debe regresarle derechos y activos petroleros; desde comienzos de la década de los 70, las compañías petroleras estadounidenses y europeas: Exxon, Creole y Shell, presionaron y pidieron públicamente que sus concesiones para trabajar en el país y los activos de sus industrias pasaran a manos, fueran devueltos, nacionalizados por el Estado venezolano.

Trump declaró el pasado 17 de diciembre que “Nos lo quitaron porque teníamos un presidente que tal vez no estaba prestando atención. Pero no van a volver a hacerlo. Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros; teníamos mucho petróleo allí. Como saben, echaron a nuestras compañías, y lo queremos de vuelta”.

Y de seguidas y en coro Stephen Miller, subjefe de personal de Trump, comparó la medida de Venezuela para nacionalizar su industria petrolera con un robo. “El sudor, el ingenio y la labor estadounidenses crearon la industria petrolera en Venezuela”, escribió en redes sociales.

“Su expropiación tiránica fue el mayor robo registrado de riqueza y propiedad estadounidense. Posteriormente, estos activos saqueados se utilizaron para financiar el terrorismo e inundar nuestras calles con asesinos, mercenarios y drogas”.

Pero la historia es otra. El profesor ucevista Carlos Mandoza Potellá, quien tuvo la suerte de acompañar en sus investigaciones al fundador de la Opep, Juan Pablo Pérez Alfonzo, narra con frecuencia cómo las transnacionales petroleras Creole y Exxon estaban “interesadísimas” en que los gobiernos de Rafael Caldera (1969-1974) y Carlos Andrés Pérez (1974-1979) nacionalizaran la industria petrolera, algo inconcebible en el péndulo de poder de la Guerra Fría.

“En Venezuela, amparado entonces en la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión aprobada en 1971, el país se preparaba para una reversión total de las concesiones a partir de 1983, cuando vencía el 80% de las mismas”, narra Potellá.

De inmediato destaca que la estrategia de las corporaciones no permitía esa espera, de suyo onerosa, pues la Ley las obligaba a cumplir hasta el final de las concesiones con el mantenimiento operativo de los yacimientos, de los cuales ellas eran titulares.

Explica que fue así como entre septiembre de 1972 y el mismo mes de 1973 se produjeron declaraciones sucesivas de dos presidentes de la Compañía Shell de Venezuela (J.J. de Liefde y Kenneth Wetherell) y el de la Creole Petroleum Corporation (Robert N. Dolph), en las cuales manifiestan la disposición de sus respectivas casas matrices a un adelanto de la reversión.

De seguidas, en 1974 visitan al país los máximos dirigentes de los consorcios Royal Dutch Shell (Gerrit A. Wagner) y Exxon Corp. (su vicepresidente, el venezolano Siro Vásquez) para expresar su avenimiento a una nacionalización negociada.

Potellá detalla que se trataba de una fórmula precautelativa del capital internacional, ensayada desde los años 60 con el proceso de “venezolanización de la gerencia” y coronada con precisión en agosto de 1975, cuatro meses antes la promulgación de la Ley que Reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos.

“Y así, en agosto de 1975, las mismas concesionarias designaron de su seno a quienes asumieron, el primero de enero de 1976, la gerencia petrolera venezolana: el entonces presidente de la Compañía Shell de Venezuela se convirtió en presidente de la “Operadora Nacionalizada” Maraven. El vicepresidente de la Creole Petroleum Corporation, filial venezolana de la Standard Oil-Exxon se transmutó en presidente de Lagoven, otra “operadora nacionalizada”.

El mismo esquema se repitió once veces con los gerentes de las demás filiales transnacionales, travestidos en gerentes de empresas estatales, un tipo de empresa que ellos habían enfrentado y ridiculizado durante décadas.

Y lejos de “quitarles sus derechos petroleros”, como afirma Trump, cada una de esas nuevas operadoras pasó a contar, de acuerdo con el avenimiento, con un contrato de asistencia técnica que les garantizaba la presencia de su antigua casa matriz en todos los negocios futuros: cambio de patrón de refinación, desarrollo de la Faja del Orinoco, proyectos gasíferos costa afuera, control de siniestros, suministro de equipos, aditivos, partes y piezas.

Es decir, las transnacionales se fueron, pero se quedaron con todos sus “derechos”: contratos de asistencia técnica, sus equipos directivos y prácticas de cultura política corporativa, dentro de las cuales ocupaba especial atención el ejercicio del lobby y la manipulación de la opinión pública contra los líderes políticos que no acataran sus designios.